Despiden a una abogada en el Ayuntamiento de Barbate tras su baja maternal y vuelven a convocar su puesto
Ana María Muñoz trabajaba como abogada del Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Barbate (Cádiz). Comenzó el 1 de septiembre de 2011 y finalizó abruptamente el 31 de enero de 2016. Sus problemas comenzaron en mayo de 2015. Estaba embarazada de 5 meses y había acudido a urgencias en varias ocasiones por notar contracciones anticipadas.
El 4 de junio de 2015 la doctora le dio la baja por amenaza de aborto, una circunstancia que comunicó al Ayuntamiento al día siguiente. La baja se mantendría hasta dar a luz el 23 de septiembre. Posteriormente, disfrutó de su permiso de maternidad, que terminaba el 12 de enero de 2016. Había solicitado sus horas de lactancia pero al no obtener respuesta positiva del Ayuntamiento, se reincorporó el 13 de enero de 2016, a la espera de la correspondiente concesión.
La sorpresa más inesperada y dolorosa llegaría entonces. El 29 de enero de 2016 recibía un escrito firmado por el alcalde, Miguel Molina (PA), en el que se le comunicaba la extinción del contrato alegando que era de sustitución de otra trabajadora que se reincorporaba el 1 de febrero.
Ahí comenzó lo que Ana considera “una pesadilla”, según confiesa, y que se mantiene hasta la actualidad. “Durante mi baja por riesgo en el embarazo, el Ayuntamiento había llevado a cabo una modificación de mi contrato para limitar mis derechos adquiridos como personal indefinido y ponerle fecha de terminación convirtiéndome en personal temporal, teniendo cobertura así para extinguir mi contrato cuando se reincorporara la trabajadora que en principio sustituía”, explica.
“Estuvieron varios meses diciéndome que iban a estudiar mi caso, hasta me presenté a una oferta de empleo de la empresa pública Innobar en la que en la entrevista personal el alcalde fue la persona que menos puntuación me dio con diferencia del resto de la mesa de contratación”, relata la letrada.
En los meses siguientes se solicitaron varios abogados por parte del Ayuntamiento al Inem donde lo que primaba era la antigüedad como demandante de empleo. Eso dejaba a Ana en último puesto en todas las ofertas. “Se solicitó un abogado en materia de disciplina urbanística justo antes de extinguir mi contrato. Vamos, que estaban ofertando mi puesto antes de despedirme”, denuncia.
Posteriormente se produjeron varios desencuentros más que ella interpreta como un deseo por mantenerla “alejada de mi puesto de trabajo”. “Después del despido fui seleccionada para un contrato de seis meses y acudí al departamento de recursos humanos, pero me dijeron después que las razones de necesidad de incorporar a alguien ya no existían. Posteriormente contrataron a otra abogada, pero esta vez fue por un contrato de consultoría. No sé porque cambiaron la forma de contratación justo después de rechazarme”.
Un despido improcedente
El 5 de diciembre de 2016 tuvo lugar la vista del pleito por despido, tras varios aplazamientos. Sólo dos día después se dictó la sentencia, en la que el juez reconoció la improcedencia del mismo. En la sentencia se decía que Ana trabajaba en el Ayuntamiento de Barbate desde septiembre de 2011 y que no existía contrato desde julio de 2014, siendo las posteriores comunicaciones al SEPE de dudosa legalidad, puesto que no se amparaban en ningún documento.
El Ayuntamiento tenía la opción de readmitirla o indemnizarla. Ana creía que iba a ser admitida por la falta de abogados en el Ayuntamiento que se había manifestado en varias ocasiones. Sin embargo, el Consistorio optó por la indemnización.
Ana pelea ahora para lograr la nulidad de su despido y ser readmitida. Está a la espera de la contestación del recurso por parte del Tribunal Superior de Justicia, algo que puede producirse en los primeros meses de 2018. “Hay sentencias del Tribunal Supremo que dicen que si hay un despido improcedente en periodo de lactancia debe declararse nulo”, afirma la abogada.
Lo más curioso es que, mientras espera si procede la nulidad de su despido, ha sido seleccionada para un plan de mayores de 30 del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía. Serán un máximo de seis meses trabajando, precisamente, en el Ayuntamiento pero sin que el consistorio barbateño tenga nada que ver en su contratación.
No ha contado con mucha ayuda sindical dentro del Ayuntamiento, pero el USTEA (Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía) sí muestra su respaldo: “Exigimos que se explique cómo es posible que después de despedirla a ella se readmitan a doce personas más que fueron despedidas como Ana María, sin tener que acudir al Juzgado; y que se contraten cuatro abogados, que era el puesto que Ana María desempeñaba”.
La versión del Ayuntamiento
En una nota de prensa emitida por el Consistorio barbateño afirma que en la sentencia se expone que la causa de la nulidad del despido solicitada por Ana María Muñoz no puede ser estimada “por cuanto en ningún caso se aprecia que la Corporación Local discrimine a las trabajadoras por el mero hecho de quedar embarazada, dar a luz o disfrutar de periodos de maternidad o lactancia; valga como ejemplo el propio caso de la asesora a quien sustituía”.
El alcalde, Miguel Molina, se queja de las acusaciones realizadas por la abogada y subraya que “la señora Ana Muñoz se encontraba prestando sus servicios mediante un contrato en sustitución, casualmente de una baja maternal de una compañera asesora jurídica y titular de la plaza en el departamento de Disciplina Urbanística. Una vez se incorporó la titular de la plaza, automáticamente se extinguió su contrato de sustitución”.
