La jueza de los ERE también declara a Caixabank responsable de una fianza de 1,33 millones
Caixabank también tiene que rendir cuentas con la jueza Alaya en el caso de los ERE. En este caso, como responsable civil subisidiaria de una fianza de 1,33 millones de euros impuesta a un ex jefe de zona de la entidad, Gerardo de la Cruz, quien habría adelantado dinero entre 2003 y 2005 a una decena de empresas de la Sierra Norte de Sevilla “como un sistema para defraudar fondos públicos y a la vez para financiar las ayudas concedidas fuera de cobertura presupuestaria”.
El auto incide en que este Jefe de Zona de Constantina (Sevilla) de la Caja San Fernando de Sevilla y Jerez, reconvertida en Cajasol (actual CaixaBank), tuvo “indiciario conocimiento” esos años de que las reducciones de concesión de las ayudas acaecieron de defectos insubsanables o de que finalmente las ayudas no se pagaran. La jueza tiene en cuenta también el número de endosos realizados por parte de las empresas y las “ganancias obtenidas” por el imputado en su labor comercial, “y sobre todo por la entidad bancaria por los numerosos prestamos concedidos”, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de Caixabank.
Alaya, antes de dejarle en libertad provisional con cargos de malversación y tráfico de influencias (fue uno de los arrestados en la segunda fase de la Operación Heracles), le recuerda en el auto de medidas cautelares que “participó activamente en la elaboración de endosos a dicha entidad (Caixabank) de las subvenciones resueltas”. A través de este sistema, “los beneficiarios obtenían el pago del importe de la referida subvención a través de la entidad financiera antes de que la Junta de Andalucía procediese al pago de la misma o incluso se formalizara el convenio entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social e IDEA”.
La jueza entiende que “las subvenciones se concedían de forma contraria a la Ley, sin solicitud, sin justificación documental, sin resolución motivada y muchas de ellas sin conocimiento de IDEA”, por lo que considera equilibrado, a tenor de las cantidades abonadas, que el imputado responda con una fianza civil de un millón de euros más el tercio legal correspondiente, hasta el montante final de 1.333.000 euros a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias.
