Los primeros acusados de los ERE se escudan en la legalidad: ¿debió imputarse al Parlamento como insinuó Alaya?

“Lo conocía el Parlamento”. El exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá se lo dijo al tribunal que le juzga por el caso de los ERE en referencia al sistema de la Junta de Andalucía para la concesión de ayudas. Javier Guerrero presumió de que la partida presupuestaria para tal fin concreto “se aprobaba anualmente con las leyes de presupuestos de la Junta de Andalucía”. La jueza Alaya, cuyo intento de buscar responsabilidades también en el Parlamento fue rechazada por la Fiscalía, la Audiencia y la Intervención General del Estado, se interesó hace años por “qué pudo conocer” la comisión parlamentaria de Economía y Hacienda “sobre las irregularidades que se estaban produciendo”. Precisamente la consejera en la materia en aquellos años, Magdalena Álvarez, la primera imputada con altas responsabilidades en la Junta, allá por el verano de 2013, tendrá que explicar este lunes en el juicio cómo se usaban las transferencias de financiación para el pago de subvenciones sociolaborales en Andalucía, una utilización tachada de “indebida” durante la instrucción.

Alaya, aunque después dio un paso atrás, pidió en su momento los diarios de sesiones de los plenos de la Cámara andaluza en la que se aprobaron los presupuestos entre 2001 y 2010, y los diarios de sesiones de la citada comisión parlamentaria de aquellos años. ¿Hasta dónde quería llevar la supuesta responsabilidad penal derivada del uso de las transferencias de financiación? Varios acusados lamentan desde hace años que el “globo” de los ERE se hinchó deliberadamente, y algunos ya han expuesto en el juicio que las ayudas venían respaldadas por arriba (el Parlamento) y por abajo (los centros directivos de Empleo). José Antonio Viera, exconsejero, ha señalado que firmó el convenio marco promovido en 2001 para que el Instituto de Fomento de Andalucía asumiera la tramitación y el pago de las ayudas sociolaborales y las subvenciones a empresas por su “absoluta apariencia de legalidad”.

El Parlamento, cuando aprobaba las partidas de transferencias de financiación actuaba de forma legal ya que la naturaleza de tal figura estaba definida, y así se ratificaba año tras año en las leyes de presupuestos. Alaya realmente no ponía en duda el mecanismo presupuestario de las transferencias sino el uso que se realizó “con fines totalmente ajenos a los que estaban destinadas”, permitiendo que los fondos públicos fueran “repartidos con criterios totalmente arbitrarios”, vulnerando a su juicio las normas de concesión de subvenciones y de fiscalización de las mismas. El que fuera presidente de la comisión de los ERE, Ignacio García, también se lo dejó claro a Alaya: el Parlamento aprueba el gasto pero no el “procedimiento de ejecución”.

La supuesta confabulación o maquinación colectiva alcanzaría incluso, según la tesis planteada en primera instancia por Alaya, a la tramitación de las leyes de presupuestos en una sede parlamentaria en la que están representados varios partidos políticos. Tanto Guerrero como Viera han defendido que en ningún caso se actuó a sabiendas de cometer alguna irregularidad. “No me entra en la cabeza”, repitió el exconsejero de Empleo, que derivó responsabilidades en los escalafones inferiores, más técnicos. Barberá dijo yendo más al detalle que “las primas de las pólizas eran públicas y notorias”.

De hecho, más de uno de los investigados ha planteado durante la instrucción que actuaron de una u otra forma “en la creencia y seguridad de que, si en el programa presupuestario 31.L o en otros hubieren existido irregularidades administrativas constitutivas de delito, los distintos organismos de control tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo hubieran alertado”.

“Toda Andalucía” conocía que la Dirección General de Trabajo firmaba pólizas de renta colectivas para dar las citadas ayudas, expresó Barberá en el juicio, indicando que las memorias presupuestarias son de conocimiento parlamentario en la comisión de Empleo y, si los diputados tienen dudas, cuentan con la Oficina de Control Presupuestario en el propio Parlamento. La materialización de las ayudas se hacía a través del citado convenio marco de 2001 y los convenios particulares y el pago por parte de IFA, luego agencia IDEA.

La Orden del Ministerio

Otra coincidencia entre los tres exresponsables de Empleo que ya han declarado, además del respaldo parlamentario a las leyes presupuestarias y del desconocimiento generalizado de que se estuvieran cometiendo irregularidades, es que Guerrero, Viera y Barberá han aludido a las ayudas que concedía la Junta se podían enmarcar en la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995.

Guerrero fue más allá al decir que el sistema andaluz era “exactamente el mismo” que el que viene usando el Ministerio de Empleo desde 1995. Son “las mismas ayudas”, “la misma legislación que hay a nivel estatal” porque además, según explicó, en algunas ocasiones las ayudas se cofinanciaban entre ambas administraciones, como era el caso de la Faja Pirítica de Huelva o las ayudas a la empresa Hijos de Andrés Molina de Jaén, señaló el exdirector general de Trabajo.

Viera no entró en el detalle de si la Junta estaba amparada por la norma estatal pero sí apuntó que no conocía que, hasta que la instrucción no ha avanzado, las ayudas del Gobierno al amparo de aquella Orden se dieran sin concurrencia y publicidad, como viene insistiendo el Ministerio en informes remitidos al juzgado en diversas piezas separadas de los ERE en las que se le está pidiendo que detalle cómo se tramitaban sus ayudas.

El Ministerio asegura que el cumplimiento de la disponibilidad presupuestaria para la concesión de ayudas venía garantizado por la fiscalización previa por parte de la Intervención Delegada. Lo ciero es que en los ERE andaluces la fiscalización previa se ejecutó en el expediente de Hijos de Andrés Molina pero en el resto, tras la firma del acuerdo marco con el IFA, la comprobación fue a posteriori. Barberá explicó al tribunal que el IFA ejercía un control financiero permanente sobre las ayudas como forma de fiscalización, admitiendo que había podido salir dinero de la Junta sin ser fiscalizado. “Hay control financiero a posteriori o control por muestreo”, afirmó en el juicio. Viera, preguntado por el fiscal sobre si sabía que el convenio marco de 2001 “sustraía la fiscalización de la Intervención Delegada”, dijo que “no lo sabía” pero que “en el IFA había una fiscalización permanente”, asegurando que “la Consejería no estaba para eludir la fiscalización”.