Un juez de Jaén dicta medidas que obligan al Ayuntamiento a reanudar la prestación de Dependencia

El titular del juzgado número 3 ha respondido a la denuncia interpuesta por la Junta de Andalucía contra el Ayuntamiento de Jaén con relación al servicio de atención a la dependencia. La administración autónoma solicitó medidas cautelares que invalidaran el decreto de alcaldía por el que se hacía efectiva la renuncia municipal a presta ese servicio. El auto del juez señala “la suspensión cautelar” de la resolución municipal e indica que debe “mantenerse la prestación del servicio de ayuda a domicilio en el marco de la Ley de Dependencia por el Excelentísimo Ayuntamiento de Jaén”. No obstante, el dictamen puede ser recurrido porque señala al final que “cabe recurso de apelación en un solo efecto”.

El juez señala que con independencia de los aspectos legales a los que apelan tanto el Ayuntamiento como la Junta, la delimitación de competencias o el “quebranto económico” que este servicio esté causando, priman “sin género alguno de dudas” los intereses de los beneficiarios de la prestación. En ese sentido, alude expresamente a “las personas afectadas de dependencia que ya tienen ese derecho reconocido, el de las que puedan acceder al mismo o el de las que haya de reactivársele este derecho”.

La Junta de Andalucía ha mostrado su “satisfacción” por la decisión judicial que resuelve a su favor el recurso contencioso administrativo que el pasado 23 de enero la consejería interpuso para reclamar las medidas cautelares. En esa misma línea, la consejería de Igualdad, Salud y Políticas sociales ha lamentado “la incertidumbre y preocupación generada por esta situación a las más de 400 personas en situación de dependencia beneficiarias de la ayuda a domicilio y sus familias”.

Procedimiento judicial

Mientras tanto, el procedimiento judicial sigue adelante. De hecho, el auto reconoce que las medidas cautelares se adoptan “sin perjuicio de la sentencia que en su momento judicial pueda dictarse”. Esta circunstancia sumada a que el auto indica que “tanto la denuncia formulada en tiempo y forma por el Ayuntamiento” como el decreto de noviembre “parecen amparados en las competencias y facultades que corresponden al Consistorio”, hacen que el Ayuntamiento interprete que el auto no sólo no lo castiga, sino que constituye “un varapalo a la Junta de Andalucía”. Además, el auto “no requiere nada nuevo al Ayuntamiento que no esté haciendo ya desde el día que quedó denunciado el convenio”, ha advertido Chamorro en alusión a las medidas cautelares que juzgado exige.

La concejal de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, entiende que la inclusión en el dictamen judicial de aspectos como “el quebranto económico” que la prestación del servicio ocasiona al Ayuntamiento significan que “la Junta de Andalucía, responsable del servicio de Dependencia, sabe que tiene que sentarse a negociar con el Ayuntamiento para establecer un nuevo convenio para la prestación de este servicio”. La semana pasada, a la vez que se conocía el recurso contencioso-administrativo de la Junta, el Ayuntamiento propuso un modelo de convenio a la Junta, sobre el que ésta aun no se ha pronunciado.

Para las trabajadoras del servicio, la resolución judicial tiene otros matices porque “hace que la actividad retome la normalidad”, ha explicado el representante de UGT, Miguel Angel Cazalilla. Interpreta que del cumplimiento del auto se derivará un aumento en el número de horas de trabajo en empleadas que, a raíz del decreto de alcaldía, habían visto reducida su jornada laboral o aquellas que vieron que su contrato no se renovaba a raíz de este conflicto.

Pagado “hasta terminar el año”

Otro factor es que esta normalización pueda facilitar que el Ayuntamiento pague a la empresa las cantidades pendientes y que, según ha explicado la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, ya se han transferido a la entidad local las cantidades pendientes “hasta terminar el año”. Lo que permitiría “que las trabajadoras cobren la nómina de enero”, ha argüido Cazalilla.

La consejera se ha referido a la situación de la dependencia en Jaén antes de que se conociera el auto judicial. Sánchez Rubio ha reiterado una y otra vez que “el ayuntamiento es competente” en la prestación del servicio. “Ante una dificultad presupuestaria, tú no puedes abandonar tus competencias. Puedes exigir que se cumpla las obligaciones de pago”, ha dicho, poco después se conocía el auto judicial que obliga al Consistorio a retomar la prestación, incluso a reanudar o completar los trámites para que se incorporen nuevos dependientes al servicio, cuyos planes de intervención estaban en el aire desde que el Ayuntamiento renunció a la prestación.