Exalcalde de Granada declara que tenía las competencias urbanísticas delegadas y lamenta la actitud de su partido

l exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP), que ha declarado este lunes en calidad de investigado ante el Juzgado que instruye el llamado caso Serrallo, ha defendido la legalidad de su gestión, subrayando que en su etapa de gobierno tenía las competencias urbanísticas delegadas, al tiempo que ha lamentado que su partido, del que está suspendido de militancia, no haya tenido “la caballerosidad” de defender “por lo menos” su presunción de inocencia.

Esto último lo ha dicho Torres Hurtado a su salida del edificio judicial de la Caleta, donde ha atendido a los periodistas tras declarar durante aproximadamente dos horas sobre su presunta implicación en la operación urbanística por la que se construyó supuestamente de forma irregular una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar en una zona verde junto al centro comercial Serrallo Plaza, un caso en el que también están investigados la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, cinco funcionarios y al menos un promotor.

El exregidor ha dicho ante la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada que tenía delegadas todas las áreas municipales, incluidas las urbanísticas, de modo que no conoce los temas de esta concejalía “en profundidad” ni “mucho menos las decisiones o discusiones técnicas que se producían” en su seno y ha puesto en duda la imparcialidad de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en este caso.

Torres Hurtado, que ha respondido a preguntas de la magistrada, la fiscal y su defensa, ha confiado en que se archiven las actuaciones contra él y que se produzca en un corto espacio de tiempo, al asegurar que no hay nada “punible” en su gestión al frente del Ayuntamiento granadino.

Igualmente ha hecho hincapié en que los expedientes urbanísticos que son sometidos a aprobación en la Junta de Gobierno Local “viene informados por los técnicos del área correspondiente” y son “visados económica y jurídicamente por el interventor y la secretaria del Ayuntamiento”, de modo que los integrantes de este órgano “lo único que hacen es ratificar la propuesta de aprobación que viene de las distintas áreas”, pero no tienen “conocimiento profundo sobre el tema”, en tanto que la “confianza está delegada” y si llega algo es porque está “perfectamente hecho”.

La titular del Juzgado de Instrucción 2 ya avanzó en el auto en el que reabrió la instrucción que decidiría, una vez que declarase Torres Hurtado, si deberán pasar por sede judicial los miembros de la Junta de Gobierno Local que apoyaron actuaciones supuestamente ilegales vinculadas al caso Serrallo.

Torres Hurtado también está siendo investigado en la llamada Operación Nazarí, por la que fue detenido junto a la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, varios funcionarios y empresarios por su supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Granada que desencadenó el cambio de signo político en esta institución local, ahora gobernada por el PSOE.

Este caso supuso su dimisión hace casi un año y llevó a la dirección nacional del partido a suspenderlo de militancia. Aunque ha afirmado que “nunca” se quitará “la gaviota de las espaldas”, sí ha reconocido que le hubiera gustado que los miembros de su partido, especialmente los de Granada, hubieran defendido su presunción de inocencia, advirtiendo de que no se puede ir “tan rápido” porque después “el daño es irreparable”, ha agregado al ser preguntado por la situación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, cuya presunción “hay que defender”, ha opinado.

“A mí no hay nadie que me pueda reparar el daño desde el punto de vista moral y personal, se me podría compensar con otra cosa, pero desde luego no hay quien me lo quite”, ha enfatizado, alegando que las informaciones que van surgiendo sobre este tema favorece que el “pueblo” haga su propio juicio y lamentando en este contexto que “sobre todo los líderes de aquí de Granada” no defendieran “por lo menos” su presunción de inocencia.

Torres Hurtado ha prestado declaración este lunes en relación a los supuestos delitos que se investigan en el caso Serrallo, que son los de prevaricación, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación, si bien su abogado, Pablo Luna, ha opinado que esta declaración se sustenta en “conjeturas” al no existir “ninguna prueba” contra su cliente.

La investigación del exalcalde de Granada en este segundo caso se produce al entender la jueza que de los informes realizados por la UDEF en el llamado 'Caso Nazarí' --en el que también está investigado-- se desprende que éste “tenía pleno conocimiento de las operaciones urbanísticas del Ayuntamiento y participaba activamente en la toma de decisiones, a pesar de la delegación de funciones en materia urbanística”.

En concreto señala la magistrada que Torres Hurtado “tenía conocimiento absoluto de la operación especulativa llevada a cabo en los Espacios Libres del Serrallo y existen indicios de su participación en ella”.

Se refiere en su argumentación a los diversos datos que han aflorado en la operación Nazarí vinculados al caso Serrallo, como la declaración del exconcejal de Urbanismo Luis Gerardo García Royo y los correos electrónicos entre García Arrabal e Isabel Nieto “relativos expresamente a esta operación urbanística”. Por todo ello, acepta la jueza la petición de la acusación popular ejercida por el partido político VOX de traer al procedimiento a Torres Hurtado.

Caso Serrallo

La jueza considera que, a tenor de los hechos investigados, en el caso Serrallo “se ha sustraído al uso público y general gran parte de un Sistema General de espacios libres con una parcelación ilegal del mismo que ha permitido unas construcciones que, ni en su volumen ni en su destino (...) se ajustan al planeamiento general”.

De hecho, lo “contravienen y no respetan la concesión ni en cuanto a su objeto exclusivo de parque infantil ni en cuanto al objeto de la concesión existente, ni en cuanto a su adjudicatario único, por lo que habría supuesto una alteración sustancial del pliego y del precio de la adjudicación del mismo”.

Además, según añade la magistrada, “a través de las ordenanzas municipales de Edificación y Uso del Suelo aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en mayo de 2013 --que han sido objeto de una propuesta de impugnación por parte de la Consejería de Agricultura , Pesca y Medio Ambiente--, se ha pretendido dar una aparente cobertura legal a los usos y construcciones autorizadas por el Ayuntamiento de Granada en el Sistema de Espacios Libres SG-11”.

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ordenó que se tasen los costes de demolición del pabellón de la sala de fiestas y del bar quiosco en el Serrallo Plaza, así como cuánto costaría devolver el suelo afectado a su estado original.

Junto a esta medida cautelar también acordó la suspensión provisional de la licencia de actividad de la discoteca y del citado quiosco, de acuerdo a la solicitud que en este sentido realizó el Ayuntamiento de Granada.