La Junta de Andalucía rectifica y controlará el teletrabajo de los empleados públicos

El Consejo de Gobierno ha decidido que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre el acuerdo de la Junta de Andalucía con los sindicatos para sortear la sentencia que la pasada semana tumbó la jornada laboral de las 35 horas semanales en vigor para sus empleados públicos desde enero. De este modo, ha evitado aprobar este martes el decreto con el que prevé paliar los efectos de dicho fallo estableciendo la posibilidad de computar dos horas y media de trabajo no presencial o de formación hasta completar las 37,5 que el Gobierno de España estableció en 2012.

Con ello, se compromete a no despedir a los más de 7.000 contratados el último año para cubrir las dos horas y media menos de trabajo que se fijaron para los empleados públicos en la comunidad autónoma, volviendo a un derecho que se anuló en 2012 y que había sido adquirido en 1999. Todo ello pese a que sendos precedentes en Castilla la Mancha y País Vasco, e incluso en el Ayuntamiento de Madrid, evidenciaron que el Gobierno de España recurriría la medida por tener las competencias en la materia.

En cualquier caso, el Gobierno de Susana Díaz quiere asegurarse de que el TC no ve problemas en esta fórmula que ha ideado: la de volver a las 37,5 horas pero computando el teletrabajo o la formación para las dos y media extra. El portavoz del Gobierno de Andalucía, Juan Carlos Blanco, ha reconocido que es a iniciativa propia, dado que la sentencia del TC no les obliga a presentar para su revisión esta solución que se quiere establecer también por decreto, pero con ello se garantizan que el Gobierno de España no vaya a recurrirlo también.

Es más, pese a que el pasado lunes la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, dijo que no se establecería un mecanismo para controlar ese teletrabajo, finalmente se ha reculado. El Consejo de Gobierno ha instado también a la Consejería de Hacienda y Administración Pública a establecer medidas para ello. El portavoz lo ha justificado por la necesidad del “máximo rigor”. Eso sí, no ha querido desvelar cómo cree que se podrá controlar si los empleados públicos están trabajando esas dos horas y media desde casa.

De momento, el acuerdo de la Junta de Andalucía con los sindicatos es que la jornada laboral de los empleados públicos en Andalucía -salvo los de la Consejería de Justicia- no excederá de las 35 horas presenciales. Las otras dos horas y media computarán como trabajo efectivo pero no serán de obligada presencia en el puesto.

“No hay un sólo resquicio. El Gobierno de Andalucía no deja de acatar nada”, ha asegurado el portavoz, quien ha negado que hayan recibido un informe de los servicios jurídicos sobre el acuerdo con los sindicatos cuando se le ha preguntado que por qué reculan en este sentido.

“En el cómputo, 35 horas serán de obligada permanencia en el puesto y las dos y media restantes, hasta completar las 37,5, se dedicarán a la preparación, organización de tareas, consulta e información de materias relacionadas con la actividad laboral, además de a la formación para el perfeccionamiento y desarrollo profesional”, ha explicado. La misma consejería “realizará el seguimiento para su cumplimiento”.

En el personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS), se mantendrán los turnos aprobados y no se alterarán las retribuciones de jornada complementaria. En la docencia, se reorganizarán las tareas manteniendo las 20 horas lectivas y considerando como tales una hora de guardia este curso y dos en el 2018-2019 para el caso de infantil y primaria, que no las tenían contempladas como sí ocurre en secundaria. El horario de no obligada permanencia pasa de 5 a 7,5 horas.