Familias sin vivienda y en un callejón sin salida
Todavía muchos los casos en la provincia de Cádiz de municipios que no encuentran acomodo a personas que no cuentan con recursos para pagar una vivienda y que se ven abocados a ocupar algún piso, aunque sea en las condiciones de precariedad.
Es lo que sucede con un matrimonio en Villamartín. Él, Juan José Benítez, es lugareño y tiene 32 años. Ella, Hannah Drzonsalla, nació en Düsseldorf hace 26. Llevaban un tiempo yendo y viniendo a Alemania, con ocupaciones ocasionales. Juan José, albañil de profesión, está parado y Hannah se ocupa de sus dos hijos, de cuatro y un año y medio. Han vuelto a Villamartín y aseguran que se han visto obligados a ocupar una vivienda porque no tienen opciones de afrontar un alquiler.
Tras varias semanas en el inmueble, han recibido una notificación donde se les insta a abandonar la vivienda el viernes 26 de febrero. En el documento de la Consejería de Fomento y Vivienda se informa de la intención de recuperar un bien público de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En manos del Ayuntamiento quedará ahora la adjudicación a un demandante de vivienda.
Estas casas pertenecían a los peones camineros de la Junta y fueron devueltas a la administración autonómica. El Ayuntamiento de la localidad serrana había pedido desde hace tiempo a la Consejería la adecuación del parque de conservación y explotación de carreteras para darles un uso social y destinarlas a familias desahuciadas o con riesgo de perder sus hogares y se aceptó en 2013.
El caso es que los trámites realizados por la familia para acceder legalmente a la vivienda han caído en saco roto. Según Hannah, “nosotros hemos hecho todo lo posible para hacerlo bien, pero el Ayuntamiento no nos ha ayudado. Nos pidieron una documentación el día 15 cuando el plazo terminaba el día 16 para que no nos diera tiempo. El alcalde dice que la va a sortear entre las familias que la necesiten, pero la realidad es que esta casa llevaba seis años cerrada sin que entrara nadie. Cuando lo hicimos nosotros había hasta pájaros muertos dentro. Sólo queremos un techo para nuestros hijos. Antes sí teníamos dinero para alquilar, pero ahora es imposible”.
El alcalde de Villamartín, Juan Luis Morales (PA), responde que “nosotros no podemos sortear nada porque es propiedad de la Junta. Es verdad que la Junta nos dio la opción de adjudicarla y para ello acudiremos al registro demandante de vivienda, pero esta familia no está registrada porque no presentaron la documentación”.
Hannah no puede contener las lágrimas al imaginar el momento en el que tenga que abandonar la casa: “No es justo porque esto estaba vacío y sólo queremos un sitio donde vivir, pagando un alquiler social. En la Junta no nos dicen nada y el alcalde tampoco nos ayuda. No sabemos qué hacer”.
10 familias en Puerto Real
También es muy delicada la situación que se vive en Puerto Real. 80 kilómetros de distancia y un drama similar, aunque en este caso son 10 las familias que luchan por conseguir unas condiciones mínimas para vivir. La Corrala 'Puerto Real. Artículo 47' (en referencia al derecho a una vivienda digna) lleva desde noviembre ocupando un edificio y, por el momento, sólo se ha encontrado trabas. “La única ayuda que recibimos es de otras Corralas, que nos asesoran y nos orientan. Por lo demás, todo se queda en palabras bonitas. La policía nos acosa y nos amenaza. Nos han cortado el agua, pero seguiremos luchando”, afirma María José Prior, una de las vecinas del edificio.
Mayte Sánchez, la primera teniente de alcalde delegada de Vivienda Social del Ayuntamiento de Puerto Real (Podemos), lamenta que “nos gustaría poder hacer mucho más de lo que queremos, pero no tenemos viviendas disponibles para acoger a las familias que lo necesitan. Apoyamos a la Corrala y estamos intentando conseguir algún alquiler social, pero de momento no lo estamos logrando. No pueden tener agua porque es un servicio que va asociado a una propiedad y si va la policía es por las quejas de los vecinos”.
La Corrala convive con dos vecinos que sufrieron las consecuencias de la crisis. Empezaron a pagar la hipoteca, pero la promotora entró en quiebra y los pisos nunca llegaron a entregarse. “Hay personas que han pagado también las plazas de garaje y no pueden disfrutarlas. Ellos nos animan a que ocupemos esto para que, al menos, se le dé algún uso”, explica Prior.
El Ayuntamiento asegura que no puede hacer nada y tampoco está en manos de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), ya que todavía pertenece al promotor, que es su acreedor. Puestos en contacto con este organismo, señala que “si fuera nuestro el edificio, lo pondríamos en conocimiento de la administración. En estos casos lo que hacemos primero es denunciar por obligación legal, pero lo que buscamos sobre todo es conseguir un alquiler social. El problema es que la deuda no se ha ejecutado y no nos pertenece”.
