IU denuncia ante la Fiscalía a las eléctricas por el encarecimiento del precio de la luz
Izquierda Unida ha presentado en los juzgados de Sevilla para que la Fiscalía inicie una investigación sobre las razones por las que, en un periodo de “altísima demanda”, las empresas han modulado a la baja la producción de las centrales de gas, “provocando con su decisión un encarecimiento del precio de la energía eléctrica mediante prácticas que pudieran ser fraudulentas y tendentes a aumentar sus beneficios”.
La denuncia, presentada por el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, y suscrita por los diputados en las Cortes Alberto Garzón, Eva García y Miguel Ángel Bustamante, y cinco parlamentarios andaluces de IU, pide “que se investigue si las compañías suministradoras que cuentan con una deficitaria red de infraestructuras eléctricas en determinadas zonas, especialmente las determinadas zonas blancas, pudieran estar incumpliendo con sus obligaciones de garantizar el acceso a la energía eléctrica a toda la ciudadanía en condiciones adecuadas, estables y sin interrupciones del servicio imputables a las referidas empresas”.
A su entender, “se impone la apertura de una investigación que no sólo ponga en evidencia el recurso constante de las compañías a maniobras fraudulentas tendentes a aumentar sus beneficios, sino actuaciones contundentes y ejemplarizantes que las hagan desistir de tales prácticas”. “Es inaceptable que los poderes públicos, que deben velar por el interés general y la protección de todas las personas, especialmente las más vulnerables, eludan su responsabilidad y mantengan un marco de impunidad en el que estas empresas operan con arbitrariedad, pleno conocimiento del mal que causan, y absoluto desprecio por las durísimas condiciones cotidianas a las que se enfrentan quienes no pueden pagar la energía eléctrica”, apuntan.
IU recuerda que la regulación del mercado energético se ha concretado “en unos parámetros legales que favorecen los beneficios empresariales en detrimento de las personas usuarias”, señalando que “incluso desde el cumplimiento escrupuloso de la legalidad vigente, se produce un margen de beneficio para las compañías suministradoras difícilmente justificable desde la defensa del interés general y el carácter básico del servicio prestado por estas empresas”.
Precios “fuera del alcance de millones de personas”
El partido recuerda que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha reiterado en sus informes estas “disfunciones”, al tiempo que ha sancionado a compañías por emprender “acciones tendentes a manipular los precios al alza”. En concreto, Iberdrola fue sancionada en diciembre de 2015 con 25 millones de euros, en palabras de la Comisión, por “manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía eléctrica”.
También indican que, entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, Iberdrola llevó a cabo actuaciones con las que la compañía retuvo el agua de sus presas en los embalses del Duero, Tajo y Sil para encarecer el precio del mercado, en vísperas de la celebración de la subasta eléctrica que debía determinar el precio de la luz en el primer trimestre de 2014.
Aquel episodio, dice IU, movió al Gobierno a cambiar el sistema de fijación de precios, “supuestamente para evitar que la luz incrementara un drástico encarecimiento de golpe, aunque como la propia Comisión ha revelado en su último informe, las modificaciones introducidas han elevado los ya escandalosos márgenes de beneficio de las empresas por encima del 30%”.
La sanción de la CNMC y las posteriores decisiones gubernamentales “se parecen mucho a lo que está sucediendo estos días”, considera IU. “Si en aquella ocasión fueron las centrales hidroeléctricas las que redujeron su actividad, ahora son las centrales de gas de ciclo combinado las que presentan un bajo nivel de funcionamiento o están paradas, permitiendo que los precios queden fijados por los ciclos combinados más ineficientes y por tanto más caros”. En ese sentido, “el Gobierno se limita a describir las subidas, sin un atisbo de reacción que corrija el marco legal y deje fuera del mismo las prácticas empresariales que encarecen con descaro el suministro eléctrico poniéndolo a unos precios fuera del alcance de millones de personas”.
