Andalucía acuerda con los sindicatos cumplir las 37,5 horas contabilizando trabajo no presencial

La Junta de Andalucía ratificará este martes en Consejo de Gobierno el acuerdo alcanzado este lunes con los sindicatos de la Mesa General de Negociación Común que tendrá la figura de decreto y que permitirá cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos andaluces.

Según el acuerdo alcanzado por Junta y sindicatos, la jornada laboral en la Junta será de 37,5 horas, de las que 35 serán horas presenciales y habrá media hora diaria para tareas de formación y preparación de tareas. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha explicado que este acuerdo será de aplicación “inmediata” para toda la administración andaluza y no supondrá sobrecostes.

Montero se ha reunido con dirigentes del área pública de los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, con los que ha alcanzado un acuerdo por el que acata la sentencia del TC, que todos los firmantes respetan aunque consideran “negativa” para los empleados públicos, y que tendrá su cobertura legal con la ratificación por parte del Consejo de Gobierno.

La consejera no contempla que este acuerdo sea recurrido por el Gobierno, alegando la competencia de la comunidad autónoma en materia de organización de la jornada del trabajo y al hecho de que el Ejecutivo central “no tiene ningún elemento al que agarrarse para impugnar el acuerdo”, toda vez que “en algunos sitios ya se hace, como AENA, con media hora de cortesía para los trabajadores que lleguen antes”.

Este reconocimiento normativo de estos tiempos de dedicación no presenciales “que ya se venían haciendo” suponen “una aspiración sindical histórica”. Según ha explicado, el acuerdo establece que la jornada general ordinaria de trabajo será de 37,5 horas semanales, de las que 35 horas serán de obligada permanencia en el puesto, mientras que las 2,5 horas restantes se dedicarán a la preparación y organización de las tareas propias del puesto, consulta de materias, formación para el reciclaje, perfeccionamiento y desarrollo profesional y cursos 'on line', tareas que “se venían realizando, quitando tiempo del ámbito familiar y de ocio, pero no computaban como jornada y ahora sí”.

BENEFICIOS

Montero ha defendido los beneficios de la “flexibilidad horaria” para la conciliación de los trabajadores. Asimismo ha aludido a su relación con la calidad de los servicios y permitirá mantener los 7.000 puestos de trabajo obtenidos con la aplicación de las 35 horas.

También se ha referido al “cambio de paradigma” en plataformas de formación de la Junta, aumentados con formación no presencial.

La consejera ha asegurado que el acuerdo contempla el compromiso expreso de no destruir empleo, de modo que se mantendrá el personal contratado en 2017 con la implantación de las 35 horas. Asimismo, el reconocimiento de tareas y la jornada presencial de 35 horas semanales no producirán cambios en las planillas y horarios de los empleados públicos andaluces. En el ámbito sanitario, se mantendrán los turnos y no se alterarán las retribuciones de jornada complementaria.

Respecto al personal docente, se reorganizarán las tareas de la jornada lectiva de forma que, manteniendo las 20 horas, en este curso se considera lectiva una hora de guardia y dos en 2018/2019. El horario de no obligada permanencia pasa de cinco a 7,5 horas. Ha indicado que educación se venían “incorporando a la jornada corrección de exámenes, preparación de clases y tutorías, ahora reconocidas en el decreto”.

La medida, de la que se benefician 250.000 empleados públicos, será “transitoria” hasta que el Gobierno central “regule de forma general 35 horas” y permite “cumplir de forma religiosa con la sentencia del TC”.

En cuanto al control del cumplimiento de la jornada, ha explicado que se hará de forma similar a como se hace el sector docente actualmente.

LAS 35 HORAS, “CONQUISTA DE LOS TRABAJADORES”

Montero ha lamentado que no se pueda continuar con la jornada de 35 horas, “una conquista de los trabajadores públicos andaluces”, que se puso en marcha en 1999 y que fue suspendida en 2012 con las medidas ante la crisis del Gobierno, que tenían un carácter “transitorio”. El 1 de enero de 2017 en Andalucía ha sido restituida tras ser acordada con los sindicatos, dentro del calendario de recuperación de derechos.

Asimismo, ha recordado que “nunca ha habido uniformidad en la jornada laboral de las administraciones, lo que no justificaría el argumento del Gobierno de que había una quiebra en la igualdad de trato, eso no es cierto”. Ha precisado antes de 2012 había nueve comunidades con 35 horas, el resto 37,5 horas, igual que el Estado.

“Había un marco común donde el Gobierno establecía una jornada máxima de 37,5 horas, y la mínima era fruto de negociación colectiva; nunca hubo igualdad de jornada y nunca estuvo regulada la mínima”, ha aseverado Montero.

Por ello, ha exigido que se repongan los derechos suspendidos y que los PGE de 2018 recuperen las 35 horas para el Estado“.

“Parece que el Gobierno central ha aprovechado la crisis y ha querido utilizar una medida transitoria y convertirla en estructural, cuando ahora que hay recuperación toca devolver derechos; esperemos que no quiera dar un paso atrás y no tenga la tentación de llevarse para siempre la jornada de 35 horas”, ha añadido.

Montero ha lamentado que “en verano ha habido un antes y un después en la posición del Gobierno” y ha criticado que “el PP-A, con Sanz y Moreno, nos ha hecho creer que era sensible a las 35 horas”.

Ha lamentado que “ni Báñez ni Montoro han dicho nada”, pero ha apuntado que el ministro de Justicia, Rafael Catalá “ha reconocido que las comunidades autónomas tenemos flexibilidad”, de forma que “la comunidad tiene competencia exclusiva en organización del trabajo”.

“Es difícil saber si el Gobierno va a cambiar de opinión, pero no creo que vaya a recurrir, debe respetar la capacidad autoorganizativa”, ha aseverado Montero, quien cree que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, “no puede permanecer con la cabeza debajo del ala; no sé si no influyó o ni siquiera intercedió sobre las 35 horas”, ha añadido.

POSICIÓN DE LOS SINDICATOS

Por su parte, el presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, quien ha mostrado “tristeza” por la sentencia del TC, ha rechazado que el Gobierno “se haya metido en regular la jornada mínima”, ha valorado el acuerdo “imaginativo” adoptado para acatar la sentencia del TC “pues hay obligación a una formación continua y permitirá la conciliación”.

“En Andalucía 7.000 empleos no pueden verse suprimidos por una cabezonería del Gobierno, que no ha tenido ni voluntad ni sensibilidad política, pero la medida acordada ayuda a que no se destruya ni un solo puesto más”, ha añadido Heredia, quien espera que en los próximos PGE se aprueben las 35 horas “que seguiremos exigiendo para todo el Estado”.

El secretario general de FSC CCOO-A, Agustín de la Cruz quien ha calificado de “muy negativa” la sentencia del TC, cree que “no tiene sentido el Gobierno mantenga las leyes de excepción de 2012”.

De la Cruz ha recordado que ese computo de las actividades que se hacen fuera del puesto y en el domicilio “es una reclamación desde hace mucho tiempo”. “Es correcto el planteamiento de la Junta, pues, de lo contrario, habría que despedir plantilla”, ha añadido.

El secretario general de FeSP UGT-A, Antonio Tirado, ha valorado el acuerdo alcanzado, con el que “se cumple la sentencia del TC y se permite mantener los 7.000 empleos creados hace un año, mejorar los servicios públicos y conciliar la vida familiar y laboral”.

Tirado ha dejado claro que “con sentencia o sin ella, los empleados públicos padecen importantes diferencias de jornada entre comunidades”.