Exaltos cargos de la Junta persisten en no prestar declaración ante Alaya
El caso de los ERE sigue “avanzando” en Sevilla. La Fiscalía Anticorrupción sigue poniendo en duda que Mercedes Alaya debiera seguir instruyendo la causa en tanto en cuanto el Supremo no diga quién tiene la competencia. La jueza ha insistido en que sí, en que hasta el alto tribunal no se pronuncie, ella puede practicar nuevas diligencias. Pero los imputados que siguen siendo llamados apoyan en cierta forma que el juzgado sevillano no tiene por qué conocer sus consideraciones por las que les pregunta la jueza. Este lunes han sido cinco exaltos cargos los que se han acogido a su derecho constitucional a no prestar declaración. No es la primera ni parece que sea la última vez.
El exconsejero de Innovación Martín Soler, los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez y el exdirector general de Trabajo Francisco Guerrero, que habían sido llamados tras ampliársele la imputación en relación a las irregularidades en varias ayudas en cocreto (Avantia Ticsa, Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén), han decidido no hablar. En mayo pasado, tres de ellos ya se negaron a declarar. En junio fue Martín Soler el que no quiso comentar y al que posteriormente se le amplió la imputación. Antonio Fernández, el exconsejero de Empleo que ya estuvo en prisión varios meses, no ha acudido este lunes al juzgado por el fallecimiento de su madre, mientras que la exdirectiva de Vitalia María Vaqué tampoco ha comparecido ante la magistrada.
A tenor del calendario de las declaraciones previsto, la jueza parece tener también claro que los imputados no van a ofrecer excesivos detalles. Cada cuarto de hora estaban citados los imputados, que han ido entrando progresivamente al despacho de Alaya (el primero de ellos, con la pertinente hora y pico de retraso respecto a la hora de citación). Aparte de los exaltos cargos de la Junta, varios exdirigentes de la agencia IFA/IDEA y otros imputados ('intrusos', etc) están llamados esta semana. Más de 40 personas hasta el próximo día 1 de octubre.
El abogado de Justo Mañas ha recordado este lunes que presentó recientemente un escrito en el que pidió a la jueza que aclarara el auto en el que acordó continuar con la instrucción. El objetivo es que explique si dichas diligencias son realmente urgentes o manifiestamente necesarias, una vez que ya ha elevado la exposición razonada al Tribunal Supremo.
Por parte de Martín Soler, su defensa ha presentado un escrito en el que defiende su “completa falta de participación” en la autorización de pago de la subvención de Avantia Ticsa, concedida por la Consejería de Empleo el 15 de marzo de 2010 por importe de 450.000 euros con cargo a los fondos de la Consejería de Innovación. Su abogado, según informa Europa Press, ha explicado que el expediente se inició después de que él fuera cesado como consejero.
