La Junta de Andalucía propone suspender los regímenes de visitas a los maltratadores “estén o no condenados”
El Gobierno de Andalucía ha propuesto este martes que se suspendan los regímenes de visita a los hijos para los maltratadores, “hay sido o no condenados”, y siempre basándose en indicios más contundentes que una denuncia. Lo ha precisado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, tras haberse aprobado por parte del Consejo de Gobierno la reclamación de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género tras una semana que se ha cerrado con nueve crímenes machistas en España. Cree que esto es urgente y no puede esperar a que se logre el mismo, y se ha referido a la treintena de menores de 16 años asesinados en España por sus progenitores en ausencia de la madre en la última década.
Ha matizado que se está hablando de casos que no se basan “en una simple denuncia, sino en indicios ciertos”, que entiende que pueden ser controlados por los servicios de protección de la mujer y por los informes de la policía. Ha reiterado su preocupación por los niños asesinados por sus padres “para vengarse de sus madres a las que no tenían acceso porque estaban en centros de acogida”. Ha reconocido que para ello habría que cambiar la ley, pero entiende que esto que puede hacerse vía parlamentaria si hay intención. “Hacemos una propuesta y la tendremos que formalizar a través de los órganos correspondientes para que se tenga en consideración”, ha dicho.
Otra de las medidas que la Junta de Andalucía cree urgente es establecer protocolos de seguimiento para los casos de mujeres que ponen una denuncia y luego la retiran, de forma que “dejan de estar en el punto de mira”. Ha incidido con ello en las víctimas con las que “se baja la guardia”, si bien no ha precisado cómo se podría trabajar con ellas para evitar que acaben asesinadas, “como ha ocurrido muchas veces”.
Estas propuestas, junto a la exigencia de que sea restablecida la asignatura de educación para la ciudadanía por sus valores en la educación por la igualdad y la visibilidad de las otras víctimas, “no sólo los hijos, sino otros familiares, y los amigos”, las ha fijado como de necesidad “inmediata”. Lo ha hecho tras presentar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que la Junta de Andalucía pondrá sobre la mesa de Mariano Rajoy, junto a otro en defensa de la Ley de Dependencia, igualmente ratificado este martes, y en los dos casos con la intención de que participen todos los partidos y agentes sociales.
En este contexto, lo prioritario para la consejera es que en los dos casos se dé marcha atrás en los recortes. Ha recordado que en el caso de la dependencia, la Administración General del Estado (AGE) ha pasado de poner el 50% de la financiación a un 22%, recayendo el 78% restante en las comunidades autónomas. Para Andalucía es especialmente costoso, dado que por cuestiones demográficas, soporta la cuarta parte de los dependientes de país: 179.413 personas según los últimos datos de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Mientras, los recortes en violencia de género los ha cifrado en un 17% desde 2011, y en un 37% en políticas de igualdad. “Los retrocesos en igualdad inciden directamente en los índices de violencia de género”, ha subrayado María José Sánchez Rubio.
Contenido de los dos pactos
Sobre éste, ha explicado que “es un borrador de propuestas mínimas que elaboramos desde Andalucía” porque en este tema “es necesaria una inversión constante y una alianza permanente”. Los principios básicos que proponen en dicho documento son tres: que la violencia de género sea una prioridad constante y dotada con la financiación suficiente; políticas sectoriales y transversales, que abarquen la educación, pero también la salud, el ocio, las TIC...; y una estabilidad que garantice el mantenimiento de la red de protección, incluidos los centros municipales de la mujer que “son la puerta de entrada” y se han visto tocados por la reforma de las administraciones locales que hizo el Gobierno de la Nación. Este compromiso conllevaría “más coordinación entre todas las instituciones” y una comisión de seguimiento para velar por su cumplimiento.
Respecto a la propuesta de un Pacto de Estado por la Dependencia, María José Sánchez Rubio ha expuesto que es vital hacerlo en un momento “en el que los partidos se están pronunciando sobre cómo proteger este derecho de la ciudadanía” por encontrarse en precampaña. Ha reiterado que los recortes han “asfixiado a las comunidades autónomas” y están haciendo “prácticamente inviable que se puedan asumir los retos pendientes en la materia, si no se modifica el sistema de financiación”.
Los siete puntos que recoge esta propuesta parten de la necesidad de un “consenso” porque “hay hasta 17 modelos”, uno por cada territorio, de manera que se vuelva a su diseño de 2006. En primer lugar, la Junta de Andalucía plantea que contemple que el modelo sea tratado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para otorgarle unos recursos que garanticen su “universalidad”. En segundo lugar, incide en la necesidad de garantizar la profesionalización del servicio. En el tercer eje se plantea el compromiso de que se afiance el carácter público del sistema, es decir, que se lleve desde las administraciones la valoración que establece el grado de dependencia, la prescripción del servicio y su inspección, “sin menoscabo” del papel de las entidades privadas.
Por otra parte, recoge como “imprescindible” un nuevo baremo “más preciso e idóneo” a la hora de valorar a las personas en situación de dependencia “porque el que tenemos es como el de la Virgen de Lourdes, que ha hecho que haya gente muy afectada que no lo supere”. El quinto punto pasa por simplificar el procedimiento en sus distintas fases para cumplir los plazos y que desde la solicitud hasta el acceso al servicio no se superen los seis meses. Igualmente, se busca la coordinación de los servicios sociales y los sanitarios. Por último, se propone que quede recogido que cualquier reforma de la Ley de Dependencia pase por el Congreso de los Diputados“.
