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La huelga del servicio de limpieza urbana de El Coronil cumple dos meses

La basura se ha ido acumulando hasta la intervención de Tragsa por dos veces ante el "riesgo sanitario".

Javier Ramajo

Sevilla —

La huelga indefinida en el servicio de limpieza urbana de El Coronil (Sevilla) cumple hoy dos meses. El paro lo convocó el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) por la anulación de una bolsa de empleo asociada a la recogida de residuos que se presta directamente desde el Ayuntamiento. La principal consecuencia es la cantidad de basura que se ha ido acumulando en las calles (hasta más de cien toneladas), limpiadas por dos veces por la empresa púbica Transformación Agraria (Tragsa) tras declarar la Junta 'riesgo sanitario' para los vecinos. Aun con las calles limpias, la huelga sigue. La causa de fondo, según coinciden sus vecinos, está en el reñido enfrentamiento entre el actual alcalde, el socialista Jerónimo Guerrero, y el líder jornalero y sindical Diego Cañamero, que fuera alcalde de El Coronil por IU (1987-1991, 1995-2001).

“De este tema nadie te va a hablar a la cámara”, comenta una vecina. “La gente no se atreve a decir nada”, apunta otro. “Esto es pura política” pero “qué culpa tenemos nosotros de que el pueblo se llene de mierda una vez sí y otra también”, indica un tercero. Hablan sin recato de “bandos” y tan sólo asumen con cierta resignación, en algún caso, tener que llevar sus restos a las afueras de la localidad para concentrar los puntos sucios. “Contrabando de basura”, comentan. Una huelga, estrictamente laboral para unos y claramente politizada para otros, que ha provocado un ambiente enrarezido en la localidad.

Jerónimo Guerrero espera que Tragsa asuma directamente este viernes los servicios mínimos del paro, es decir, limpieza en días alternos. El primer edil explica que la anulación de la mencionada bolsa de empleo obedece a la tasa cero de reposición de efectivos determinadas para las administraciones en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y 2013, así como a un acuerdo del Ayuntamiento por el cual los trabajadores aceptaron una reducción salarial, evitándose nuevas contrataciones que ayudaran a aliviar las sufridas arcas municipales. El regidor señala que existen fórmulas para redirigir a las personas inscritas en esta bolsa de empleo hacia otros programas de emergencia social ofrecidos por la Junta de Andalucía o la Diputación de Sevilla.

El SAT, que cuenta con unos 700 afiliados en El Coronil, no comparte en absoluto estos argumentos y alega que el alcalde ha hecho 18 contratos en los últimos seis meses con fondos municipales y que pretende cargarse una lista de 12 años de antigüedad para “devolver favores y meter a los suyos”. “¿Qué sentido tiene que se haya gastado ya 80.000 euros en recoger la basura en estos dos meses y no active la bolsa de empleo por la que hemos convocado la huelga, que le costaría 24.500 euros, ya presupuestados?”. Cañamero entiende que el dinero que provenga de otros planes de empleo sean “para todo el pueblo” y no, como propone el alcalde, para cubrir los puestos de la bolsa, que cuenta con una lista de más de 500 personas apuntadas y que lleva un año suspendida.

“Detrás de todo esto está la PSOE, Griñán, las empresas, etc. Todos contra el Sindicato y contra mi persona” por estar “contra los corruptos, contra la Duquesa de Alba, contra los recortes”. “No se puede romper una huelga por arriba, con un decreto; hay que negociar, pero no nos han llamado”. El actual secretario general del SAT y exalcalde del municipio es también conocido desde hace muchos años por sus acciones reivindicativas y por participar en diversas ocupaciones de fincas junto a Juan Manuel Sánchez Gordillo, parlamentario andaluz por IU y líder del Colectivo de Unidad de los Trabajadores-Bloque Andaluz de Izquierdas (CUT-BAI), que saltó a la palestra nacional el pasado verano con los asaltos a varios supermercados. “Lo importante aquí es que la gente sepa que esto es lo que hay”, enfatiza un instante con su interlocutor telefónico mientras atiende en el Centro Obrero Diamantino García a eldiario.es.

“Es una huelga política”, insiste el alcalde, que lamenta que los vecinos paguen los platos rotos de una “pelea entre dos bandos”, según reconocen algunos habitantes de El Coronil. “Siempre hemos considerado ilegal esta huelga, porque de los miembros del SAT ninguno es trabajador municipal” y los cuatro que hay están de baja médica “bajo amenazas y presiones” por parte de los piquetes.

“Es un castigo al pueblo” por parte de Cañamero, que “se llevó un 'palo' en las últimas elecciones” y ahora da muestra de su “soberbia e impotencia”. “Cada año tenemos un intento de golpe institucional en nuestro pueblo”, denuncia el primer edil socialista, que considera que “la única salida” a la huelga de recogida de basura “es que al SAT le dé una ataque de coherencia”. “Yo no voy a hacer nada ilegal” y “no podemos ceder ante esta presión”, concluye. Guerrero, además, lamenta la actitud de la dirección de IULV-CA, que aceptó unos términos para emprender una negociación pero el SAT “no quiere negociar”.

El líder sindical, por su parte, prepara desde su despacho del Centro Obrero una manifestación para el sábado 9 de marzo “para que la lista se active y para que no haya más enchufes”. “Hay que salir a la calle con fuerza”, comenta Cañamero.

El 11 de febrero, efectivos de Tragsa retiraron toda la basura del municipio después de que la Consejería de Salud y Binestar Social decretase en primera instancia que existía “riesgo sanitario para la salud pública” en la localidad por la acumulación de residuos. Idéntica situación se produjo este miércoles 6 de marzo, dos días después de que la Consejería volviera a declarar alerta sanitaria.

Tras la última inspección, la Junta alude al número elevado de bolsas de basura en las calles, la dispersión de la misma, la presencia de insectos, la descomposiciçon de residuos, las condiciones meteorológicas y la proximidad a lugares de población y actividad vulnerable como guardería, colegio, residencia de ancianos y establecimiento alimentarios como criterios para decretar la alerta. Salud asegura que existe “un riesgo real” para la salud de los ciudadanos y propone al equipo de inspección seguir con una “vigilancia estrecha” la evolución de las consecuencias de la huelga.

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