La Junta propone al Ayuntamiento de Sevilla comprarle 16 VPO para las familias de la Corrala Utopía
La Consejería de Fomento y Vivienda ha entregado un escrito este lunes en el registro del Ayuntamiento de Sevilla en el que exige que se alcance una solución para las 22 familias desalojadas este domingo del inmueble que ocupaban en la capital hispalense, conocido como Corrala Utopía, y donde le propone la cesión gratuita -y estaría dispuesta a alquilarlas o comprarlas si fuera necesario- de 16 de las 528 VPO que calcula que el consistorio tiene deshabitadas. Estas VPO, junto a las seis que la Junta de Andalucía tiene disponibles, serían suficientes para realojar a estas familias pagando por ello un alquiler en función de su capacidad.
Con este escrito, la Junta de Andalucía deja la pelota en el tejado del Ayuntamiento de Sevilla para lograr una salida en un conflicto en el que entiende que lo ideal es la colaboración entre las instituciones, pero como el fin último es no dejar a estas familias sin techo llega incluso barajar tener que asumir pagar por ello a la administración local que preside Juan Ignacio Zoido (PP). Éste no se ha pronunciado todavía sobre esta propuesta, pero tampoco lo ha hecho en relación al desalojo que tuvo lugar el domingo mientras asistía al pregón de Semana Santa.
La consejería que gestiona IU insta por ello al gobierno local a buscar una salida para estas familias después de que la ejecución del desalojo ordenada por la Delegación del Gobierno de Andalucía tras un auto judicial las haya dejado en la calle cuando estaba a punto de “cerrarse un acuerdo” entre las administraciones e Ibercaja, la propietaria del inmueble. Desde hacía semanas se trabajaba para encontrar viviendas para todas estas personas y, a esta hora, la Junta de Andalucía tiene capacidad para asumir el realojo de media docena de familias, por lo que precisa que el Ayuntamiento de Sevilla ponga las otras 16 VPO, ya sea de manera “gratuita u onerosa”.
La llamada a la puerta del Ayuntamiento de Sevilla -los propios desalojados permanecen desde su expulsión frente al consistorio- se produce también porque la intervención de la Delegación del Gobierno de Andalucía parece haber frustrado definitivamente la salida que se había consensuado con Ibercaja. De hecho, el propio viceconsejero de Fomento y Vivienda, José Antonio Cebrián, admite que Ibercaja les ha informado de que, una vez efectuado el desalojo, “se desentienden” de la solución. En concreto, escasas horas después de culminado el desalojo, Ibercaja comunicó a la consejería que dicha actuación policial invalidaba las negociaciones entre ambas partes para ofrecer una solución a las familias, pese a que éstas se encontraban ya próximas a su culminación.
En este contexto, Fomento y Vivienda ha censurado que “Ibercaja, principal artífice del desalojo, se borre de la búsqueda de soluciones cuando más urgentes e inaplazables son”. Esta renuncia supone “una nueva muestra de falta de compromiso real en la búsqueda de soluciones”, ya evidenciada en anteriores decisiones de la entidad bancaria como la de levantarse de la mesa de negociación sobre la corrala. Pero tampoco la Administración General del Estado se libra de las críticas de la Junta de Andalucía, que la acusa de “deslealtad institucional” por haber “torpedeado una solución factible a corto plazo”, según fuentes de la consejería.
Cabe recordar que el pasado 5 de marzo -una vez que se había decretado el 25 de febrero por el Juzgado de Instrucción número 3 el desalojo de este bloque de pisos ubicado en la avenida Juventudes Musicales- se reunieron el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz para buscar una salida. Se creó un grupo de trabajo que consiguió que Ibercaja se hiciera de manera provisional cargo de estas familias, mientras la Junta de Andalucía disponía de VPO suficientes a finales de octubre. Con dicha gestión se hacía innecesario que la empresa municipal de vivienda de Sevilla (Emvisesa) tuviera incluso que aportar sus VPO. Fomento y Vivienda sostiene que esto “estaba a punto de materializarse” y que existía el “compromiso” de la Delegación del Gobierno de Andalucía de no ordenar el desalojo precisamente por ello. La intervención del fin de semana ha abortado todo este trabajo y por eso se exige ahora la implicación del PP.
El escrito, que se ha presentado en el registro municipal, se acompaña de un anexo con VPO que la Junta de Andalucía sabe que posee Emvisesa y que están actualmente desocupadas por lo que se insta que se pongan a disposición de una familias en riesgo de exclusión social.
En libertad dos de los tres detenidos
En el transcurso del desalojo y las posteriores protestas por la ciudad fueron detenidos tres hombres. Dos de ellos se encuentran ya en libertad tras haber comparecido en sede judicial, según han informado a la agencia Europa Press fuentes del movimiento 15M y de la Policía Nacional. Se trata de dos varones que han quedado en libertad con cargos por atentado a la autoridad y desobediencia, en cada uno de los casos.
El primero fue detenido en el desalojo, tras traspasar el cordón policial que se montó en torno al edificio. Desde el 15M dicen que “sólo se encaró con los agentes” y llamó “sabandija” a uno de ellos. Se le acusa de atentado contra agente de la autoridad. El segundo fue arrestado después de que las familias y sus partidarios intentasen encerrarse en la Catedral de Sevilla, donde esta persona se habría negado a abandonar el templo como le ordenaban los agentes, por eso se le acusa de desobediencia. La Policía Nacional contabiliza, además, a un tercer detenido.
