Carmen Castilla indica que UGT-A cobraba un porcentaje “legal” en gastos estructurales por subvención

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha indicado que existía por cada una de las subvenciones concedidas por la Junta un porcentaje que se imputaba en concepto de “gastos estructurales” y que eran porcentajes “totalmente legales”.

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Castilla ha explicado que hay una normativa de 2009 por la que la Junta “permitía imputar gastos estructurales, como uso de aulas, y era algo legal”, de manera que “ahora habrá que ver cada tipo de subvención, el tipo de porcentaje que se estaba imputando como gastos estructurales y cada justificación en cada momento”.

Así, tras conocer las declaraciones de un funcionario del departamento de Formación de la Junta ante la jueza Mercedes Alaya, ha indicado que “en cada convocatoria de cada subvención aparecía un porcentaje del total del importante de la subvencion, porcentaje que era totalmente legal; esto es, imputar esos costes estructurales es legal y esta en la norma”.

Asimismo, ha indicado que la documentación que se pide en ese sentido “la solicita la defensa de Federico Fresneda, que estuvo en la Ejecutiva con Manuel Pastrana”.

La secretaria general de UGT-A ha insistido en que el sindicato “no se financió irregularmente” y ha recordado que el caso de las presuntas facturas falsas “está por demostrar, pues estamos en diligencias previas”, tras lo que ha apelado a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contempla la presunción de inocencia.

“No existe financiación irregular que hayamos constatado hasta la fecha, no se han utilizado facturas falsas, no ha habido contabilidad B ni enriquecimiento personal; nadie tiene cuentas en Luxemburgo ni en otros paraísos fiscales”, ha añadido Castilla, quien apunta que el sindicato está a la espera de acontecimientos, toda vez que “es el juez del Juzgado número 9 el que tiene la potestad para decidir si imputa a Francisco Fernández y Manuel Pastrana”.

Castilla, quien lamenta que “cada vez que sale una noticia sobre UGT y sus trabajadores en el ámbito judicial se paraliza todo y no se habla de nada más”, ha expresado su “total respeto” a la Justicia, ha dejado claro que “si se demuestra con la investigación que alguien ha hecho algo ilícito lo pagará en los tribunales y también tendrá un pago político; hay firmeza y contundencia”.

No obstante, ha indicado que “si mañana se imputa a Pastrana o Fernández Sevilla no significa absolutamente nada”. En ese punto, tras asegurar que no pone la mano en el fuego “por nadie, ni por familiares”, ha indicado que no estaba en la Ejecutiva de Pastrana, pero asevera que no desconfía de la gestión de sus antecesores “pero todo se investigando en los tribunales”, tras lo que duda de encontrarse elementos “sorpresivos”, toda vez que “no ha habido enriquecimiento personal”.

“No me he encontrado con nada raro ni en la Ejecutiva de Paco Fernández ni desde que yo soy secretaria general; en ningún caso se ha hablado de bote ni de 'rappels', y la primera vez que lo escuchó la actual Ejecutiva ha sido en el sumario y por la prensa”, ha añadido la líder sindical, quien también lamenta que el sindicato “se está enterando de la marcha de actuaciones judiciales por la prensa, por lo que se pueden generar juicios paralelos que para nada salvaguardan el derecho a la presunción de inocencia”.

Por otro lado, Castilla ha coincidido con el secretario general de UGT, Cándido Méndez, al considerar que si finalmente el juez llama a Fernández Sevilla y Pastrana a declarar “tendrán una oportunidad de oro para explicarse y contar cómo se hacían las cosas en el sindicato”.

PALABRAS DE TEODORO MONTES

Asimismo, Castilla ha dicho no tener constancia sobre posibles comisiones de hasta el 20 por ciento que, según Teodoro Montes, antiguo jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía en Sevilla que denunció las “graves” irregularidades existentes en la concesión de cursos de formación y que ha declarado este martes ante la juez Mercedes Alaya, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos cobraban por subcontratar cursos de formación a terceros.

En este sentido, ha llamado la atención sobre otra parte de la declaración de Montes en la que apunta a “maltratos físicos y psicológicos” a discapacitados en un curso de formación en la provincia de Sevilla.

“Yo, Carmen Castilla hubiera ido al juzgado a denunciarlo. No puedo mirar para otro lado”, ha subrayado la secretaria general de UGT-A, quien ha señalado su “máximo respeto” a este colectivo.

De igual manera, ha indicado que la juez de Sevilla Mercedes Alaya, que instruye el caso, “hará las investigaciones oportunas” y ha insistido en su confianza en la Justicia, para terminar indicando que “si alguien lo ha hecho mal tendrá su repercusión legal y también política”.

Por último, Castilla, quien reconoce que el sindicato “no está en una buena situación económica” aunque asegura que “la gente se sigue afiliando al sindicato”, ha hecho hincapié en la situación de paro y crisis económica actual, donde “el sindicato es más necesario que nunca” y ha advertido sobre los casos de ENCE en Huelva, con el cierre de la celulosa que afectará a 300 trabajadores y 15 municipios, y a los trabajadores del Horno de San Buenaventura, que “llevan 80 días sin cobrar”.