La Junta de Andalucía rescindirá su contrato con las empresas que acumulen más de dos meses de impago de nóminas

El Consejo de Gobierno aprobará en los próximos días la guía de cláusulas sociales y medioambientales que, cuando entren en vigor, deberán ser incluidas en los pliegos para los contratos que la Junta de Andalucía firme con empresas para la adquisición de bienes o servicios, y que desde este lunes tiene el visto bueno de los principales sindicatos y la patronal.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha presidido la firma del acuerdo entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por un lado, y los sindicatos UGT-A y CCOO-A y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), por otro, para que se valore en los contratos públicos a las empresas comprometidas con el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la protección del medioambiente.

La guía [íntegra en este enlace] recoge por un lado cláusulas que serán de obligatoria inclusión en los pliegos y, por otro, recomendaciones para facilitar la toma de decisiones a los órganos de contratación, entre otras cosas para resolver un empate.

Por poner tres ejemplos: si se trata de contratar coches oficiales de la Junta de Andalucía, se primará a la empresa que ofrezca en su flota un mayor porcentaje de vehículos eléctricos; si se opta a la instalación de máquinas expendedoras, tendrán ventaja los licitadores que incluyan en las mismas alimentos o bebidas procedentes de comercio justo en un mayor porcentaje; y si se concurre a la licitación de un servicio de limpieza, puntuará más en proporción de la apuesta por emplear productos con ecoetiquetas.

Obligatorias

Éstas son las principales con carácter obligatorio:

Prohibición de contratar con empresas que con su oferta no garanticen un sueldo a sus trabajadores conforme a lo fijado en los convenios colectivos de cada sector. Se pondrá por ello especial atención en las ofertas que resulten desproporcionadas o anormales a la baja.

El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se considerará que se incumple la citada condición cuando se produzca un retraso o impago en el abono de las nóminas en más de dos meses, motivo también para rescindir el contrato.

Quedarán excluidos los licitadores que incumplan la legislación medioambiental y por delitos contra los trabajadores. En concreto, refiere a empresas que hayan sido objeto de sanciones muy graves en materia medioambiental, en material social o por acoso laboral.

Los licitadores que tengan 50 o más trabajadores en plantilla estarán obligados a contar con, al menos, un 2% de personas con discapacidad en la misma.

Los que tengan más de 250 empleados deberán acreditar la elaboración y aplicación del plan de igualdad al que ya les obliga la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Para los contratos de suministro de papel se deberá contar con ecoetiquetas y certificados de gestión sostenible. Se deberá acreditar mediante la presentación del certificado correspondiente que la madera utilizada en la elaboración del papel procede de bosques de gestión sostenible certificada y/o comercio justo.

Será motivo de resolución de contrato el incumplimiento de la obligación de transparencia fiscal y expresamente la utilización de domicilios para la tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales establecida por la OCDE, bien sea de forma directa o a través de filiales.

También deberán cumplir con sus obligaciones de pago a los subcontratistas, para lo que se le podrá requerir la información que lo acredite.

En el caso de contratos de servicios relacionados con menores las empresas deberán presentar una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales que garantice que en su personal no hay condenados por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual.

Recomendadas

Entre las recomendadas para sacar más puntuación, citamos las siguientes:

Puntos extra para los licitadores que presenten medidas concretas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar que mejoren los mínimos fijados por ley.

También por la impartición de cursos relacionados con el objeto del contrato para el personal que se encargará de ello.

Se valorará a los licitadores que asuman destinar un porcentaje del importe de adjudicación a financiar proyectos de interés social y solidarios.

Igualmente, a aquellos que se comprometan a subscribir acuerdos de colaboración con el tejido asociativo local.

Se puntuará también a los que se comprometan a subcontratar para la ejecución del contrato con centros especiales de empleo o empresas de inserción legalmente constituidos.

Habrá puntuación por cada puesto de trabajo creado o a crear por cuenta ajena, con duración igual o superior a un año, a jornada completa o parte proporcional siempre que dicha jornada sea igual o superior al 50%.

También, en menor medida, por cada puesto de trabajo creado o a crear por cuenta ajena con duración inferior al año a jornada completa o parte proporcional siempre que dicha jornada sea igual o superior al 50%.

Se valorará el compromiso, en aquellos sectores con menor índice de ocupación femenina, de contratar a un mayor número de mujeres.

¿Qué son personas con dificultades para la inserción laboral?

En la guía se habla de personas con “dificultades para la inserción laboral” en las que se incluyen las siguientes:

El documento, de 69 páginas, se remite a la normativa autonómica, estatal y europea en materia de respeto a los derechos laborales y de protección del medioambiente. Y también a la legislación en la que ya trabaja la Junta de Andalucía, como el proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que prevé que un 5% de la contratación pública se reserve a centros especiales de empleo y que en caso de empate entre varias proposiciones se prime a la que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla, y el anteproyecto de Ley contra el Cambio Climático de Andalucía, que valora las ofertas de empresas que dispongan de la Huella de Carbono de los productos o servicios objeto de las licitaciones.

Una guía con muchos precedentes

De hecho, esta guía viene a unificar otras recomendaciones que ya se habían hecho desde las consejerías. Por ejemplo, en 2006 la Consejería de Medioambiente publicó la 'Guía para la contratación pública responsable en Andalucía'; en 2011, la Consejería para la Igualdad y Bienestar editó 'Cláusulas sociales: dossier para la contratación pública sostenible'; en 2013, el mismo departamento difundió su 'Guía práctica para las empresas de inserción en Andalucía: un modelo de desarrollo económico'; ese año, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) sacó la 'Guía sobre incorporación de cláusulas de igualdad en contratos, subvenciones y convenios públicos'...