La fiscalía pide al TSJA que incoe diligencias contra el consejero Antonio Ramírez de Arellano por posible prevaricación y falsedad

La fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que incoe diligencias contra el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, por un presunto delito de prevaricación y otro de falsedad en documento público presuntamente cometidos cuando era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla. Mientras el PP-A, Podemos e IU han reclamado a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que tome medidas, sus socios de investidura de C's han avisado de que pedirán explicaciones si el proceso continúa, y el propio afectado ha insistido en que se respete su presunción de inocencia.

Ha sido este jueves cuando la fiscalía ha reclamado diligencias contra el consejero, que es aforado como miembro del Gobierno de Andalucía. La investigación se inició después de que la denuncia que interpuso el 27 de marzo de 2015 el Colegio de Arquitectos de Sevilla. El exvicerrector fue denunciado por la supuesta adjudicación “arbitraria”, según el citado colegio, de la redacción del proyecto del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius). El caso fue remitido al TSJA cuando se le nombró consejero y por tanto quedó como aforado.

Los hechos se remontan a septiembre de 2008, cuando la Universidad de Sevilla firmó un contrato con un estudio de arquitectura para la redacción del proyecto de obras del edificio Centrius, una construcción de 25.800 metros cuadrados presupuestada en 34 millones de euros y subvencionada con 17,7 del Gobierno de la Nación y del programa Feder de fondos europeos. El Colegio de Arquitectos de Sevilla sostiene que se adjudicó sin que existiera siquiera expediente de contratación.

En este contexto, el consejero ha manifestado:“Lo que se plantea es que no puede descartarse la posible existencia de un delito de prevaricación y no otra cuestión. Esto es importante porque significa que no ha habido nuevas informaciones aparte de la propia denuncia”. Para continuar: “Creo en la justicia, creo en la tutela judicial y en la presunción de inocencia y pido que se respeten en este caso”. Igual que ha recordado que son “numerosos” los pleitos del colegio con la Universidad de Sevilla.

Por su parte, la secretaria general del PP-A, Dolores López, ha exigido a Susana Díaz que dé “explicaciones inmediatas y contundentes” sobre la situación del consejero. Ha considerado que la presidenta “tiene que plantearse” si Antonio Ramírez de Arellano “debe seguir sentado en el Consejo de Gobierno”, al tiempo que ha recordado que el “fichaje” del exvicerrector “se hizo sabiendo lo que había”, ya que existían “denuncias previas contra él por conceder a dedo la redacción del proyecto y montar los expedientes a posteriori”.

Mientras, la portavoz adjunta de IU en el Parlamento de Andalucía, Elena Cortés, ha opinado que a Susana Díaz, “le gusta coquetear con el riesgo” por haber nombrado al consejero “cuando sabía que había sido denunciado”. En todo caso, cree que “hasta que el tribunal no se pronuncie no hay mucho que decir” sobre este asunto, pero sí ha recordado que se trata de una investigación que viene de atrás.

Entretanto, Juan Ignacio Moreno Yagüe, diputado de Podemos, ha dicho que, “respetando la presunción de inocencia”, se requieren explicaciones en el Parlamento de Andalucía al respecto de unos hechos “que nuevamente demuestran lo que parece ser forma de actuación de la Junta de Andalucía, por la acusación de prevaricación, y una mala administración de manera constante por parte de los miembros de este gobierno”.

Finalmente, desde C's han subrayado que están “seguros” de que el PSOE-A cumplirá “lo firmado” entra ambas formaciones, en relación al pacto anticorrupción, si el consejero resulta investigado. Fuentes de esta formación, en declaraciones a Europa Press, han precisado que “de momento lo que hay es una denuncia” y han recordado que el acuerdo firmado con el PSOE-A y que facilitó la investidura de Susana Díaz como presidenta implica que se apartará a cualquier imputado -ahora investigado- por corrupción política.