La disputa política entre Andalucía y Madrid suma ya 19 batallas abiertas en el Constitucional
La contienda política entre la Junta de Andalucía y el Ejecutivo central tiene su escenario paralelo en el Tribunal Constitucional. Ha sido siempre una constante el hecho de acudir a él para mostrar desacuerdo explícito con normas o leyes aprobadas por el otro. Esta rivalidad judicial ha estado más presente, lógicamente, en los momentos en los que ha existido diferente color político (entre 1996 y 2004 y desde noviembre de 2011). Aunque pueda parecer que la Junta es la que está en permanente disputa, es el Gobierno central el que tiene más asuntos pendientes de resolver contra la Administración autonómica que al contrario.
Ambas administraciones tienen actualmente 19 conflictos y recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolver, según fuentes del alto tribunal. De ellos, 12 fueron planteados por el Ejecutivo central contra decisiones de la Junta mientras que 7 han sido interpuestos desde Andalucía contra resoluciones de carácter estatal (cinco de ellos, desde que Mariano Rajoy es presidente de la nación).
Los gobiernos central y autonómico se han intercambiado históricamente golpes en forma de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (decretos-leyes y decretos legislativos). La financiación autonómica marcó principalmente la conflictividad desde Andalucía mientras José María Aznar dirigía el país (1996-2004), con hasta 11 recursos en este sentido, que fueron retirados en un mismo Consejo de Gobierno (junio de 2004), nada más llegar José Luis Rodríguez Zapatero. Pero ahora, cuestiones de corte social como la ratio de alumnos por aula o el copago farmacéutico centran los actuales desencuentros entre ambos y es la Junta la que más pleitea. La aplicación de nuevas tasas judiciales, la liberalización de horarios comerciales y las medidas relativas a energías renovables completan las normas que el Gobierno de coalición PSOE-IU considera inconstitucionales.
La temática de los conflictos interpuestos desde Madrid es más variada, al estar también más extendidos en el tiempo. Pero hay un asunto que está siendo objetivo principal por parte del Ejecutivo central, con hasta tres recursos en idéntica línea: la subasta andaluza de medicamentos que, a juicio del Gobierno Rajoy, vulnera las competencias del Estado en materia de sanidad y legislación farmacéutica. Esta insistencia ha levantado las iras de la Junta, principalmente de la consejera de Salud, que ha aludido a la “falta de respeto” del Ejecutivo hacia el alto tribunal por la sucesión de recursos iguales, si bien espera que el último (del pasado febrero) corra la misma suerte que los anteriores (desestimados en julio y diciembre de 2012) y la subasta continúe con normalidad.
Los últimos conflictos y el problema de los 'gran reserva'
La última decisión del órgano jurisdiccional único en esta larga historia de conflictividad se ha conocido este mismo lunes. El Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite el recurso promovido por la Junta contra tres normas del Gobierno central que considera un “ataque” al sector de las energías renovables, con especial incidencia en la comunidad autónoma. La notificación ha sido conjunta para las tres normas recurridas, según fuentes de Innovación.
Queda otro recurso pendiente por parte de la Junta, aún en camino. El autorizado por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado 23 de abril contra el Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, que modifica el régimen de las tasas judiciales contenido en La Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Es un recurso sobre otro recurso, que probablemente se condensarán en uno solo. Fuentes de Justicia e Interior de la Junta indican que el segundo de los recursos contra las tasas de Ruiz-Gallardón aún no se ha presentado formalmente (el Consejo simplemente autorizó su presentación), estando prevista su interposición oficial para mediados de este mes de mayo.
La admisión a trámite de este último conflicto procedente de Justicia tardará uno o dos meses, según las estimaciones de la Junta. Es ésa una de las consecuencias de la interposición de este tipo de conflictos judiciales: la dilatación temporal de las resoluciones. Por poner solo un ejemplo, el gabinete jurídico de la Administración andaluza conoció el pasado enero que el Constitucional anulaba una ley autonómica aprobada en 2002, más de diez años después, otorgando libertad de colegiación a los funcionarios públicos. “Nos puede pasar esto”, lamentaba el consejero de Justicia, Emilio de Llera, “que nos encontremos con un recurso que es 'gran reserva' del 2002”.
La Junta no suele viajar sola
Las comunidades de Navarra y Asturias también han presentado recursos de inconstitucionalidad contra las decisiones del actual Gobierno de la nación sobre la prestación de servicios públicos, tanto contra las medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones; y contra las medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
Navarra y Extremadura también acompañan a Andalucía contra las medidas aprobadas por el Gobierno para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Cataluña, por su parte, ha sido la otra comunidad que no comparte la regulación de las tasas en la Administración de Justicia.
Respecto a los últimos recursos anunciados por Andalucía (el de las energías renovables y el de la modificación de la ley de tasas judiciales), fuentes del Tribunal Constitucional indican que aún no tienen constancia de ningún conflicto planteado en ese sentido por otra región, ni tampoco consta en el informe de conflictividad de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, a fecha de 31 de marzo, y que pulsa el grado de conflictividad del Gobierno y las comunidades autónomas.
