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El Parlamento andaluz aprueba una propuesta de IU para la eliminación de amianto en tuberías de agua
La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley (PNL) de IULV-CA en la que se insta a la Consejería del ramo a llevar a cabo una auditoría sobre la cantidad y situación de las conducciones de agua potable de fibrocemento (amianto) existentes en las redes de agua potable de la comunidad autónoma.
Asimismo, se ha aprobado la elaboración y aprobación de un plan de eliminación de las conducciones de agua potable de fibrocemento en Andalucía “en el que colaborarán diputaciones, comunidad autónoma y los propios ayuntamientos, en función de sus competencias”.
La comisión ha aprobado “establecer un horizonte temporal” a partir del cual estarán totalmente prohibida la existencia de este tipo de redes “perjudiciales” para la salud de usuarios y consumidores de agua potable y para los propios trabajadores que tienen que manipular y reparar este tipo de instalaciones, ha explicado el diputado de IU José Antonio Castro.
La federación de izquierdas ha reiterado que a pesar de la prohibición total, en Andalucía y España “quedan millones de toneladas de amianto que suponen riesgo para la salud”. El Servicio Nacional de Salud ha estimado en un 83 por ciento el remonte de enfermedades cancerígenas relacionadas con la inhalación y gestión de amianto.
Castro, durante su intervención, ha explicado que los primeros estudios concluyentes que realizó Europa sobre los perjuicios para la salud del fibrocemento, mezcla de cemento y amianto, se remontan a 1977.
La directiva europea 2003/18/CE prohíbe sus usos y comercialización y se marca su sustitución por otros materiales dada su potencial peligrosidad en el tiempo. Debido a lo extendido de su uso, en el Real Decreto 396/2006 se establecen estrictas medidas de seguridad aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. En marzo del 2013 el Parlamento Europeo aprobó una resolución que alertaba no sólo de la prohibición, sino también del desmontaje de dichas redes de agua.
IU presentará iniciativas a este respecto en todos los ayuntamientos y “esperamos --enfatiza Castro--, sin sorpresas, que todas las instituciones públicas, según sus competencias, cumplan la legislación aprobada tanto por Europa como por el propio Gobierno”
