La Fiscalía investiga un posible fraude de 57 millones en la contratación de agentes locales de empleo
La Fiscalía Superior de Andalucía ha solicitado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) los datos de las personas y órganos responsables de la concesión de las ayudas a las Unidades Territoriales de Empleo Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), participadas por la Junta y corporaciones locales de las ocho provincias, entre 2010 y 2012.
El objetivo es investigar un posible fraude de más de 57 millones de euros en la selección y contratación de su personal. Se trata de los agentes locales de agentes locales de promoción de empleo, más conocidos como 'alpes', un colectivo de casi 800 trabajadores despedidos en septiembre de 2012 por la extinción de los consorcios que lleva varios meses solicitando su readmisión.
La cifra de 57 millones corresponde al coste del personal en los ejercicios analizados en el informe de fiscalización horizontal de la gestión de las ayudas de la Junta a dichas Utedlt, exclusivamente 2010, 2011 y 2012, si bien los consorcios llevan operando desde su creación en el año 2002. Dicha cantidad sería la destinada en su totalidad a sufragar los costes salariales de las estructuras básicas y complementarias, incentivos derivados del cumplimiento de objetivos e indemnizaciones por la extinción de los contratos.
La petición de la Fiscalía, que tiene abiertas unas diligencias de investigación penal al respecto, obedece a que dicha información no se recoge el Informe de fiscalización horizontal de la gestión de las ayudas de la Junta a dichas Utedlt. En concreto, la Cámara de Cuentas señala que “no ha sido posible obtener documentacÍón relacionada con la adecuación en la selección del personal, con la actividad desarrollada y sobre la gestión económica, así como aclarar determinados aspectos relacionados con el seguimiento de la actividad”, según consta en la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios, denunciante de los hechos.
Por ello, la Fiscalía comisiona a la Unidad Adscrita de Policía Judicial para que realice las gestiones en el SAE “al objeto de poder obtener una mas clara y exacta información del organismo responsable en cada posible supuesto de concesión de ayudas gestionadas por la Junta a las Utedlt y si se han cumplido o no la finalidad para la cual les fue concedida”.
La Cámara de Cuentas, de cualquier forma, ya advertía en sus conclusiones que “en relación con las condiciones previstas (...) para la selección, la adecuación y la contratación de los ALPEs, se ha comprobado que un 2% de las personas seleccionadas no estaban inscritas en el SAE como demandantes de empleo”. Añadía la Cámara de Cuentas, en su informe OE 3/2012 aprobado en enero, que “en los expedientes no constaba la siguiente documentación preceptiva para el procedimiento de selección: en un 48% de los expedientes, la presentación de la oferta genérica, en un 21%, que las contrataciones se hubieran realizado entre personas demandantes de empleo y en un 48%, la preceptiva convocatoria pública”. “Estas deficiencias han provocado (...) que no se pueda concluir sobre la adecuación del procedimiento seguido para la selección y contratación del citado personal”.
La Fiscalía Superior recuerda, según hace constar en el decreto de tramitación fechado el pasado 24 de junio, que los hechos recogidos en el citado informe “se pueden desprender indicios generadores de responsabilidad penal por un delito de malversación de caudales públicos, al no existir constancia de la realización de la actividad de los consorcios de dichas unidades, financiadas mediante subvención del Servicio Andaluz de Empleo”.
Según la denuncia del SAF, “el uso de caudales públicos (subvenciones) para la contratación de personal para el desempeño de funciones en entidades de derecho público sin haber mediado convocatoria pública en el 48% de los casos, como exigía su propia orden reguladora y como obliga el propio Estatuto Básico del Empleado Público y Constitución Española, ni de presentación de oferta genérica, asimismo, en el 48% de los casos, como queda acreditado en el informe de fiscalización, pudiera derivar en responsabilidades penales por parte de las autoridades o funcionarios encargados de la tramitación de las mismas”.
Se refiere la organización sindical “tanto por la comisión de delitos de prevaricación y nombramiento ilegal, como la posibilidad de que, tras la instrucción de las correspondientes diligencias, pudiera comprobarse la existencia de responsabilidades por la comisión de delito de tráfico de influencias, hechos estos que deben esclarecerse dada la relevancia de las contrataciones (para personal de las Utedlt) como por el volumen de caudales públicos destinados a las mismas (más de 57 millones de euros sólo en tres años, después de estar operativos ocho años desde su constitución)”.
