IU encarga un informe para decidir si pedirá comisión de investigación sobre el fraude de formación
IU pretende que la reactivación esta semana del discurso de que no descarta “en absoluto” -en palabras de su portavoz parlamentario José Antonio Castro- pedir una comisión de investigación sea más que un farol frente a sus socios del PSOE-A. De hecho, la dirección regional ha encargado que el grupo parlamentario elabore un informe del resultado de las comparecencias hasta la fecha del consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, para rendir cuentas de la investigación iniciada en su departamento para esclarecer las supuestas irregularidades en los fondos de formación, en manos ya del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige Mercedes Alaya. Si las conclusiones no son satisfactorias, en IU dan por hecho que pedirán una comisión de investigación, una amenaza que hasta la fecha la formación se ha limitado a blandir de cuando en cuando como una espada de Damocles sobre la cabeza de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, sin saber si finalmente la va a dejar caer.
El propio José Antonio Castro manifestaba esta semana durante un encuentro con la prensa que Luciano Alonso no comparece “por iniciativa propia”, sino que atribuía el mérito a la presión de la coalición de izquierdas en el seno del Gobierno de Andalucía este compromiso por dar explicaciones puntualmente del avance de la depuración de los 8.505 expedientes que se está realizando en la Consejería. En concreto, se investigan subvenciones para cursos concedidas desde 2007 hasta la fecha (en las previas habría prescrito cualquier posible irregularidad por lo que no se revisan), siendo su última comparecencia hace un par de semanas.
El objetivo es, según han confirmado desde IU, ver si Luciano Alonso ha respondido a una pregunta que desde esta formación se ha hecho desde el principio: ¿por qué muchas de estas ayudas han acabado en manos de organizaciones vinculadas al PSOE-A? El diputado Ignacio García, portavoz de IU en la comisión parlamentaria de Educación, Cultura y Deporte en la que se están ofreciendo estos detalles, será el encargado de redactar el informe. En función de sus resultados se evaluará la opción de pedir una comisión de investigación, con la que IU podría incomodar a sus socios hasta el extremo de la ruptura del pacto de Gobierno por la pérdida de confianza. Pero desde la coalición de izquierdas insiste en que se trata de investigar algo de la etapa anterior, cuando ellos no estaban en el poder, y que en todo caso, sería “muy complicado” para la presidenta romper la alianza y adelantar las elecciones autonómicas “porque se esté pidiendo investigar la corrupción”.
No obstante, lo cierto es que hasta la fecha IU ha rechazado las siete comisiones de investigación sobre distintos casos -el principal éste- pedidas por el PP-A.
Tres comparecencias en tres meses
Hasta la fecha, la Junta de Andalucía ha concluido con el inicio de expediente de reintegro para un total de 640 expedientes, por un importe de 19,3 millones de euros cuyo uso no habría sido debidamente justificado. En total se han revisado ya 5.963 expedientes, según la información aportada por Luciano Alonso en su comparecencia el pasado 20 de noviembre, la tercera desde el inicio del curso político. Junto a los 640 que ya ha evaluado como incorrectos, hay 3.766 para los que se ha requerido más información y otros 1.557 en los que se considera que todo está en orden y se tramitará el pago del resto de la subvención -de manera habitual se concede a los beneficiarios un 75% a la espera de su justificación- a los promotores de los cursos. Esto supone que ya se ha mirado con lupa en torno al 70% de lo ordenado por la presidenta en septiembre de 2013 cuando estalló este escándalo, y en una tarea que la Junta de Andalucía calcula que concluirá a mediados de 2015.
En medio han tenido lugar algunos episodios, como cuando Luciano Alonso anunció que se haría público el listado de las peticiones de reintegro con la causa en cada caso, cosa que finalmente no se hizo en aras de la protección de datos. Sí se han publicado en distintas entregas los listados de exoneraciones, es decir, de beneficiarios de subvenciones a los que se les han concedido nuevas sin que todavía hubieran justificado el destino de otras percibidas previamente. Se trata de una práctica en teoría excepcional, si bien la Junta de Andalucía ha reconocido que la convirtió en habitual, matizando eso sí, que no se les exime del deber de justificación, sino que esta obligación sigue plenamente vigente. Pero esta publicación de las exoneraciones también ha levantado polvareda porque numerosos beneficiarios de subvenciones que se han visto incluidos en estos listados han matizado que ellos sí habían justificado sus partidas, por lo que no entendían que se les metiera a todos en el mismo paquete.
