El Gobierno andaluz, “absolutamente tranquilo” ante la declaración del exinterventor general en el caso ERE
“La Junta de Andalucía está deseando que declare el exinterventor general porque eso va a aclarar muchas cosas y dejar sin argumentos al PP-A para que siga haciendo daño a gente honesta”. En estos términos se ha expresado el portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ante la citación este jueves de Manuel Gómez por parte de la jueza Mercedes Alaya, que investiga presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones en el conocido como caso ERE. Es más, ha insinuado que no tiene por qué haber revelaciones comprometedoras, porque esta persona ya prestó testimonio en la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía, donde dijo que “nadie de la Intervención General percibió menoscabo de fondos públicos”.
Vázquez ha aseverado que “la Junta de Andalucía está absolutamente tranquila”. Respondía así al hecho de que Manuel Gómez pueda aportar otros datos en esta citación, toda vez que, tras la comisión de investigación, se publicaron nuevas informaciones como la carta en la que dice que los titulares de la Consejería de Hacienda (como el ahora presidente José Antonio Griñán, o la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo) “ante las graves irregularidades descubiertas en la Consejería de Empleo, nada hicieron para combatirlas, antes al contrario, cebaron sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE”. Pero el portavoz ha recordado insistentemente que en la comisión declaró “bajo juramento, que no es poco”, por lo que no tiene por qué variar su versión, y se ha mostrado confiado en que “diga la verdad”.
La comparecencia de este exalto cargo es una de las más esperadas por cuanto que desde la oposición han buscado hacer ver que podía ofrecer un testimonio que derivara en la imputación del presidente de Andalucía, además de varios parlamentarios. Esta cuestión llevaría el caso de los ERE al terreno de los aforados (todavía lo sigue instruyendo al completo la misma jueza porque no ha citado a ninguno) y, por tanto, pasando a un alto tribunal. Este convencimiento de los populares de que esa posibilidad está próximo es lo que les ha llevado a comentar que el presidente “huye acorralado por los ERE”, toda vez que ha precipitado su sucesión con la elección de Susana Díaz como nueva candidata del PSOE-A.
Pagos de las defensas
Sobre el hecho de que el exinterventor haya pedido a la Junta que le pague su defensa, conforme al Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, ha puntualizado que es este organismo el que debe pronunciarse tras el correspondiente informe. “El Gabinete Jurídico es completamente autónomo e independiente y cumplirá la ley, aunque solo se pagará en el caso de los declarados inocentes”, ha enfatizado, para apostillar que “en estos momentos no se ha tomado esta decisión”.
Ha recordado el “escarnio” sufrido por el exministro José Blanco, recientemente absuelto por el Tribunal Supremo, para pedir que no se prejuzgue a nadie. Especialmente se ha referido al viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, “con una trayectoria intachable”, y que ha mostrado su intención de recurrir el auto de la jueza que lo imputa, “pero donde no señala ni qué delitos le atribuye”.
Peligro de nulidad
Por otro lado, ha trasladado el sentir de la Junta de Andalucía de que le hubiera gustado que esta citación se aplazara a la espera de que la Audiencia de Sevilla se pronuncie sobre el recursorecurso contra el auto del 28 de junio en que resultaron imputados una veintena de altos cargos y ya cesados, además de la exconsejera Magdalena Álvarez. Dicho recurso ya cuenta con la oposición de la Fiscalía Anticorrupción, pero sobre el que todavía se espera una resolución. “La jueza ha decidido en su último auto que no debe aplazar la citación y nosotros somos respetuosos con esto”, ha indicado, pero sin evitar recordar que el magistrado que instruye el caso Noos sí que decidió “acertadamente” aplazar la comparecencia de la Infanta Cristina mientras se resolvía un recurso.
Y precisamente sobre el último auto de la jueza, en que además de mantener la citación del exinterventor se despacha contra la Junta de Andalucía acusándola de tener una actitud “más propia de una defensa”, Miguel Ángel Vázquez ha destacado que solo persiguen un proceso con las máximas garantías: “Queremos un procedimiento que permita llegar al final de la instrucción, que paguen los culpables y recuperar el dinero defraudado”. Ha insistido así en la “celeridad” que la Junta de Andalucía lleva meses pidiendo, “pero con seguridad jurídica, porque es mejor mejor pararse un minuto para dar un paso firme y seguro que tomar una carrera que no sabemos dónde nos pueda llevar”. En su opinión, “cuando se acumulan más de tres años de instrucción, no parece que sea perder mucho tiempo, no sea que por mucho correr se produzca la nulidad del proceso”.
Por último, se ha referido a que en el auto, por primera vez, se reconoce que las transferencias de financiación son un instrumento perfectamente legal. “La duda se plantea sobre si la documentación anexa o la memoria del presupuesto forma o no parte del estado de gasto de ese presupuesto, pero esto ya no es un debate de la esfera penal, sino de catedráticos y expertos del derecho administrativo y financiero”.
