La Junta somete a información pública durante 15 días el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática

La Junta de Andalucía someterá a información pública, a partir de este martes y durante un plazo de 15 días, el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, lo que significa poner a disposición de las personas interesadas el texto del anteproyecto, en formato papel, en la sede de la Dirección General de Memoria Democrática de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, así como en el portal web de la Junta.

Según se publica este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), recogido por Europa Press, las alegaciones que se deseen formular al anteproyecto se podrán realizar preferentemente en el Registro General de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, ubicada en la Plaza Nueva, número 4, de Sevilla.

La Dirección General de Memoria Democrática aprobó el pasado día 19 de marzo una resolución sobre la apertura del trámite de información pública en relación con el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que entrará en vigor a partir del día siguiente de la publicación de esta resolución en el BOJA.

El alcance que con respecto a la ciudadanía andaluza puede desplegar este anteproyecto en el caso de su aprobación definitiva como ley por el Parlamento hace conveniente, según se apunta en la citada resolución, que el texto del anteproyecto se someta a difusión general, al objeto de que la ciudadanía, personalmente o a través de organizaciones y asociaciones que la representan, lo conozca y pueda realizar las observaciones que sobre su contenido estime de interés.

EL ANTEPROYECTO DE LEY

Como se recordará, el pasado día 11 de marzo el Consejo de Gobierno conoció el proyecto de Ley de Memoria Democrática, aprobando los trámites a realizar en el procedimiento de elaboración.

Entre otras cuestiones, esta norma prevé que la administración autonómica podrá “expropiar temporalmente” el uso de terrenos privados para hacer exhumaciones en caso de que el propietario no conceda su consentimiento, la elaboración de un “censo de víctimas de la represión” franquista en Andalucía, reconocer a Blas Infante como “represaliado” y fijar cada 14 de junio como día anual para conmemorar la memoria democrática coincidiendo con la fecha de la primera exhumación realizada en la comunidad autónoma en el año 2003.

La futura norma fija además un plazo de 18 meses para la eliminación y “limpiar” de símbolos franquistas en calles y plazas y se diferencia de la ley estatal en que “no se consideran razones artísticas para el mantenimiento de elementos de exaltación de la dictadura sobre edificios singulares o históricos”, estableciendo que en caso contrario “la Junta podrá efectuar la retirada subsidiaria”.

También está previsto un plan andaluz de memoria democrática con carácter cuatrienal para la localización, exhumación y en su caso identificación de fosas, procedimientos que se incoarán de oficio por parte de la Junta y de los ayuntamientos a instancias de familiares o entidades memorialistas. Según la información facilitada por la Junta, en este momento hay localizadas en Andalucía 614 fosas (9 en Almería, 100 en Cádiz, 69 en Córdoba, 87 en Granada, 120 en Huelva, 24 en Jaén, 76 en Málaga y 130 en Sevilla).

La norma, que el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, prevé que pueda ser aprobada por Consejo de Gobierno en el mes de junio tras pasar por todos los trámites preceptivos, establecerá el régimen jurídico de las iniciativas que se desarrollan en la comunidad para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista, bajo los principios de verdad, justicia y reparación.

Entre otras novedades, el anteproyecto amplía la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; refuerza el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; incluye su estudio en los currículos educativos, y faculta a la Administración autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal.