Imputados un alto cargo y cinco funcionarios de la Junta por la trama del cártel del fuego
Seis investigados (antes imputados) en el seno de la Consejería de Medio Ambiente. Son las bajas que se ha cobrado ya el caso del cártel del fuego dentro de la administración andaluza. Desde que comenzaron las investigaciones del Juzgado de Instrucción número ocho, liderado por la jueza María de los Reyes de Flores, sólo se había imputado al jefe de contratación, Antonio Martínez, por supuestamente ignorar la colusión de varias aeronáuticas en un concurso de lucha aérea contra el fuego en el que había 70 millones de euros en juego.
Desde que Martínez declaró como investigado en febrero de 2016, sólo se habían producido imputaciones entre los empresarios que conforman la trama del cártel del fuego, como el presidente, Miguel Ángel Tamarit, y el vicepresidente, Gustavo Almagro, de Faasa, la empresa de helicópteros cordobesa.
Ahora le ha tocado su turno a la política. La jueza ha apuntado alto: al director general de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, Javier Madrid. El próximo 25 de octubre tendrá que acudir a sede judicial en calidad de imputado junto al subdirector del Infoca, Manuel Delgado, y el interventor delegado de dicha consejería, Ángel Francisco Pérez.
Una asesora del Infoca, Dolores López, y el exdirector del Infoca, Ernesto Esteso, conforman los imputados de la administración andaluza que tendrán que declarar por su supuesta implicación en este caso de corrupción que se investiga desde hace dos años y que supuso en noviembre de 2016 que Esteso tuviera que dimitir tras un duro informe de la policía judicial.
La Consejería “confía en los criterios del personal funcionario”
Desde la Consejería de Medio Ambiente señalan que van a colaborar con la justicia y que confían “en los criterios del personal funcionario que formaba parte de la mesa de contratación”. La Junta pidió en diciembre de 2016 que se archivara la causa. No ha sido así y, además, la jueza se ha visto obligada a abrir diligencias por indicios de prevaricación en los concursos de helicópteros del 061.
Caso cártel del fuego
La trama de empresas aeronáuticas que supuestamente manipulaban los concursos de lucha aérea de España, Portugal, Italia y Chile se lleva investigando desde hace más de dos años a través de dos juzgados de instrucción en Sevilla y Sagunto (Valencia). En el caso de Sevilla, las pesquisas policiales han ido avanzando hasta llevar ante el juez a empresarios, altos cargos y técnicos de la Junta de Andalucía.
Todo comenzó en un concurso en el que debían adjudicarse 70 millones de euros en cinco lotes. Un funcionario presente en la mesa de contratación denunció que veía indicios de colusión (acuerdo entre empresas para manipular concursos públicos) y que había que denunciarlo ante la Agencia de Competencia. Al ser ignorado por sus superiores, se sintió en la obligación de denunciar en los juzgados.
Lo que comenzó como una denuncia puntual llevó a la policía a una trama mucho mayor: las cuatro empresas implicadas en el concurso andaluz estaban relacionadas con la trama nacional instruida en aquel momento por el juzgado valenciano. Dicho juzgado se inhibió en diciembre del año pasado y envió el caso a la Audiencia Nacional, debido a las múltiples implicaciones regionales e internacionales.
En el auto de inhibición, el juez definió como “organización criminal” a las 14 empresas implicadas y dedujo, por los documentos que obraban en su poder, que el cártel había ganado al menos 277 millones de euros manipulando concursos públicos. El germen de dicha “organización criminal” se había plantado en Palma del Río (Córdoba), sede de Faasa, por el Grupo 6: Avialsa y las andaluzas Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao, a las que se unirían posteriormente Cegisa y Trabajos Aéreos Extremeños (Taex).
El juez valenciano imputó a más de 20 personas. Entre ellos se encuentran no solo los empresarios del Grupo 6 y el resto de compañías aeronáuticas, sino representantes de la Asociación Española de Compañías Aéreas y políticos valencianos, como Serafín Castellano o Pedro Hidalgo, y catalanes (Xabier Palmés, Manel Bosch y Ramón Dinares). Desde entonces, no se había imputado a ningún político en ninguna de las dos instrucciones. La jueza sevillana envió en julio una parte de la instrucción a la Audiencia Nacional.
