El entierro de José Utrera Molina: primer reto complicado para la recién aprobada Ley de Memoria Democrática
La polémica por el Cara al sol cantado por un grupo de falangistas brazo en alto en el entierro el pasado fin de semana del exministro franquista José Utrera Molina en Nerja (Málaga) ha reabierto el debate sobre la memoria histórica para el que Andalucía cuenta además con su propia ley, en vigor desde no hace todavía un mes. Sobre todo, porque en este caso hay otro ingrediente: la delgada línea que separa lo ocurrido en un acto tan privado como un funeral y la ilegalidad de la exaltación del fascismo.
Si ya era complicado que los partidos se pusieran de acuerdo en dicha ley para superar fronteras como la del supuesto valor artístico de ciertos monumentos o grabados en edificios, mucho más en este suceso, donde los hechos en cuestión se produjeron en presencia del exministro de Justicia y yerno del fallecido, Alberto Ruiz Gallardón, lo que ha servido a sus rivales para ir contra un PP que no se siente cómodo con estos temas.
Es más, la cuestión es tan delicada que inicialmente fuerzas como Podemos e IU han reprochado “tibieza” a la Junta de Andalucía, a quien acusan de no salir al paso tras conocerse los hechos y producirse las primeras reacciones, e incluso este miércoles todavía había diputados del PSOE que no sabían muy bien cómo responder a la prensa sobre lo ocurrido y hablaban de no meterse “en un entierro”.
Con ley pero sin reglamentos
“Las administraciones de Andalucía, en el marco de sus competencias, prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del golpe militar o del franquismo, u homenaje o concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que apoyaron el golpe militar y la dictadura”, reza textualmente la Ley de Memoria Histórica de la comunidad autónoma.
Esto es, a juicio de Podemos e IU, suficiente para tomar medidas con lo ocurrido. No lo tiene tan claro la Junta de Andalucía, que primero ha remitido el caso al Gobierno de España y luego ha confirmado que se ha encargado a los servicios jurídicos un informe para ver qué se puede hacer dado que con una ley que no ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) hasta el pasado 28 de marzo ni siquiera está todavía su desarrollo reglamentario.
Por ello, ha sido este miércoles cuando la consejera de Cultura y por tanto responsable de memoria histórica ha decidido mostrar contundencia. Rosa Aguilar ha revelado también que se ha enviado una carta a la Subdelegación del Gobierno en Málaga para que les diga “si va a llevar a cabo alguna actuación al respecto, que desde nuestro punto de vista debiera hacerlo”. Desde su punto de vista, debería porque entiende que “se ha incumplido el artículo 32 de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía”.
Las juventudes socialistas, los primeros
La diputada del PSOE María Márquez ha declarado que el partido respalda “todas las acciones que ha anunciado la consejera”. Como también ha hecho con la iniciativa que el mismo domingo tomó Juventudes Socialistas de España (JSE) con su intención de elevar los hechos a la fiscalía. “Ha sido la primera organización en España que se ha manifestado este tema para que la fiscalía nos diga si es un hecho constitutivo de delito o no”, ha apuntado tras conocerse este miércoles que Podemos anunciaba a su vez que también denunciaría en el ministerio público.
“Fue un insulto a la inteligencia colectiva en este país y el PP debe dejar de ponerse de perfil en situaciones que son gravísimas. Ya lo hizo cuando se abstuvo con la ley; luego con los Presupuestos Generales del Estado que por quinto año consecutivo destinan 0 euros para memoria histórica, metiendo la ley de 2007 en un cajón para evitar la reparación; y ahora con este tema. Debe salir públicamente a decir qué es lo que piensa y más cuando allí hay una persona que ha sido ministro del PP”, critica.
Con esto, el PSOE intenta que otras fuerzas, especialmente Podemos, no se le adelanten en la condena de los hechos, apuntando incluso a Susana Díaz. De hecho, a primera hora de este miércoles lo hacía el también diputado Jesús de Manuel: “Susana Díaz está muy preocupada por el auge de la extrema derecha en Francia mientras en Andalucía asiste impasible al incumplimiento de la ley”. No dudaba éste tampoco en recordar que Susana Díaz defendió la abstención para la investidura de Mariano Rajoy, líder de un PP con dirigentes que “hacen comprensible por qué en España no hay un auge de la ultraderecha” como en otros países de Europa.
Tanto estas afirmaciones como las palabras del líder de IU, Antonio Maíllo, pidiendo que la Junta de Andalucía “tome cartas en el asunto y que no chifle ni silbe” porque lo ocurrido “va contra la ley”, han molestado a los socialistas, que como se ha referido, han señalado hacia los populares y su silencio.
De hecho, la portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, respondía a la prensa sobre el asunto: “Estamos en lo que estamos, en los problemas reales que le preocupan a los andaluces”. Para luego corregirse tras la insistencia de los periodistas: “Lo que no quiere decir que éste no sea un problema adicional por el que nos tengamos que preocupar”.
Paradójicamente, la impasibilidad mostrada hasta el momento por la Delegación del Gobierno de Andalucía choca con la contundencia con la que su responsable, Antonio Sanz, actuó recientemente contra las banderas republicanas que izaron varios consistorios, comenzando por el Ayuntamiento de Cádiz gobernado por el alcalde de la fuerza alineada con Podemos, José María González.
