El juez de los ERE amplía al 15 de octubre el plazo para que las partes acusen a Chaves y Griñán

Aunque el juez de refuerzo Álvaro Martín había dado de plazo hasta mediados de septiembre para que la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones presentasen sus escritos de acusación contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos procesados dentro de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE fraudulentos, dicho plazo ha sido finalmente ampliado al 15 de octubre.

En una providencia fechada el pasado día 28 de julio, el magistrado daba cuenta de que ya había recibido la documentación pendiente y daba traslado al Ministerio Público y resto de partes personadas, “a fin de que en el plazo común de 45 días naturales” formulasen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

Pero a través de una breve providencia emitida este mismo lunes y recogida por Europa Press, el juez de refuerzo Álvaro Martín expone que “dada cuenta de la complejidad de la causa, puesto que la providencia de fecha 28 de julio se notificó a través del sistema Lexnet en agosto, siendo este inhábil, el plazo para presentar el escrito de acusación comenzará a contar a partir del 1 de septiembre para el Ministerio Fiscal y todas las partes personadas”.

En el auto de procesamiento dictado el 31 de mayo, el instructor dejó en suspenso este plazo de 45 días en espera de que llegara al Juzgado distinta documental solicitada, como eran los complementos a las periciales de la Intervención General de la Administración del Estado, documental requerida a la Junta sobre el alquiler del pabellón de Italia y sobre el expediente disciplinario incoado a Juan Francisco Trujillo, exchófer de Guerrero, y sobre el informe reservado en relación a las subvenciones concedidas a las empresas de este último.

TAMBIÉN VIERA, ZARRÍAS O MARTÍNEZ AGUAYO

En un auto, el juez procesó a los expresidentes y a los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Antonio Fernández, así como a los exviceconsejeros Agustín Barberá, Justo Mañas, Gonzalo Suárez, Jesús María Rodríguez, y José Salgueiro; a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez, Lourdes Medina y Javier Aguado.

También fueron procesados el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano; el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez; los ex directores generales de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, Antonio Valverde y Jacinto Cañete, y el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río.

El instructor considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, aunque este último delito no se lo imputa ni a Chaves, ni a Zarrías ni a Magdalena Álvarez.

Así, el juez atribuye la malversación a 18 de los imputados, entre ellos Griñán, Viera, Fernández, Martínez Aguayo y Vallejo. Con el anterior Código Penal, antes de la reforma del pasado año 2015, la pena de prisión prevista para la malversación es de cuatro a ocho años.

Asimismo, el juez decidió archivar la causa contra 24 de los ex altos cargos que permanecían imputados en esta pieza, la primera de la causa cuya instrucción se concluye, entre los que destacan los exconsejeros Manuel Recio, Martín Soler y Antonio Ávila, el expresidente de El Monte José María Bueno Lidón o el presidente de Unicaja, Braulio Medel, que formó parte del consejo rector de la agencia IDEA.

Según explica el juez, fue entre 2000 y 2011 cuando “se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento que, a través de distintas modalidades, ha venido en denominarse 'procedimiento específico', cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada pero no inferior a 854.838.243 euros”.