La guerra sindical se le atraganta en Sevilla a Ayesa, unas de las compañías de ingeniería de referencia en el mundo
Cuando en 2011 Ayesa compró Sadiel -la venta se formalizó el 16 de mayo de 2011 y pasó a ser Ayesa AT- se llevó consigo un conflicto sindical que ya le había estallado a la Junta de Andalucía cuando poseía la empresa, pero que más de cinco años después continúa enquistado. Esta semana puede decantarse hacia un lado u otro: el 23 de noviembre son las elecciones sindicales para renovar un comité de empresa controlado por Coordinadora Sindical de Clase (CSC), con 12 delegados, mientras que siete son de UGT y cuatro de CCOO. Todos se vuelven a presentar.
Circunscrito a su centro en Sevilla, con más de 1.200 de los 3.800 trabajadores del grupo, esta pugna ha estado marcada por episodios como el despido del presidente del comité de empresa después de ganar un caso de vulneración de los derechos fundamentales y contra la libertad sindical; la Inspección del Trabajo aconsejando una encuesta de riesgos psicosociales en la plantilla; el único plan de igualdad tumbado por los tribunales en España... Todo ello en la empresa de un grupo con presencia en más de 50 países y que está en el top de las 100 mejores ingenierías del mundo (Top 225 International Design Firms 2017).
Precisamente, esta semana también hay otra cita clave en este historial de conflictividad en una firma participada en un 22% por la Junta de Andalucía: juicio en la Audiencia Nacional tras la denuncia de la dirección contra el comité de empresa de Sevilla y contra los tres delegados de CSC en Madrid -que es el otro centro controlado por este sindicato, dado que el de Barcelona está en manos de UGT- porque no se quieren sentar a negociar el plan de igualdad.
Hay que recordar que todas las empresas de más de 250 trabajadores están obligadas a tener uno, y cobra especial importancia en una donde la plantilla se reparte entre un 30% de mujeres y un 70% de hombres. Sin embargo, el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia del 9 de mayo de 2017 confirmaba la nulidad del plan de igualdad con el que Ayesa AT quería renovar el que le caducó en 2014. “La empresa incumplió con la obligación de negociar que le imponían la ley y el convenio colectivo”, falla el TS. La dirección alega que los representantes de los trabajadores no se quieren sentar a negociar. Éstos, que no pueden hacerlo mientras haya “represión sindical” y su presidente “siga despedido”. La situación, pues, es de bloqueo y ha llevado a este juicio fijado para el 22 de noviembre, una vez más en la línea de la judicialización como rutina en una de las empresas más punteras de Andalucía.
Desde la empresa subrayan sobre este tema: “Ayesa AT quiere promover la negociación de un nuevo plan de igualdad que mejore las condiciones de sus trabajadores previstas en el actual. Debe ser tratado en un proceso de negociación con la representación de los trabajadores. Ayesa AT ha intentado sin éxito la constitución de la mesa de negociación ya que la representación de los trabajadores se niega a constituirla formalmente”.
El momento determinante
El comité de empresa insiste en que no lo hacen por el despido de su presidente, Francisco Barjas Fernández (CSC), hace un par de años, por motivos disciplinarios. Aseguran que la empresa no le perdonó su “deslealtad” por enviar a los grupos parlamentarios y a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, un escrito aprobado en asamblea de trabajadores, donde se hablaba de las prácticas de “represión sindical”. Este despido está pendiente todavía de sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla.
La tensión entre el presidente del comité de empresa y la dirección venía de lejos, porque su despido se produjo poco después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en una sentencia de abril de 2015, determinara que Francisco Barjas Fernández, contra el que la empresa alegó su bajada de productividad, fue objeto de “vulneración de derechos fundamentales y contra la libertad sindical”. Con ello, el TSJA estimaba parcialmente el recurso que el afectado presentó contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, que lo había rechazado.
Pero la tensión no sólo se vive entre dirección y comité de empresa, sino que se extiende a las secciones sindicales entre sí y dentro incluso de los propios sindicatos. Prueba de esto último es que la Comisión de Garantías Confederal de UGT tuvo que pronunciarse sobre la denuncia de la secretaria general de la Federación de Consumo y Movilidad (Fesmc) de Sevilla, Pilar Fernández Rufo, contra el afiliado Ramón Gil Angulo, a su vez responsable de Recursos Humanos en la empresa por “problemas de confianza de los trabajadores” por esta doble condición. Entre otras cosas fue “instructor de dos expedientes” que terminaron con sanción para delegados de UGT.
La Comisión de Garantías Confederal de UGT lo archivó por “defectos de forma” y porque no apreció vulneración de sus estatutos, pero lo cierto es que la denuncia generó dudas sobre la imparcialidad de la sección sindical en torno a la defensa del derecho de los trabajadores frente a la dirección, por el papel del responsable de RRHH y a su vez hombre clave en las candidaturas de esta organización. Que era precisamente lo que Pilar Fernández Rufo quería evitar.
Éste es el panorama con el que tres candidaturas se someten a las urnas este jueves. Desde CSC sostienen que la constante estos últimos años ha sido por parte de la dirección “la negación de los derechos de los trabajadores y de sus representantes y la represión contra la plantilla”. Dicen que la dirección no quiere que el comité de empresa “y el único sindicato que no controla” desempeñe sus funciones. En su opinión, la empresa hace todo lo posible con “candidaturas amarillas (CCOO-UGT)” y mediante “mentiras e infamias” contra CSC, con comunicados por ejemplo para el Ayuntamiento de Sevilla. “Con nosotros, los trabajadores tienen el compromiso de que no vamos a firmar nada que suponga reducción de sus derechos laborales y por eso la empresa no nos quiere de interlocutores”, remarcan desde CSC.
UGT y CCOO les acusan, por su parte, de haber convertido el comité de empresa en su “cortijo”. Eso sí, los expedientes disciplinarios no han sido sólo contra delegados de CSC. En 2014 se abrieron a tres de UGT por distribuir a través del correo electrónico usado para la acción sindical una entrevista a José Luis Manzanares, presidente del grupo, con comentarios “injuriosos y ofensivos” según la empresa, que estimó que eso excedía la libertad sindical.
El Parlamento de Andalucía no es ajeno a la situación, enrarecida más si cabe por la proximidad de las elecciones sindicales. Hay que recordar que la Junta de Andalucía, además de ser uno de sus principales clientes, sigue como accionista minoritaria de Ayesa AT, desde que en 2011 le vendió la empresa pública Sadiel, por cuyo organigrama pasaron conocidos cargos del PSOE.
La vertiente política
La última vez que el tema se ha abordado en la cámara ha sido con una proposición no de ley (PNL) de Podemos, que apoyó IU, para que la Junta de Andalucía interviniera contra “la vulneración de los derechos de los trabajadores”. PSOE, PP y C's la tumbaron, básicamente por entender que la resolución de estos conflictos corresponde a la negociación entre las partes y, si acaso, a los tribunales. Hablan de “problema sindical, no laboral”.
El diputado de Podemos Jesús Rodríguez cree que hay motivos de sobra para ello. Pone ejemplos como que es una empresa “con cinco sentencias que declaran nulos despidos de mujeres o bien embarazadas o bien recién paridas”. O el caso de la encuesta de riesgos psicosociales que sugirió la Inspección del Trabajo. “¡Menuda dirección de psicópatas tiene que haber ahí dentro para que la Inspección de Trabajo inste a una empresa a hacer una encuesta de riesgos psicosociales!”, dice, convencido de que no se puede permanecer ajeno porque hay “dinero público”, tanto en las acciones como en las adjudicaciones de proyectos.
José Antonio Castro, diputado de IU, ha llegado a decir en pleno que “la dirección plantea una política laboral de kale borroka”. Opina que se vive “un deterioro progresivo de la empresa” a la hora de cumplir su objetivo de vertebrar el tejido productivo de Andalucía. “El Gobierno de Andalucía tiene la obligación de intervenir en un conflicto laboral de este nivel”. Cita el Estatuto de Autonomía: “Los poderes públicos velarán por los derechos laborales y sindicales de los trabajadores”.
Paradójicamente, todo esto ocurre en un buen momento para la empresa, que entre 2011 y 2013 vivió un momento duro para la plantilla. Pasó de 1.416 trabajadores a 1.238, mientras que en el mismo periodo el personal de contratas se redujo de 255 a 58 personas. No ha habido ningún expediente de regulación de empleo (ERE) en Ayesa AT los últimos años, pero los tres sindicatos coinciden en hablar de los despidos a cuentagotas que no han cesado.
Sin embargo, en 2016 el grupo cerró con buenos números, con un crecimiento del 3,5% especialmente por inversiones en el extranjero, con contratos tan importantes como la nueva terminal del aeropuerto de la Ciudad de México, una línea del Metro de Mumbai o el Hospital del Niño del Panamá como los proyectos más importantes.
