Los ERE, a juicio: las responsabilidades políticas pueden empezar a depurarse este 2016
A punto de cumplir cinco años de instrucción este 19 de enero, varios jueces y tribunales después, el caso de los ERE puede tener el primero de sus muchos juicios este año 2016. La jueza decidió en verano dividir el caso y, posteriormente, empezar a conformar las diferentes piezas separadas, incoando diligencias previas por cada una de ellas, como se dice jurídicamente. Entre las mismas, la más destacada, aquella que se refiere al supuesto sistema por el que se concedieron en Andalucía indebidamente ayudas sociolaborales y ayudas a empresas, aquella en la que están presuntamente involucrados más de medio centenar de exaltos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Chaves y Griñán.
Cuando la jueza habla de la pieza del 'procedimiento específico' se refiere que presuntamente se pusieron en manos de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo unos fondos que separaban la concesión de las denominadas ayudas sociolaborales y ayudas a empresas, que no se sujetaban a fiscalización previa de la Intervención General y cuyos pagos sólo estaban sujetos a fiscalización con posterioridad.
Según apuntaron recientemente fuentes judiciales a Europa Press, esta pieza 'política' podría enjuiciarse durante 2016, constituyendo así el primer juicio del caso ERE. Los 52 exaltos cargos mencionados en el reciente auto de Núñez Bolaños (que han pasado en su totalidad por el juzgado sevillano, por el TSJA o por el Supremo) habrían tenido presuntamente “la participación activa y consciente en el diseño y puesta en marcha” de dicho procedimiento. El procedimiento “se inició la implantación del sistema de transferencias de financiación como sistema de ayudas a las empresas (subvenciones) por razones sociolaborales y por otros motivos diversos”.
Todo ello se verá en juicio, una vez concluya la instrucción, a priori este año ya. Por fin llegará el momento que tanto han reclamado la clase política, de todos los colores, la recurrente petición citada de corrido de “celeridad” para conocer los verdaderos del presunto fraude. Los “imputados” ahora son “investigados” pero, a día de hoy, ninguno es culpable de ningún delito, solo sospechoso de serlo. En la sala de vistas es donde se juzgarán los hechos de los que se ha estado escribiendo tanto durante los últimos años.
El sistema, según la investigación, “operaba incorrectamente” como forma de conceder subvenciones y se plasmaría posteriormente en los sucesivos presupuestos de la Junta de Andalucía, según la tesis de Núñez Bolaños, que recoge así la posición de Alaya en este sentido y que ahora retomará el nuevo juez que se encargará de continuar con la tramitación del caso, Álvaro Martín. Las diligencias previas incoadas contra las 52 personas están pendientes de los recursos y escritos que han podido presentar cualquiera de las partes desde la notificación del auto.
¿Qué pasará con los cursos de formación?
Pero la envergadura y complejidad de la causa hace imposible un diseño apriorístico de todas y cada una de las piezas. La jueza ha explicado que hay más de 150 ayudas directas a empresas o ayudas sociolaborales que están aún en fase de investigación policial. “La única posibilidad real y efectiva de ir concluyendo la instrucción es mediante la división de la misma”, apunta. En un rediseño de esa división, la jueza, además del 'procedimiento específico', aludió a las sobrecomisiones, ACYCO, Surcolor S.A. Surcolor Óptica S.A., Sayago y Rosendo y Cenforpre.
A finales de año también trascendía que, como ha pasado con el caso ERE se acordaba dividir en piezas la 'macrocausa' sobre los presuntos fraudes en la gestión de fondos públicos dirigidos a cursos de formación en Andalucía. En concreto, la jueza optaba por separar nueve piezas, amén de las que puedan ir surgiendo. Serían en principio las correspondientes a los entramados empresariales vinculados a Ángel Ojeda Aviles, Pérez González y Velazquez Sierra, por un lado, con una pieza cada uno. Por otro, piezas referidas a cuatro de los consorcios creados por la Junta de Andalucía con entes locales (CIO Mijas, Formades, Forman y CTI), junto a otra pieza que afecta a la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE) y, por último, una novena relativa al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Para todas ellas no hay previsión cierta de juicio pero quién sabe si, al estar liberada de las primeras piezas del caso ERE, la jueza Núñez Bolaños aprieta el acelerador y las diligencias previas incoadas para cada pieza siga su curso rápidamente hasta acabar la instrucción de alguna de ellas.
Son las piezas más mediáticas en Andalucía en los últimos tiempos, a las que se ha sumado el pasado año el 'caso Aznalcóllar', recientemente archivado por partida doble. Aún les queda a los denunciantes la bala de la Audiencia de Sevilla, que analiza los recursos procedentes de los juzgados de instrucción. En este 2016 se tomará una decisión definitiva, al menos en el plano judicial, sobre este asunto. Los partidos se han empeñado durante todo este 2015 en denunciar la corrupción en la política y han llevado en sus programas medidas contra los fraudes con dinero público pero, ¿qué más asuntos puede deparar el nuevo año relacionados con la corrupción poítica? El tiempo lo dirá.
