La Guardia Civil cierra la nueva operación por el caso ERE con diez detenidos

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de Policía Judicial de la Guardia Civil, del Grupo de Delincuencia Económica, han desarrollado este martes una nueva operación vinculada al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que investiga la juez de Sevilla Mercedes Alaya. Se han realizado, según indica la Benemérita en una nota este miércoles, diez registros y ocho requerimientos a entidades bancarias, elevando a diez el número total de detenidos.

La actuación se ha llevado a cabo en varias provincias (Madrid, Segovia, Barcelona, Jaén, Sevilla, Málaga, Córdoba y Cádiz) siguiendo la pista de las irregularidades en la concesión de las ayudas a empresas por parte de la administración, miembros de sindicatos que habrían favorecido la tramitación y concesión de las subvenciones y empresarios que habrían obtenido de forma irregular fondos públicos dedicados a las empresas.

Estas actuaciones son fruto de la documentación recabada en los registros practicados en la primera fase de la operación Heracles, según la Guardia Civil. Entre los detenidos destaca Manuel Enrique Rodríguez, exgerente provincial del IFA y director de Área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla, que ha sido destituido de su cargo “de forma inmediata”.

También han sido arrestados Roberto Carmona, de CCOO-A, exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica; Salvador Mera, secretario provincial de UGT en Cádiz; el exdirigente del sindicato CCOO en Córdoba, Francisco Casado, y su hermano José Manuel. Asimismo, fuentes próximas a la investigación citadas por EFE confirmaron por su parte que también fue detenido Ángel Quesada, vicepresidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol (AEHCOS), durante el registro llevado a cabo en el hotel Don Pedro de Torremolinos, así como un exbanquero residente en Málaga. También fueron detenidos J.J.B.G. en Sevilla, J.J.S.A. en Segovia y F.J.G.C., exdirector de una sucursal bancaria de la provincia de Jaén.

La segunda fase, según la Guardia Civil, se ha centrado principalmente en las irregularidades en la concesión de las ayudas a empresas. En este sentido, se pretende establecer el papel jugado por diversos empleados de distintas sucursales bancarias, habiéndose detenido el director de una de ellas, en relación a diferentes operativas vinculadas a blanqueos de capitales y los entramados ilícitos instrumentales expuestos en el atestado presentado en marzo. También se pretende precisar el papel desarrollado por determinados responsables públicos de la administración andaluza en relación con la concesión de las referidas ayudas.

Asimismo se ha investigado la oarticipación de representantes y dirigentes de organizaciones sindicales en los procesos de ERE asociados a las distintas pólizas por prejubilaciones, así como su relación con las asociaciones ilícitas descritas en la primera fase, concluyendo si pudiese existir algún tipo de responsabilidad penal. En este marco, se ha procedido a la detención de dos personas vinculadas a estas organizaciones y a la imputación de seis más en similares circunstancias. También se han investigado los pagos de empresarios a las tramas ilícitas descubiertas, como contraprestación a la financiación pública obtenida en sus expedientes de regulación de empleo.

La Guardia Civil, que asegura que podrían llegar a medio centenar los imputados en esta nueva fase de la operación, ha llevado a cabo el operativo ante la posibilidad de que pudiera encontrarse en poder de los administradores de determinadas sociedades, información, documentación, objetos o medios de prueba que pudieran contribuir al esclarecimiento e identificación de los presuntos autores de los hechos investigados en el caso de los ERE, según consta en un auto fechado este lunes firmado por la jueza Alaya, notificado este mismo martes y por el que acuerda la práctica de diez registros domiciliarios y al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia.

Los agentes de la UCO están registrando un total de diez inmuebles, en concreto los de:

José Enrique Rosendo Ríos, hijo del ex alcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, en Barcelona.

José María Sayago Lozano, empresario vinculado a la Sierra Norte de Sevilla, en Sevilla

Manuel Enrique Rodríguez, exgerente provincial del IFA y director de Área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla. Se ha registrado su vivienda de Sevilla y su despacho oficial en la Diputación.

María del Carmen García Sánchez, administradora única de la mercantil Río Grande Sevilla S.L. También se registra el Restaurante del mismo nombre, ubicado en Sevilla.

Antonio Manuel Bustamante León, presidente del consejo de administración de Surcolor, una de las empresas investigadas, en Gines (Sevilla).

Francisco Casado Sánchez, en Córdoba.

Juan Antonio Florido, beneficiario de cuatro pólizas y prejubilado de la textil Hytasal, en Sevilla.

También se registra el domicilio social de la empresa Nexprom S.A, en Torremolinos (Málaga).

En este sentido, las mismas fuentes han indicado que se trataría de la segunda fase de la Operación Heracles desarrollada el pasado mes de marzo y en la se que investigó el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE. Dentro de esta operación, fueron detenidas 22 personas, de las que siete ingresaron en prisión, continuando a día de hoy tres de ellas en la cárcel.

El tándem Rosendo-Sayago

Los hechos que se vienen investigando por la UCO de la Guardia Civil son la concentración en la Sierra Norte de Sevilla de gran cantidad de empresas y personas físicas beneficiarias de subvenciones y ayudas con cargo a los fondos públicos andaluces “y con total ausencia de procedimiento”, según consta en el auto fechado este lunes y al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia. En este marco, la Guardia Civil viene realizando un estudio profundo de las ayudas vinculadas a las personas de los imputados José Enrique Rosendo Ríos, hijo del ex alcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y José María Sayago Lozano, empresario vinculado a la Sierra Norte de Sevilla, paralelamente al resto de las ayudas concedidas a la Sierra Norte.

Para ello, los agentes de la UCO, según al auto, han examinado los datos dimanantes de la Agencia Tributaria, entidades financieras o de la Tesorería General de la Seguridad Social, que les han permitido descubrir nuevas sociedades beneficiarias de otras ayudas públicas que permanecían ajenas a la investigación, habida cuenta de la escasez de documentación que facilitara la reconstrucción de los hechos, toda vez que los expedientes de ayudas entregados por la Junta de Andalucía se encontraban incompletos, no pudiendo recabar toda la documentación que debieron manejar los principales implicados y que les facilitó articular todas estas ayudas.

La Guardia Civil habría podido hacer una inicial reconstrucción de la sucesión de los hechos que investiga y vislumbrar motivaciones asociadas a determinadas personas, con responsabilidad pública, que habrían propiciado la salida de fondos públicos a favor del entorno societario liderado por el tándem Rosendo-Sayago. El referido entorno, según el auto, estaría estrechamente controlado por estas dos personas y se compondría de un gran número de empresas, la gran mayoría sin actividad comercial ni trabajadores dados de alta, creadas con el único objeto de obtener fondos públicos de forma masiva, dado que muchas de ellas fueron creadas con muy poco tiempo de antelación a la fecha de concesión de la correspondiente ayuda.

Del estudio de estas ayudas se desprende que las entidades vinculadas a las dos personas indicadas podrían haber llegado a obtener, de forma arbitraria, ayudas públicas por un importe total de algo más de 32 millones de euros, lo que supondría el 61 % aproximadamente del total de ayudas concedidas a la Sierra Norte, y un 39 % del total de ayudas que se concedieron a las empresas andaluzas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. De dicha cantidad, la Junta habría hecho efectivo un total de 17 millones de euros, que no habrían sido utilizados para el fin inicialmente concedido, es decir para la creación y mantenimiento del empleo, sino que en gran parte habrían sido empleados para capitalizar las sociedades que estaban siendo “agraciadas” con las ayudas públicas, para “a posteriori” venderlas a un precio mayor.

Ambos, en sede policial, se acogieron a su derecho a no declarar y renunciaron a dar explicaciones, negándose de igual modo a aportar la documentación que tuvieran en su poder.

En relación a lo anteriormente expuesto, y según expone la Guardia Civil, las investigaciones que vienen practicando ha posibilitado vislumbrar los verdaderos motivos por los que determinadas personas, con responsabilidad pública, habrían propiciado la evasión de fondos públicos a favor determinadas zonas geográficas, como la Sierra Norte, y empresas que a su vez estaban relacionadas con los mismos responsables de la gestión, tramitación y control de estas ayudas. Las relaciones que subyacen entre los beneficiarios de las ayudas y los responsables públicos, de ámbito personal o incluso político, y que han sido estables y continuas en el tiempo, habría sido un factor determinante para las arbitrariedades cometidas con estas ayudas a lo largo de casi una década y el menoscabo de los fondos públicos andaluces.

El detenido en la Diputación, “una persona de la absoluta confianza del exconsejero José Antonio Viera”

Una de las personas que habría emergido de la investigación es Manuel Enrique Rodríguez, que quién dirigió la Gerencia Provincial de IFA en la provincia de Sevilla y que diversos indicios lo señalan como una persona de la absoluta confianza del exconsejero José Antonio Viera, recoge el auto, que lo señala con un papel destacado para la consecución de determinadas subvenciones y que tendría una intervención esencial como perfecto conocedor del sistema opaco utilizado, para la consecución de otras ayudas a personas de su círculo próximo, las de su propio municipio (Las Navas de la Concepción), y a sociedades por importe total de 2.160.759 euros.

Rodríguez Contreras también sería conocedor, según el auto, de la sucesión de determinadas ayudas a los Ayuntamientos de Guadalcanal, Camas, Coria del Río y Puebla del Río, pues en los expedientes consta su participación, subvenciones que fueron abonadas con cargo a una partida presupuestaria inadecuada. Por todo ello se ha procedido este martes a la entrada y registro solicitada en relación a Enrique Rodríguez Contreras, en su domicilio particular y en el despacho oficial del mismo en la Diputación Provincial de Sevilla, donde desarrolla su actividad laboral como Director de Área de Empleo e Innovación.

Los métodos de Lanzas y el 'entramado atrado'

Relata el auto que, en el marco de la Operación Heracles del pasado mes de marzo, por la Guardia Civil se estudiaron los métodos utilizados por Juan Lanzas para conseguir hacer llegar a su entorno patrimonial los fondos desviados de la Administración andaluza y que servían para gratificar su tarea de “conseguidor” de subvenciones a favor de empresas en proceso de reestructuración, bien a través de la inclusión de “intrusos” pertenecientes a su entorno familiar, bien a través de entregas de dinero en efectivo, o también a través de la utilización de un entramado societario de empresas instrumentales (el que se ha dado en llamar 'entramado atrado') y de testaferros u hombres de paja (entre los que se encontrarían los imputados Ismael Sierra García, Eduardo Leal del Real o Juan Francisco Algarín Lamela entre otros).

En relación a este último método, Lanzas habría ideado la utilización de operaciones comerciales ficticias y/o simulación de pagos, que le habrían permitido acaparar importantes sumas de dinero procedentes de las empresas que se beneficiaron de sus servicios ocultando su identidad como destinatario último de este dinero. Estas empresas gracias a los servicios de Lanzas, consiguieron sufragar casi en su totalidad los costes que les supusieron afrontar los procesos de reestructuración a las que se enfrentaban, mediante la fórmula de las prejubilaciones, aceptando o pactando con el conseguidor el método de pago que se ha descrito anteriormente, bien a través del entramado societario creado, organizado y coordinado por Lanzas, o a través de personas interpuestas que actuaban como simples correos portadores de dinero. Mediante este método, Lanzas habría dispuesto de un importe total de 1.828.576,08 euros, según los datos obtenidos por la Guardia Civil a través del análisis de documentación fiscal y financiera.

Los agentes policiales han continuando profundizando en estos hechos, considerando muy probable que existan otros pagos en efectivo a Juan Lanzas por parte de una serie de empresas, según deducen de las manifestaciones prestadas en sede policial por administradores y máximos responsables de distintas empresas, quienes a preguntas acerca de los pagos realizados por sus sociedades a Lanzas con motivo de los servicios prestados por éste, o bien no recordaban los datos exactos, o bien reconocían pagos en cuantía menor a la desvelada, o bien negaban directamente haber realizado pago alguno. De esta forma, estos responsables intentarían eludir la responsabilidad ocultando estos datos, pero por el contrario dificultando la investigación y el esclarecimiento de los hechos. En este caso se encontrarían las empresas Nexprom S.A y Río Grande Sevilla S.L.

En cuanto a Antonio Manuel Bustamante León, figura en los órganos de sociales de las mercantiles beneficiarias de subvenciones públicas SURCOLOR SA y SURCOLOR ÓPTICA SA, como Administrador único, y de la mercantil INDOBARASA SL como Apoderado. Los hermanos Francisco y José Manuel Casado Sánchez, como administrador Único y Apoderado respectivamente, vinculados laboralmente a la sociedad ASEA BROWN BOVERY SA, empresa que se habría visto afectada por dos expedientes de regulación de empleo, según consta en el expediente remitido por la Junta de Andalucía.

Personas vinculadas a los sindicatos

En el oficio recibido de la UCO se pone de manifiesto que de las investigaciones que vienen practicando derivadas de la operación policial relativas a las mediadoras Vitalia y Uniter, Juan Lanzas y el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís, en relación con el desvío de fondos públicos a través de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas de renta, habría provocado el enriquecimiento personal de terceras personas que habrían intervenido en la contratación y gestión de estas pólizas. Fruto de este escrutinio, estarían emergiendo numerosos indicios de la participación de personas vinculadas a los sindicatos UGT y CCOO, fundamentalmente como fuente de información respecto a empresas en crisis a las que pudiera resultar conveniente un proceso de reestructuración de plantilla, mediante ERE, prejubilaciones u otras medidas, así como facilitar los procesos habilitando la participación de las anteriores mediadoras.

Juan Antonio Florido García, al que también se refiere el auto, ha ostentado el cargo de secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la FITEQA (Federación de Industria, Textil, Química y Afines) de CCOO en Andalucía, quien habría mantenido una estrecha relación con Jesús Bordallo, delegado de Vitalia en Andalucía, a quién presuntamente trasladaría la mayoría de los ocho expedientes relacionados con los sectores químico y textil, en cuyos procesos de reestructuración laboral habría participado Florido como representante sindical.

Florido García habría obtenido, además de la cantidad de 221.543,29 euros correspondientes a las rentas derivadas de su prejubilación tras el ERE de Hytasal, la cantidad de 43.472,18 euros procedentes del holding Vitalia (derivado de las sobrecomisiones abonadas por la Junta), como retribución por sus gestiones, trabajos, influencias y la facilitación de información, que habrían propiciado la participación de la mediadora en distintos procesos de reestructuración de empresa.