El Congreso aprueba la ley que impide que la Iglesia pueda inmatricular bienes

El Congreso ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley Hipotecaria y del Catastro que elimina el privilegio de la Iglesia Católica de inmatricular bienes -inscribirlos a su nombre por primera vez- en el Registro de la Propiedad y que armoniza las propiedades inscritas con las catastrales. La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado con competencia legislativa plena este proyecto de Ley, que hará que la Iglesia pierda en unos meses la facultad de que con una sola certificación, más lo que diga el catastro, pueda inscribir a su nombre por primera vez un bien.

De esta forma se elimina este privilegio, que data de 1946 y que permitía a la Iglesia inmatricular bienes tal como pueden hacer las administraciones públicas (Estado, CCAA y Ayuntamientos). Un ejemplo de la inmatriculación de bienes por parte de la institución eclesiástica ha sido la titularidad de la mezquita de Córdoba, que se registró a su nombre en 2006 como catedral de Córdoba.

La reforma de las leyes Hipotecaria y del Catastro salió adelante con los votos de PP, UPyD, PNV y UPN, tras modificar el texto original con las 43 enmiendas parciales de los 'populares' y tres cambios pactados con la formación magenta y Unión del Pueblo Navarro.

Tanto el PSOE --que presentó enmienda de totalidad al proyecto de ley-- como la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) han votado en contra del proyecto de ley, al criticar entre otros asuntos que no se revisen las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en las últimas décadas, y a las que ahora se pone fin.

Además, Convergència i Unió (CiU) ha optado por la abstención como queja tanto por la presentación minutos antes del inicio de la comisión de algunos cambios más a propuesta del PP, como por la no aceptación de ninguna de sus enmiendas parciales, lo que a su juicio demuestra un talante poco inclusivo por parte del partido que da sustento al Gobierno.

MÁS COORDINACIÓN ENTRE EL REGISTRO Y EL CATASTRO

Durante el debate, el 'popular' Gonzalo José Ordóñez ha negado que ésta sea una ley privatizadora, alegando que tanto el Registro como el Catastro son entidades públicos. Y ha defendido que con esta reforma se “abaratará el proceso de descripción gráfica de las fincas y se incentivará una mayor seguridad jurídica”, al mejorar la coordinación entre ambas instituciones.

“Se trata de una larga aspiración ciudadana: la coordinación entre el Catastro y el Registro en materias como la descripción de los bienes”, ha insistido, destacando entre las medidas técnicas presentadas por su grupo algunas “de fondo” como la eliminación del año de 'vacatio legis' para el fin de las inmatriculaciones, lo que “impedirá que la Iglesia pueda seguir” recurriendo a este procedimiento.

En este sentido, ha explicado que no se pueden aceptar enmiendas de la oposición en esta materia, reclamando una revisión de las inmatriculaciones ya realizadas, alegando que la Constitución impide la “aplicación retroactiva de normas restrictivas de derechos individuales” adquiridos con anterioridad. Finalmente, ha defendido que las enmiendas presentadas poco antes del inicio del debate son “técnicas” y hacen referencia a alegaciones de los servicios jurídicos del Congreso.

Por su parte, el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, valora la norma que finalmente sale del Congreso que, pese a ser eminentemente “técnica” tiene un “trasfondo de interés”.

SE EMPEORA EL PROYECTO

El diputado del PSOE Víctor Morlán ha comenzado citando al poeta Mario Benedetti: “Cuando tenía preparadas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Eso ha sucedido con este proyecto, porque las enmiendas del PP varían sustancialmente muchos aspectos del texto, y no para mejorarlo, sino para empeorarlo”, ha lamentado.

Además, ha insistido en que hace falta clarificar qué propiedades han sido inmatriculadas por la Iglesia en las últimas décadas porque “da la impresión de que están mal” registrados y que se trata de “bienes demaniales de dominio público”. Y ha afirmado que el proyecto de ley “decanta la balanza hacia el Registro en demérito del Catastro, del Notariado y de la Administración de Justicia”.

“Los registradores tendrán la facultad para reconocer, interpretar y atribuir derechos, e inscribirlos, dejando de lado a notarios y jueces, que sólo actuarán en última instancia”, ha explicado, reclamando que “la información del Catastro prevalezca” sobre los asientos registrales, al contrario de lo que establece el proyecto de ley.

NO SE GARANTIZA LA CONCORDANCIA

Joan Coscubiela, portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), comparte la “necesidad de mejorar” esta normativa para “resolver conflictos entre anotaciones catastrales y registrales”, aunque cree que el proyecto de ley “no lo garantiza en algunos aspectos”, sobre todo cuando no hay concordancia entre los asientos registrales y la realidad.

Además, el diputado catalán critica la “continua ofensiva” del Gobierno para “situar los intereses de los registradores de la propiedad como intereses generales”, y lamenta que se pierda la ocasión de “establecer un 'modus operandi' distinto a futuro para exigir una representación gráfica previa a cualquier inscrpción registral o catastral”, lo que “evitaría contenciosos futuros, daría más seguridad jurídica y evitaría costes a los ciudadanos”, como sucede por ejemplo en los casos de inmatriculaciones o reordenaciones urbanísticas de terrenos.

Por CiU, Jordi Jané ha lamentado las formas de tramitación del proyecto de ley, con “enmiendas que aterrizan pocos minutos antes de ser votadas”, lo que impide a su grupo apoyar un proyecto de ley “necesario”, por “no conocer exactamente su contenido”. Además, ha criticado que se haya “perdido la ocasión” tanto de conseguir un acuerdo parlamentario más amplio como de mejorar la “seguridad jurídica” mediante una “mayor precisión” de las inscripciones con respecto a la realidad física.