La defensa de exaltos cargos de la Junta acusa a Alaya de retener escritos en su juzgado
La instrucción del caso de los ERE se inició a finales de enero de 2011. Camino de los tres años, la jueza Alaya decía hace escaso mes y medio que "el final de la instrucción no está lejos" pero que “todavía queda un trecho de importancia capital”. Se refería la magistrada, principalmente, a “determinar el grado de participación delictiva que pudieran haber tenido algunos de los aforados señalados”. Doblemente señalados, en resoluciones de 10 de septiembre y de 22 de noviembre, los expresidentes Chaves y Griñán, y cinco exconsejeros esperan el siguiente movimiento de la jueza, que antes tiene que resolver algunas cuestiones planteadas por exaltos cargos ya oficialmente imputados en la causa. Ella también ha pedido “calma” para afrontar “la última etapa” de la investigación. Pero algunos abogados la están perdiendo.
Por ejemplo, el de los exdirectores de Presupuestos de la Junta, Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera. Sin duda, la defensa que más trabajo está dando a Alaya y la más atrevida en sus consideraciones respecto a la forma de llevar la instrucción por parte de la jueza. De acusarla de evitar intencionadamente la imputación de aforados a tachar sus formas de "inquisitoriales". Ahora le piden a la jueza que “de una vez por todas” eleve a la Audiencia Provincial los hasta ocho recursos de apelación que mantiene en su juzgado desde el pasado mes de julio.
Unas “dilaciones innecesarias” que, según el abogado José María Mohedano, están causando “una clara indefensión” para los dos exaltos cargos de la Junta. En su último escrito, el letrado pide incorporar a la causa un informe aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española, del 7 de noviembre de 2103, que avala que un mismo abogado defienda a dos imputados en una causa. El abogado mantuvo sus más y sus menos con Alaya respecto a esta cuestión pero finalmente consiguió su propósito.
Mohedano, de cualquier forma, mantiene recurridos tanto el auto en el que la jueza le prohibió defender al mismo tiempo a Lozano y Aguilera como el posterior en el que la magistrada le dio la razón aunque requiriendo al letrado para que desistiese del recurso interpuesto inicialmente. Insiste el abogado en que se ha producido un “gravamen de su derecho de defensa” porque, entre otras cuestiones, no pudo hacer preguntas en el nombre de uno de ellos al exinterventor general Manuel Gómez a finales de julio.
Vuelve a interesarse por los aforados
Esto respecto a dos exaltos cargos de la Junta. Aún quedan muchos por declarar de los imputados a finales de junio, confirmados posteriormente por la Audiencia Provincial. Algunos ya han acudido un par de veces, caso de Magdalena Álvarez, y otros podrían declarar con posterioridad, pero en otro tribunal. Son los aforados (cuando se certifique dicha condición, como ha solicitado formalmente Alaya). Una providencia, conocida la pasada semana, que choca con el mandato de la Fiscalía Anticorrupción, que a mediados de septiembre recordaba a Alaya a mediados de septiembre recordaba a Alayaque “al órgano instructor le está vedada (...) imputar o siquiera investigar de manera directa a una persona aforada, pues el conocimiento de estas ecausas corresponde a la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo”. De momento, la jueza quiere saber dónde residen. El conocido auto de la 'preimputación' aún debe resolverlo la Audiencia.
Alaya y sus “incansables”, como ella misma se calificaba recientemente junto a su equipo, tienen por delante también continuar con el estudio de informes y con el goteo de declaraciones que, casi sin solución de continuidad, tienen lugar en el juzgado. Unas con más trascendencia pública que otras pero que son igualmente parte de una causa que, recordemos, cuenta con 116 imputados.
'Intrusos', empresarios, intermediarios, sindicalistas... también son objeto de investigación más allá de que los focos se puedan centrar en el ámbito político que permitió, según la tesis de Alaya, la articulación de un sistema para defraudar dinero público. La jueza mantiene “la convicción de que al menos la mayor parte de la causa es inescindible”, pero 2014 podría ser el año en el que alguna parte del caso ERE tomara el camino de un tribunal superior.
A pesar del trabajo que conlleva, y del juez de refuerzo que apoya a Alaya, son otras causas de relevancia pública las que mantiene abiertas. La Audiencia Nacional le acaba de remitir la denuncia de Manos Limpias sobre la financiación supuestamente irregular del sindicato UGT, a sumar a la investigación bajo secreto de sumario ya en marcha sobre las facturas de la federación andaluza. Además, investiga el caso Mercasevilla y sus cinco sumarios, uno de los cuales acaba de cerrar, y la gestión del Real Betis por parte de Ruiz de Lopera, a quien por cierto ha citado la víspera de nochebuena.
