La Junta de Andalucía suaviza las condiciones a los consistorios para optar a sus planes de empleo
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un decreto ley que permitirá que las administraciones locales que tengan deudas con Hacienda y la Seguridad Social o estén condenadas por despidos improcedentes, entre otras cuestiones, puedan acogerse a la financiación de los proyectos incluidos en la Ley 2/2015 de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. Dicha ley lo prohibía expresamente, pero el Consejo de Gobierno ha tomado esta decisión en respuesta a una resolución del Parlamento de Andalucía y porque cuando han pasado casi tres meses de su aprobación, los programas regulados por la ley no están teniendo la demanda deseada desde los consistorios.
En este sentido, entre las medidas incluidas en la citada ley figura el programa Cooperación Social y Comunitaria, dotado con la mayor partida de todos para 2016 (250 millones de euros) para ayudas de entre 1.300 y 1.700 euros mensuales por cada contrato que realicen los consistorios para proyectos de obras y servicios, distintos a los que llevan a cabo sus empleados municipales. El portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha insistido en que esta rebaja de las exigencias se adopta porque las administraciones locales son colaboradoras “necesarias”, ya que deben presentar los proyectos, pero sus circunstancias “internas” no deben perjudicar a sus vecinos. Una vez que este decreto ley se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), los consistorios tendrán un mes para presentar solicitudes para los proyectos con estas nuevas condiciones.
En este contexto, ha recordado que los años de crisis han dejado a unas administraciones con muchas “dificultades presupuestarias y se encuentran en situación delicada”, por lo que esto no puede traducirse “en un daño colateral” para los desempleados, en alusión a las deudas que puedan tener. Esta razón, y la de que lo haya aprobado el Parlamento de Andalucía por “unanimidad” -toda vez que esta propuesta fue respaldada por el PSOE-A y C's, mientras que Podemos y el PP-A la votaron en algún punto e IU se abstuvo- son las que, según ha recalcado, han motivado el decreto ley. “Tiene toda la lógica que la situación interna de los consistorios no pueda suponer un menoscabo para las personas en desempleo”, ha defendido.
La ley aprobada el pasado 29 de diciembre de 2015 contemplaba que no podían ser beneficiarios de este programa las personas o entidades con deudas con Hacienda y la Seguridad Social, ni tampoco las condenadas o sancionadas -siempre en firme- en los últimos tres años por incumplimiento grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, como tampoco los casos de condenas por despido improcedente o nulo en el año previo a la convocatoria. Igualmente, descartaba a las personas o entidades sancionadas o condenadas por tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación.
Otra modificación incluida en el decreto ley hace referencia a los incentivos para la contratación indefinida de mayores de 45 años, donde se incorpora como “colectivo prioritario” a desempleados como consecuencias de ERE (expediente de regulación de empleo).
Igualmente, se introduce la posibilidad de que el personal laboral propio del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) realice tareas de atención a los desempleados, como la inscripción, clasificación y actualización de las demandas, el diseño de itinerarios personalizados o la gestión de ofertas. Eso sí, la gestión de los registros y la dación de fe pública quedan reservadas a los funcionarios. Con ello, la Junta de Andalucía comienza a otorgar tarea a todos esos trabajadores que ha tenido que asumir en el SAE, tanto por la integración en el mismo de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) como por sentencias de los tribunales de conflictos laborales como los de los ALPE y Memta, que han declarado nulos sus despidos.
En total, la Junta de Andalucía prevé destinar 396 millones de euros en 2016 para estas medidas de generación de empleo, que se suman a los 25,54 invertidos el pasado ejercicio. Sus cálculos son que con esta ley se generen 60.000 empleos. En esta ley están regulados programas como el citado de Cooperación Social y Comunitaria, con los 250 millones de euros referidos, el Bono Joven, el Emple@Joven y el Emple@30+, entre otros.
