Las empresas de formación para el empleo ya pueden optar a subvenciones para cursos tras cinco años de parón
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ya ha publicado la convocatoria de subvenciones para cursos de formación para el empleo para parados, por primera vez desde 2011 y tras sendos anuncios fallidos en 2014 y 2015, y para lo que las empresas del sector tienen de plazo hasta mitad de septiembre para presentar las correspondientes solicitudes.
Es una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva y con los nuevos criterios establecidos en la orden publicada en BOJA el pasado 7 de junio, después de que estas subvenciones se hayan visto inmersas en un escándalo que ha dejado a Andalucía cinco años sin otorgarlas y con más de 800 millones de euros del Gobierno de la Nación dejados de percibir para ello pese a tratarse de la comunidad autónoma con más paro.
En total salen a concurso 71,5 millones de euros en subvenciones, para cuya resolución la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio se ha dado un máximo de seis meses, por lo que no serán efectivas hasta 2017. El grueso de la partida es, de hecho, con cargo a los próximos presupuestos autonómicos. Este dinero se reparte proporcionalmente por provincia, en función de su población desempleada, quedando de esta manera: Almería, 5 millones de euros; Cádiz, 12,4; Córdoba, 7,2; Granada, 7,3; Huelva, 4; Jaén, 5,3; Málaga, 12,5; y Sevilla, 17,5.
Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en Andalucía ejercen esta actividad 1.752 centros de formación para el empleo distribuidos por Almería (88), Cádiz (200), Córdoba (211), Granada (223), Huelva (71), Jaén (165), Málaga (267) y Sevilla (427). De hecho, Andalucía tiene el mayor porcentaje (28,5%) de estas empresas de todas las comunidades autónomas, que suman 6.155, también según SEPE. En la modalidad de teleformación son 420 empresas las que desarrollan esta actividad en Andalucía, considerando las que disponen de sede en alguna de las ocho provincias para la realización de tutorías o exámenes de superación de las especialidades.
Precisamente estos días se conocían nuevos archivos de diligencias enmarcadas en las investigaciones que llegaron a abrir hasta 18 juzgados de Andalucía por el presunto fraude con estas subvenciones, en concreto esta vez en Granada. La Confederación de Empresas de Formación en Andalucía (Cecap-A) ha aprovechado esta circunstancia para defender la inocencia del sector. Desde Cecap-A han declarado a la agencia Europa Press estas resoluciones de archivo que “vienen a sumarse a las muchas que han dictado los juzgados por las detenciones masivas e indiscriminadas que se realizaron en el marco de la operación Edu”. En la misma línea, han criticado el “escarnio público” al que han sido sometidos estos empresarios.
Se da la circunstancia de que el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía criticó esta fórmula en un informe emitido el 2 de junio. “Se debe evitar otorgar una ventaja a favor de las beneficiarias de ayudas en convocatorias anteriores, lo que a su vez podría provocar un trato de favor hacia las empresas ya instaladas en prejuicio de los nuevos entrantes en el mercado”, subraya dicho informe. El consejo entiende que “estos criterios restringirían o dificultarían el acceso a aquellas empresas que no han sido beneficiarias en ejercicios anteriores” y cree que “no parece que estos criterios puedan encontrarse amparados en alguna razón de interés general”.
Sin embargo, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio insiste en que su orden está avalada por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía y recuerda que dicho informe es preceptivo y no vinculante. El hecho de que no se haya considerado esta recomendación lo justifica por el interés en que la experiencia “sea un elemento que contribuya a la calidad de al formación”, según fuentes de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Las mismas fuentes apuntan que “afirmar que las empresas que han dado formación con anterioridad a estas nuevas convocatorias, no deben concurrir para evitar futuros fraudes, supone criminalizar a todo el sector, algo que es injusto y no se ajusta a la realidad, toda vez que el tiempo está demostrando que no ha existido un fraude masivo en Andalucía”.
Próximamente se publicará la convocatoria del programa de escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo (50 millones de euros) y las acciones formativas para ocupados (20,6). Se calcula que más de 25.000 personas podrán ser beneficiarias de estas acciones formativas.
