Diario de la jueza Servini en Andalucía: de las víctimas al muro judicial de Málaga

La relación de la magistrada con los juzgados territoriales osciló de la colaboración de Sevilla, Carmona y Marchena a la negativa de Málaga, que impidió la visita a la mayor fosa común en suelo español.

Emilio Armengod, Luis Funes, José Moreno, Juan Reinado, Cristóbal Villalba… En el diario de Servini no estaban estos nombres. Corresponden a argentinos ejecutados en España tras el alzamiento militar. El grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) de CGT ha aportado a la jueza un listado con 28 represaliados por el franquismo. Eran ciudadanos de Buenos Aires, Tucumán, Rosario, Mendoza o Mar del Plata. Pruebas de delitos contra la humanidad, adjuntadas ahora a la Querella Argentina.

Porque María Servini de Cubría fue al grano. La agenda por tierras andaluzas de la jueza, regada en principio de compromisos, quedó encogida casi hasta el origen del desplazamiento a España: la toma de declaraciones a víctimas del franquismo. Entre medias, fue recibida por la Junta de Andalucía, declinó una invitación para visitar el Parlamento regional e hizo acopio de la colaboración de hasta tres juzgados para “audiencias testimoniales”. Excepto del Juzgado Número 9 de Málaga, cuya negativa impidió a la magistrada visitar la mayor fosa común de España.

“No nos podemos adelantar”, dijo Servini sobre la condena al franquismo

Desde RMHSA su coordinador, Cecilio Gordillo, “prometió” en su declaración por videoconferencia desde el Consulado en Madrid el pasado 16 de febrero la entrega de datos sobre argentinos represaliados en Andalucía entre 1936 y 1970. La información proviene del proyecto Todos (…) los nombres y tiene su origen en trabajos de 16 historiadores e investigadores. Se trata de “una muestra de las diversas prácticas represivas practicadas por los golpistas”, dice el escrito que acompaña la relación nominal. “Los hay que fueron asesinados (fusilados)”, continúa, “condenados a penas de prisión por la justicia invertida golpista, depurados de su profesión” o “utilizados en trabajos forzados”, entre otros.

“No nos podemos adelantar”, ha dicho sobre una posible condena al franquismo la titular del Juzgado Federal Número 1 de Buenos Aires, que acoge el único proceso en el mundo para juzgar violaciones de derechos humanos cometidas en España entre el golpe de Estado y 1977. En su periplo andaluz –corrió del 21 al 27 de mayo–, Servini también sostuvo la raíz del juicio emprendido desde Argentina: “Si no creyera en la justicia universal no estaría acá”. Y contó, estos días, con la colaboración de los juzgados territoriales de Sevilla, Carmona y Marchena. “No tengo más que agradecerle a los señores jueces que se han comportado excelentemente”, sostuvo.

Tomó así “audiencias testimoniales” a varias víctimas a las que desde el principio, asegura, se les ve “el miedo” a declarar. “Tienen terror de declarar y a veces quieren omitir nombres, hechos, circunstancias que les parecen demasiado graves y no las quieren decir, les cuesta”. Pero lo hicieron. Como Antonia Parra (77 años), Francisco Nodal (87) y Francisco Marín, nonagenario que denunció el asesinato de su padre en septiembre del 36 en las tapias del cementerio de Sevilla. “Estoy muy contento por seguir luchando por mi padre”, cuenta emocionado.

“Soy sensible y había momentos en que me atragantaba y no podía hablar”. En la sede judicial sevillana le oía, además de María Servini, el Fiscal Federal argentino Ramiro González. A Paco, como se le conoce en el movimiento memorialista, le preguntaron “porqué había puesto la denuncia”. “Les dije que porque en este país no se ha hecho justicia con las víctimas del franquismo, y yo soy una víctima”, subraya.

El Juzgado de Málaga impidió a la jueza visitar la mayor fosa de España

La toma de declaración era el elemento central del trabajo judicial en España, con un recorrido que acaba esta semana en Madrid. Por el camino cayeron actividades previstas en Sevilla. Como la visita al Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo, una entrevista con el historiador Francisco Espinosa o el recibimiento institucional del presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia. También anuló Servini la observación de una fosa común con 29 asesinados localizada hace escasas fechas en el cementerio de El Madroño. El motivo, además del cúmulo de trabajo y desplazamientos, fue la falta de comunicación en tiempo y forma al juzgado de origen.

Y Málaga. El Juzgado Número 9 de la ciudad ha impedido que la magistrada realice una “inspección ocular” de la mayor fosa del franquismo en España, ubicada en el cementerio de San Rafael, y del mausoleo edificado para honrar a las víctimas que contiene los restos óseos de 2.840 republicanos, fusilados frente a las tapias del camposanto y hallados tras excavaciones en nueve fosas comunes. En una diligencia, la sala indica “que la inspección la realizará el próximo 18 de junio el propio juzgado de Málaga y remitirá un informe o acta”.

“No se entiende esta decisión, no tiene lógica”, señala el abogado de los querellantes, Máximo Castex. “La única conclusión es que falta voluntad de que esto se realice”, define sobre la decisión judicial. “Esto era sólo una visita a un sitio público con el objetivo de una visita ocular”, concluye. La jueza tenía previsto acudir al cementerio acompañada de algún historiador de la Universidad de Málaga que informaría sobre lo ocurrido en el periodo histórico que investiga.