IU pide la comparecencia del presidente del CSIC en el Congreso de los Diputados por el gasoducto de Doñana
- La polémica surge después de que se haya desmarcado del informe de expertos del organismo sobre riesgos sísmicos del proyecto que adelantó eldiario.es/andalucia
El informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre los riesgos de terremotos que puede suponer el proyecto de gasoducto de Gas Natural en el entorno de Doñana y las distintas interpretaciones y juegos de los que está siendo objeto puede acabar siendo determinante si no en el futuro de estas instalaciones, sí en el del máximo responsable del organismo, Emilio Lora Tamayo.
De momento, la diputada por Málaga Eva García Sempere (IU) ha registrado este viernes la petición de comparecencia “urgente” de Emilio Lora Tamayo para que explique los posibles “riesgos”, tanto sísmicos como de contaminación, del proyecto de Gas Natural en el Parque Nacional de Doñana.
Su objetivo es que el responsable del máximo organismo público científico y de investigación del país explique en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medioambiente del Congreso de los Diputados todos los datos de que disponga en relación a ese “proyecto de gasoducto de Doñana, sobre el riesgo sísmico que puede suponer la ejecución total o parcial y el de contaminación o afecciones graves al acuífero de Doñana”, la mayor reserva de la biodiversidad en Europa.
La parlamentaria, encuadrada en el grupo de Unidos Podemos, considera “muy importante que el presidente del CSIC se explique y que se le pueda preguntar, mucho más ante las sucesivas polémicas que ha protagonizado” en relación a “este delicado asunto”. De hecho, tras las reiteradas exigencias de ecologistas, sindicatos y partidos para que el CSIC “tomara cartas en el asunto”, su respuesta “ha oscilado entre la completa falta de iniciativa o el entorpecimiento del trabajo que realizan otros representantes de la comunidad científica”.
Entre otras cosas, ha recordado que Emilio Lora Tamayo envió “una carta para dar explicaciones a la multinacional Gas Natural, responsable del proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo de Doñana” y se desmarcó del informe “emitido a petición del Defensor del Pueblo Andaluz por el organismo que preside” donde se habla de esos riesgos sísmicos.
“Quizás algunas personas o algunos partidos vean normal que el máximo responsable de un organismo científico público escriba cartas a multinacionales implicadas en multimillonarios y peligrosos proyectos. Nosotros, no”, ha dicho la diputada, quien quiere saber si la labor de este hombre “está más cerca de una imprescindible independencia científica o de los argumentos de quien depende su nombramiento, en este caso, del ministro de Economía, Luis de Guindos”.
Cabe recordar que el portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, ya comenzó hace unos días, tras conocer que se ponía en duda la responsabilidad del CSIC en dicho informe, que el presidente del mismo tenía que “comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones al respecto”, porque se pretende “desautorizar un pronunciamiento objetivo de los científicos sobre una materia concreta que se produce a instancias de un organismo de la trascendencia del Defensor del Pueblo Andaluz”.
Podemos ha pedido su dimisión
Todo ello después de que el grupo de Podemos en el Parlamento de Andalucía, por boca de su diputada Mercedes Barranco, haya pedida la dimisión Emilio Lora Tamayo, por el “grave escándalo del que está siendo protagonista”, en paralelo que le ha reclamado que aclare su “posición oficial” sobre este proyecto.
La diputada ha valorado que “lo más inaudito” tras conocerse dicho informe son las “declaraciones inadmisibles” que a su juicio ha realizado el presidente del CSIC, poniéndose “de lado de las grandes empresas del IBEX 35”, además de que “deslegitima la opinión de uno de los científicos más prestigiosos en temas sísmicos [Miguel de las Doblas], desacredita al propio delegado del CSIC en Andalucía, Miguel Ferrer, y echa piedras sobre su propia institución poniendo en cuestión el buen trabajo de sus expertos”.
Cabe recordar que el consejero de Medioambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, calificó de “llamativa” la actitud del dirigente del CSIC después de que deslegitimara dicho informe con su carta. Tras recordar que el mismo fue remitido por el CSIC al Defensor del Pueblo Andaluz -lo que a su vez ha derivado en que el Defensor del Pueblo haya decidido abrir una investigación tras recibirlo de su homólogo en el sur- es “un documento público y oficial entre dos instituciones”.
En concreto, en el texto fechado el 19 de mayo, se especifica que: “Consideramos que el riesgo sísmico es suficiente para, aplicando el principio de precaución, detener su aprobación y ejecución hasta que el proyecto conjunto sea valorado adecuadamente por un equipo científico independiente y multidisciplinar”, unas conclusiones que este periódico ya avanzó cuando los expertos habían realizado sus primeras valoraciones a finales del pasado año.
