Alaya rebaja la imputación del secretario general de Hacienda de Griñán
José de Haro Bailón, secretario general de Hacienda entre 2004 y 2009 cuando era consejero José Antonio Griñán, expresidente de la Junta, ha visto este martes como Mercedes Alaya rebajaba los cargos que le imputa en el caso de los ERE. Se trata de un error reconocido por la propia jueza ya que en el auto de hace un par de semanas consideraba que el departamento que dirigía De Haro estaba adscrito a la Secretaria General la Intervención de la Junta, atribuyéndole al exalto cargo la coordinación de la política presupuestaria andaluza. Realmente, la Intervención se adscribió a la Consejería de Hacienda en 2009, cuando De Haro pasó a ser viceconsejero de Carmen Martínez Aguayo y, ya bajo el mandato de Griñán como presidente, se habían modificado los decretos de estructura de las consejerías.
Por eso Alaya ha modificado el auto de imputación sobre De Haro, que este martes se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, argumentando que el juzgado de Alaya “ya no es competente” y que su derecho de defensa “sólo se salvaguarda prestando declaración ante el órgano judicial que es competente”. La jueza, según ha comentado a la prensa el abogado del exalto cargo, José María Mohedano, ha respondido que aún no ha enviado nada, dando continuidad a los rumores sobre la elevación al Tribunal Supremo de la causa o de la parte de la causa, que es la comidilla estos días entre los abogados personados.
Ninguna de las partes ha solicitado medidas cautelares contra De Haro quien, de cualquier modo y según consta en su escrito presentado en el órgano judicial, “no conozco hasta el día de hoy los hechos que se me imputan, siendo así que el pasado 23 de julio de 2014 fui citado por este juzgado para prestar declaración, sin que en la citación se hiciera mención a ningún hecho, lo que me ha impedido conocer los hechos que se me atribuyen y, con ello, articular mi derecho de defensa, lo que indudablemente me causa una manifiesta indefensión”.
Alaya seguiría considerando que De Haro, a partir de 2009 y como viceconsejero de Economía y Hacienda, tendría “una activa participación en la elaboración del Presupuesto de 2010” donde, si bien desaparecieron las transferencias de financiación de los estados de gastos del programa 31.L , “se establecía como prioridad la continuidad del sistema de transferencia a IDEA para dar cobertura a los compromisos adquiridos en virtud de expedientes de regulación de empleo, planes de prejubilación, ayudas para la viabilidad de empresas, en virtud del concierto con IDEA en vigor desde el año 2001”.
Por contra, los motivos que centraron su imputación por su supuesta “activa participación en el uso inadecuado de la partida presupuestaria de las transferencias de financiación en el programa 31.L de la Dirección General de Trabajo en el proceso de elaboración de los Presupuestos”, según constaba en el auto inicial, “se han disuelto como un azucarillo”, según ha manifestado su defensa tras la rectificación de la jueza.
Inminente inhibición
Este mismo martes, a la Junta le han sido notificados seis cds con numerosa documentación de la causa, incluidas las ayudas concedidas por la propia Administración entre los años 2011 y 2012, tal y como había solicitado la jueza, así como otro informe de la Cámara de Cuentas, etc. Según fuentes judiciales consultadas, la resolución en la que daría cuenta a las partes de la elevación del caso o de parte del caso, como sugiere la Fiscalía Anticorrupción, podría conocerse este mismo jueves, último día hábil en la Justicia antes de iniciarse el mes de agosto.
La exposición razonada sería enviada al Tribunal Supremo sin que las partes pudieran conocer el contenido, que tan sólo tendrían acceso directo a la decisión de la jueza. Alaya, según otras fuentes, seguiría el criterio de la Fiscalía y remitiría la parte política del caso, al objeto de poder seguir instruyendo la causa en tanto en cuanto el alto tribunal no ofrezca un pronunciamiento al respecto, algo que podría suceder dentro de unos meses. De ese modo, la jueza podría investigar las ayudas de los años 2011 y 2012, cuya documentación acaba de recibir. Aunque el fiscal entiende que, entonces, Alaya debería suspender la tramitación de la causa, la jueza podría interpretar de otro modo posible la normativa al respecto.
