Sindicatos y patronal, desconcertados con la concertación social
Este 2014 será un año perdido para la concertación social después de que el VII Acuerdo de Concertación Social expirara el 31 de diciembre de 2013 y la Junta de Andalucía, los sindicatos y la patronal no se hayan sentado a negociar todavía. Ni antes del verano, como se anunciaba a comienzos de año, ni en septiembre, como se prometía cuando llegaron las vacaciones. El plazo que se da ahora la Consejería de Economía, que debe liderar este proyecto, es para después de los presupuestos autonómicos -que deberían pasar por Consejo de Gobierno a finales de octubre- aunque los agentes sociales entienden que es una “excusa” más.
El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, vincula el hecho de que no se haya iniciado el tema con que “la Junta de Andalucía no ha ofrecido nada”. Y CCOO-A “no se va a sentar a negociar nada mientras no haya una propuesta sobre la mesa porque no nos interesa la foto de la concertación social”. En este sentido, desde CCOO-A entienden que el Gobierno de Andalucía “está incómodo con las exigencias que conlleva un pacto de este tipo” y por eso está “dejándolo morir”.
En términos parecidos se expresa la secretaria de Institucional de UGT-A, Carmen Barrera, quien insiste en que su sindicato quiere “colaborar” pero entiende que “la Junta de Andalucía ya debió sentarse a negociar hace tiempo”. No es sólo la concertación social, continúa, “sino que no se está negociando ninguna política socioeconómica, y estamos verdaderamente preocupados”.
En la misma línea, los responsables de los dos sindicatos mayoritarios trasladan su malestar por el hecho de que los planes que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía, por ejemplo en materia de creación de empleo, “no tengan ningún tipo de evaluación”, por lo que no conocen sus resultados. “No es por falta de voluntad de nuestro sindicato, pero lo cierto es que hasta la fecha no hay nada”, recalca Carmen Barrera.
El diálogo “no avanza”
La última negociación entre las partes fue la Agenda por el Empleo 2014-2020, aprobada el pasado mes de julio para su trámitación por el Parlamento de Andalucía. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, aseguraba que era el primer paso para la concertación social. Y desde su departamento confirman que será el marco sobre el que se debatan todas las políticas en materia de economía y empleo. Es más, la concertación social tal y como se ha entendido hasta la fecha no tiene cabida, según fuentes de esta consejería, que aseguran que la planificación es “a siete años vista”, en función de los fondos europeos.
Desde la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el otro pilar tradicional en este diálogo, su presidente, Javier González de Lara, reconoce que, hoy por hoy, la concertación social está guardada en el cajón: “Está paralizada”. Más aún, asegura que no le preocupa que así sea: “No se avanza, no porque no haya voluntad de las partes, sino sencillamente porque no se ha producido un inicio formal de la misma, por lo tanto no lo digo con espíritu crítico, sino a la espera de que haya una agenda de trabajo”. Él apuesta por “el diálogo social, que es el que ha dado tantísima estabilidad a nuestro país”.
Eso sí, su apuesta no parece llegar a tanto como para incitarle a liderar el proceso: “Nosotros estamos esperando a que la Junta de Andalucía nos convoque. Es el procedimiento lógico y natural que sea ella. Hemos tenido algún contacto previo, pero poco más”. De hecho, el presidente de la patronal no tiene empacho alguno en reconocer también que no negocia nada con la Junta de Andalucía desde que se firmó la citada ECA, para traer fondos europeos. “Desde entonces no hemos tenido más conversaciones”, afirma.
Es importante señalar que la concertación social ha tocado ser debatida en un mal momento para los agentes protagonistas. Por un lado, la Junta de Andalucía ha planteado abrirla a otros agentes, como los representantes de la economía social o los consumidores, propuesta que no ha sido bien recibida por los clásicos. Y por otro, tanto fuerzas sindicales como la patronal andaluza se encuentran, en general, inmersos en escándalos que han derivado en investigaciones en los juzgados, fundamentalmente relacionadas con el uso de subvenciones destinadas a la formación. Estas circunstancias parecen retrasar la esperada reunión entre los agentes sociales y tienen paralizado un acuerdo con el que, todos coinciden, sirve para poner en marcha medidas que propicien el incremento de la productividad y por tanto la generación de empleo en la comunidad autónoma.
