La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de La Carolina en el marco de la 'Operación Enredadera'

Fuentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado han indicado a Europa Press que los agentes se han personado en el Ayuntamiento de La Carolina por la mañana en el marco de esta operación, en la que, según ha informado el cuerpo en una nota, está previsto detener e imputar a varias personas como presuntos autores de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.

Esta fase de explotación es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla, donde “quedó evidenciado un importante incremento patrimonial no justificado del que fuera hasta el 2007 director del Área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla”, Domingo Enrique Castaño.

Según recuerda la Guardia Civil, del informe patrimonial realizado sobre esta persona se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo, contratista habitual de numerosas administraciones públicas, “múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza” como “dinero o vehículos”, lo que provocó en julio y diciembre de 2013 la apertura de nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de la empresa Fitonovo.

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que ha decretado el secreto de las actuaciones, está siendo realizada por el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Cabe recordar que en abril, la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de La Carolina, Ángeles Férriz, exigió al alcalde de la localidad, Francisco Gallarín (PP), que aclarase “urgentemente si es cierto que recibió entre 15.000 y 20.000 euros en sobres de la empresa Fitonovo por las obras de reforma del estadio de fútbol municipal” en el año 2010.

La también vicesecretaria general del PSOE de Jaén realizó esta petición a partir de una información sobre la declaración prestada por el administrador de dicha empresa, José Antonio González Baro, ante la juez Mercedes Alaya --titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla-- como imputado en la llamada operación 'Madeja', según la cual éste había declarado que el Ayuntamiento de la localidad jiennense le reclamó una “colaboración económica” tras ejecutarle la obra del campo de fútbol.

El alcalde carolinense, Francisco Gallarín (PP), respondió ese mismo día negando haber recibido “cantidad de dinero alguna por parte de ninguna empresa adjudicataria del Ayuntamiento” de la localidad, ni, concretamente, de Fitonovo.

A través de un comunicado, Gallarín defendió que el procedimiento de adjudicación de obra a Fitonovo “fue absolutamente legal y transparente en una mesa de contratación compuesta por miembros del equipo de gobierno y también de la oposición, quienes votaron en el mismo sentido que el alcalde, atendiendo al informe propuesta de los técnicos municipales”.