El Consejo Consultivo avala el recurso de inconstitucionalidad de la Junta contra la ley de tasas judiciales
El Consejo Consultivo de Andalucía ha avalado este mediodía la decisión de la Junta de interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012, del 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, según ha podido saber el eldiario.es. El dictamen de la comisión permanente del Consultivo ha sido aprobado por mayoría pero con dos votos particulares en contra, los emitidos por los miembros del Partido Popular.
Dicho dictamen se está reformulando aún por parte de la comisión, si bien la interposición del recurso cuenta ya el aval de este órgano, que considera que el Gobierno andaluz está legitimado para promover dicho recurso ante el Tribunal Constitucional.
La Junta considera que la ‘ley de tasas de judiciales’ no comparte un concepto de justicia como servicio público que, como tal, debe garantizar la igualdad de oportunidades, denunciando que las circunstancias económicas de los ciudadanos no deben limitar el acceso al sistema.
Según el Ejecutivo andaluz, los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 de la ley de tasas vulneran el principio de igualdad y el derecho a la tutela efectiva al ampliar y generalizar el pago por el acceso a la justicia, produciendo un “efecto disuasorio” para muchos hipotéticos usuarios del sistema judicial, con una extensión del pago de tasas a todos sus ámbitos, salvo el penal y el militar.
La Junta tiene, pues, vía libre para recurrir. Pero no mucho tiempo, puesto que el plazo acaba este jueves.
Por otra parte, hoy mismo el Grupo Parlamentario Socialista ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional recurso de inconstitucionalidad contra la ‘ley de tasas judiciales’. El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, confía en que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso.
La delegación socialista ha estado acompañada por la Plataforma Justicia para Todos, que reclamó al PSOE la presentación del recurso al entender que “viola en varios pasajes el texto constitucional y degrada la administración de justicia”, según expusieron en la última reunión en el Congreso. Esta plataforma está integrada por los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, STAJ y USO, el Consejo de Consumidores y Usuarios y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
