El Pleno del Constitucional cambia su orden del día para decidir sobre el decreto antidesahucios
El Pleno del Tribunal Constitucional ha ampliado esta misma mañana el orden del día que tenía previsto. El motivo ha sido la inclusión del recurso registrado por el Gobierno central contra el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. Así lo confirmaron a eldiario.es/andalucia fuentes del TC, que explicaron que entre las resoluciones del Pleno que se reúne hoy jueves no se encontraba en principio analizar el reciente recurso del Ejecutivo contra la norma de la Junta de Andalucía.
Desde el TC apuntan que las amplicaciones del orden del día son habituales pero que “en absoluto es habitual que un recurso que se presenta un martes se vea un jueves”. El orden del día estaba cerrado antes de la interposición formal del recurso, confirmado ayer a EFE por la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, e inicialmente el TC no se iba a pronunciar hasta el mes de septiembre sobre su admisión o no a trámite y, con posterioridad, sobre el fondo del mismo. Pero, finalmente, con la citada ampliación de última hora, el Pleno “lo está viendo” y “hoy se pronunciará al respecto”.
Las mismas fuentes añadieron que suele ser normal que el Gobierno, en sus recursos, invoque el Artículo 161.2 de la Constitución Española, lo que provocaría “directamente” la suspensión de la norma durante máximo cinco meses, si bien se podría levantar previamente. Concretamente, dicho artículo señala que “el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.
Fuentes de la Consejería indicaron al respecto que siguen trabajando “con normalidad” en los expedientes ya en marcha para evitar desalojos de familias sin recursos, así como en la inspección del parque de viviendas para detectar inmuebles vacíos y en la solicitud a los bancos de las VPO que poseen. “Hoy el decreto sigue plenamente vigente en tanto en cuanto no tengamos notificación alguna”, concluyeron. De hecho, también ayer, Fomento y Vivienda iniciaba la expropiación del uso de dos inmuebles en Málaga para evitar sendos desahucios de personas en riesgo de exclusión social.
Ánimo colaborador en los bancos
Tal y como había adelantado la vicepresidenta del Gobierno tras el Consejo de Ministros del pasado 28 de junio, el Ejecutivo registró el recurso finalmente este pasado martes. Ayer mismo, justo un día después, la impulsora del decreto, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés, defendía en Bruselas, durante una reunión con representantes del departamento de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, que el decreto andaluz se ajusta a la Constitución española y es un “antídoto” contra la especulación que ha provocado la crisis económica actual.
También ayer, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo insistían en que dicho decreto, que prevé la expropiación temporal de viviendas a la banca, tendrá un “impacto negativo” en la estabilidad financiera en España y en la actividad del 'banco malo' que gestiona los activos inmobiliarios (Sareb).
IU, por su parte, ha llamado a la movilización mañana viernes a las 12 horas en las subdelegaciones del Gobierno de cada provincia, protesta que se acompañará de la recogida de firmas.
Desde su entrada en vigor el pasado 12 de abril se han iniciado 12 expedientes de expropiación para evitar desahucios de otras tantas viviendas embargadas por la banca. Si el decreto fuera suspendido, dichas expropiaciones no culminarían. Tampoco podrían acogerse el resto de solicitantes. También en estos casi tres meses de vida del decreto, se ha empezado a inspeccionar el parque de viviendas de Andalucía al objeto de detectar aquellas que estén vacías e incorporarlas al registro de inmuebles deshabitados, pudiendo sancionar a las personas jurídicas que los posean. Por último, se ha recabado información sobre las viviendas protegidas que los bancos tienen en sus balances. Una veintena de ellos ya han contestado y todos muestran ánimo colaborador.
