La Junta de Andalucía presionará a Cristóbal Montoro para que recule en su orden de recortes
El principal asunto del Consejo de Gobierno de este martes ha sido acordar “el rechazo a la política de recortes que quiere imponer el Gobierno de la Nación”, en el marco de la orden de contención el gasto que ha dado a las comunidades autónomas que han incumplido el objetivo de déficit fijado en un 0,7% del PIB (producto interior bruto) para 2015, y preparar la estrategia de cara a la reunión el viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), “convocado a instancias de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz”, y la prevista el lunes, de carácter “técnico”, entre las dos administraciones para contrastar los datos sobre el cumplimiento.
Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha cifrado en el 1,13% el déficit de Andalucía el pasado ejercicio en los datos provisionales, mientras que la comunidad autónoma sostiene que ha sido del 0,81%, por lo que rozaría el cumplimiento. De hecho, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, se ha remitido a un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal -colgado en la web del ministerio- que coloca a Andalucía y a La Rioja, junto con las cuatro que han logrado no pasar la barrera del 0,7% (Canarias, Galicia, Navarra y País Vasco) como las que no tienen que aprobar acuerdos de no disponibilidad.
Pese a ello, la Junta de Andalucía ha recibido -igual que las otras 11 comunidades autónomas que se han pasado- una carta del ministerio con un ultimátum de 15 días para que apruebe en Consejo de Gobierno un acuerdo de no disponibilidad, o sea, recortar de los gastos en sus cuentas para 2016 casi 600 millones de euros, que es lo que se habría desviado. Por eso, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha criticado este martes que, pese a que desde el Gobierno de España hayan reconocido los últimos años el esfuerzo de Andalucía por cumplir con el límite, esta vez haya “interesado trasladar otra cosa” a la opinión pública.
“Hemos hecho un esfuerzo muy importante y se nos trata con el mismo rasero”, ha censurado en referencia a dicha carta que la deja en el nivel de territorios como Cataluña o Comunidad Valenciana, que se han pasado hasta dos puntos del límite. Por ello, espera que de estas dos reuniones salga una solución porque Andalucía “no va a recortar”, como repiten sus responsables una y otra vez, declarándose en rebeldía, entre otras cosas porque entienden que van a convencer con sus cálculos a los técnicos del ministerio cuando se sienten el lunes.
Los tres objetivos para el CPFF
De momento, lo primero es el CPFF del viernes, donde el objetivo de la Junta de Andalucía será arrinconar a un Gobierno de España en funciones con su negativa, y la de otras comunidades autónomas, a hacer recortes -“porque no pueden”- y que con ello no sepa “con qué imagen” se va a poner a negociar con la Comisión Europea más margen para cumplir con los compromisos de estabilidad por parte del país. En este sentido, cuando el Gobierno de Andalucía sostiene que no va a hacer recortes lo dice con la certeza de que el ministerio va a recular porque se le están levantando muchas autonomías y, también, porque la perspectiva de nuevas elecciones generales puede deparar otro escenario.
“No vamos a permitir que atenten contra el estado de bienestar a través de unos ajustes durísimos de los que reconocemos sus motivaciones técnicas (...) y menos de un gobierno que está de salida”, ha avisado. Por ello, ha explicado que en el Consejo de Gobierno “se ha acordado no dar un paso atrás en el estado de bienestar y mucho menos a través de una orden que se ha recibido por carta”, tal y como ha recordado la consejera, quien ha insistido en que es “una agresión” a las autonomías, que “son responsables del colchón de seguridad de los ciudadanos”.
Lo que la consejera va a plantear en el CPFF es, en primer lugar, que se defina “qué políticas se blindan”, ya ha recordado que comparte “lo que ha dicho el ministro” de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, “de que no se toquen ni la educación, ni la sanidad ni los servicios sociales”, a lo que la Junta de Andalucía agrega “las pensiones y la Seguridad Social”. En segundo lugar, exigirá que “desvele qué se está negociando realmente con Bruselas” porque, pese a las palabras del ministro, sospecha que se trabaja para conseguir un mayor margen para España en el objetivo de déficit a cambio de recortes en los servicios públicos. Y en tercer lugar, más allá de insistir en que se aborde el reparto del objetivo de déficit para que “no recaiga el peso en las comunidades autónomas cuando son las que tienen la responsabilidad de estos servicios públicos”, quiere que se vaya a “las causas”, o sea, un modelo de financiación “injusto”.
Por ello, espera que Cristóbal Montoro vaya a este CPFF con “alguna propuesta” porque “si saca la artillería pesada, las comunidades autónomas le van a responder como lo han hecho hasta ahora”, con todas las negativas a recortar publicadas los últimos días. “Y con esa papeleta no sé qué piensa trasladar a Bruselas”, ha remarcado. “Cuando Cristóbal Montoro exige un acuerdo de no disponibilidad está exigiendo que se recorten 600 millones de euros de los presupuestos autonómicos aprobados hace tres meses en el Parlamento de Andalucía”, ha continuado, para exigir que el PP “no mienta” usando “eufemismos”.
Por su parte, la vicesecretaria de Organización del PP-A, Patricia Navarro, ha recordado que “la sanidad, la educación y la política social son materias intocables” y que la Junta de Andalucía “tiene mucho gasto superfluo donde ahorrar sin necesidad de tocar nada más”. En este sentido, ha instado a que el Gobierno de Susana Díaz recupere “los fondos millonarios que se han ido por las alcantarillas” de los casos ERE, Invercaria o cursos de formación para el empleo, y que, si lo hiciera, “en lugar de déficit estaríamos hablando de superávit en las cuentas públicas”.
