El CGPJ consulta a Alaya por la acusación del PSOE-A de insinuar una financiación ilegal
La pelota vuelve al tejado de Alaya. El PSOE-A elevó hace mes y medio una queja a los superiores de la jueza (el Consejo General del Poder Judicial) porque entiende que en su interrogatorio a Teodoro Montes, antiguo jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional (FPO) de la Junta en Sevilla, Alaya “intentó vincular sin fundamento alguno” el caso del presunto fraude con los fondos de formación a una supuesta financiación del partido.
El CGPJ ha consultado esta semana a la jueza por esta cuestión que plantean los socialistas, solicitando un informe al respecto antes de tomar alguna decisión, informan fuentes del órgano de gobierno de los jueces. En la queja elevada al Poder Judicial, los socialistas andaluces denunciaban que en el sumario del caso de los cursos de formación “no figura ninguna denuncia ni tan siquiera una alusión a esta presunta financiación, salvo la que la jueza desliza en su pregunta al testigo Teodoro Montes, que en su respuesta dijo que no podía contestar dicha pregunta”.
Alaya preguntó al extrabajador de la Junta, que denunció “graves irregularidades” en la concesión de cursos y que es ahora testigo protegido, si la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe) “financiaba al PSOE con cargo a los fondos que recibía” de la Administración. Al tener conocimiento de aquella pregunta a través de los medios, el PSOE-A emitió rápidamente un comunicado en el que decía que el interrogatorio de la jueza “encierra una insinuación carente de todo fundamento y acarrea un daño grave e injustificado a la reputación e imagen pública del partido”. El partido expuso que esa cuestión de la jueza da a entender que se desarrolla una investigación sobre financiación ilegal del PSOE-A “que no existe”.
El testigo Montes vertió duras acusaciones contra el reparto de subvenciones por parte de la Junta durante cinco días de declaraciones ante Alaya. El exjefe del departamento de gestión de FPO reconoció en sus últimas intervenciones ante la jueza un par de aspectos importantes: que otro juez le imputó por falsedad en relación con un curso de formación y que fue el propio juzgado dirigido por Alaya el que le instó a denunciar los hechos en la La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
