El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes presentar un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), lo que se acompaña de una serie de medidas para reducir su impacto en la comunidad autónoma, como es la reducción al mínimo de la religión en las aulas.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha justificado el recurso contra la Lomce -que también estudian otras cuatro comunidades autónomas- por “atentar contra los principios de acceso a la educación en condiciones de igualdad”,“por obligar a conciertos con centros de enseñanza que segregan por sexo” y por “desamparar a los que tienen menos recursos”, entre otras razones. Ha criticado que esta ley “haya batido todos los récords de enmiendas a la totalidad”, y ha dicho que era “una obligación institucional y moral” presentar este recurso.
Medidas para reducir el impacto de la LOMCE
También ha enumerado las propuestas de la Junta de Andalucía para paliar sus efectos en la región. De momento, ha hablado de reducir “al mínimo” el tiempo de impartición de la religión en infantil y primaria, “una vez que la Lomce la convierte en materia evaluable y por tanto corresponde a la comunidad autónoma decidir su aplicación”. De hecho, se ha encargado un informe a los servicios jurídicos para ver si posible que en lugar de hora y media a la semana como actualmente, se pase a una hora. Lo que ocurre es que esto está fijado en virtud de los acuerdos del Gobierno de la Nación con la Iglesia Católica, y la Junta de Andalucía entiende que ésta no puede decidir sobre una asignatura si cuenta en el currículo del alumno -hasta ahora no lo hacía- y por eso pretende ejercer su competencia y decidir cómo se imparte.
Paralelamente ha mencionado otras medidas para mantener un sistema que se ha tambaleado con la Lomce:
-Garantizar dos cursos seguidos con el mismo profesor para el alumnado
-No firmar conciertos con centros escolares que segregan por sexo
-Cerrar los sistemas de evaluación con la comunidad educativa
-Ofrecer alternativas para los que no superen la reválida habiendo aprobado el curso
-Mantener la asignatura de educación para la ciudadanía
-Establecer un currículo basado en formación humanista
-Blindar una escolarización equilibrada (en contraposición con la posibilidad que establece la LOMCE de escoger al alumnado).
También ha acordado impugnar la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado, lo que eleva a nueve los recursos en el TC presentados por el Gobierno de Andalucía, todos esta legislatura. El frente en el alto tribunal desde la comunidad autónoma no se detiene ahí porque hay que sumar otro recurso elevado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el que la Junta de Andalucía pretende aprobar en un próximo Consejo de Gobierno contra la Ley 9/2013 de Control de la Deuda Comercial del Sector Público.
El portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado que se eleva porque esta ley también “atenta contra los principios constitucionales”. En su opinión, en “lugar de apostar por la simplificación de trámites, lleva a la desregularización”. En concreto, esta norma de garantía de la unidad de mercados da prevalencia a los territorios de origen de los distintos operadores económicos a la hora de regularizarlos. Un ejemplo: una empresa o institución de otra comunidad autónoma que opere en Andalucía no podrá ser controlada por las normas de ésta en materia por ejemplo de calidad, sino que las competencias serían de su región de origen. “Los operadores económicos podrán así elegir cuál es su comunidad de origen, y lógicamente decidirán lo que les resulte más beneficioso”, ha expresado. Esto genera, ha dicho, “inseguridad jurídica” y “vacía de competencias a las autonomías”.
Con estos dos recursos se elevan a 22 los conflictos de competencias entre las dos administraciones abiertos en el TC, porque eran 23 pero el recurso del Gobierno de España contra el Decreto Ley para el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda ha quedado sin efecto una vez que se aprobó la ley, igualmente recurrida. De estos conflictos, 12 han sido abiertos por el PP desde 2006 (cuatro por el grupo parlamentario y ocho por el Gobierno de España), nueve por la Junta de Andalucía (todos ellos en la presente legislatura) y uno por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
