La Junta encarga un informe jurídico sobre su competencia para pedir la titularidad de la Mezquita
Después de dos semanas con el debate
público abierto sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba, la Junta de
Andalucía ha sido la primera administración en dar un paso al frente al
respecto. Este viernes, ha anunciado que ha
encargado un informe jurídico para conocer si es competente para reclamar la titularidad
pública del monumento.
La delegada de la delegada del Gobierno andaluz
en Córdoba, Isabel Ambrosio, ha explicado que esta
administración “lo que ha hecho
ha sido encargar un informe jurídico para ver si es competente“, con el fin de solicitar
la gestión o la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba.
De hecho, la Junta de Andalucía,
junto a la UNESCO, es a quien se dirige el manifiesto de la plataforma ciudadana que reclama la gestión pública del monumento. Y a ella se le solicita que intervenga con el fin de “evitar que el Obispado de
Córdoba se apropie de la Mezquita-Catedral de Córdoba“.
Ambrosio, que ha admitido que “a título
personal“ ya ha firmado el manifiesto de apoyo a la plataforma para que el monumento ”sea de todos“, ha explicado que, con
el informe jurídico encargado, la Junta ya se ha hecho eco de esta
demanda ciudadana que en poco más de dos semanas ha reunido más de 80.000
firmas a través de change.org.
En ese mismo
sentido, Ambrosio ha asegurado que si el informe jurídico señala que “le
compete a la Junta de Andalucía“ la posibilidad de reclamar la titularidad
pública del monumento, el Gobierno andaluz “hará todo lo que tenga que hacer”,
aunque no ha entrado en más detalles al respecto.
La apropiación del monumento le costó 30 euros a la Iglesia
La apropiación del monumento le costó 30 euros a la Iglesia
Cabe recordar que
fue en 2006 cuando el Obispado de Córdoba inscribió la Mezquita-Catedral
a su nombre en el Registro de la Propiedad. Apropiarse así en apariencia de
este monumento considerado Patrimonio Mundial le costó solo 30 euros gracias a dos
artículos de la Ley Hipotecaria franquista que daba categoría de administración
pública a la Iglesia católica y que posibilitó que, con la sola firma del
obispo, fuera suficiente para registrar a nombre de la Iglesia un bien público
no registrado hasta la fecha.
Pero ahora, la Plataforma Mezquita-Catedral se ha levantado
desde la iniciativa ciudadana contra esta apropiación del monumento. Las firmas
recogidas como apoyo social, la adhesión a sus objetivos de personalidades de
relevancia en el mundo de la cultura y el pensamiento a nivel estatal, así como
una hoja de ruta prevista a nivel administrativo y político, se suman a la vía
jurídica en la que se basan para señalar que la inmatriculación de la Mezquita-Catedral
por parte de la Iglesia es inconstitucional por ampararse en dos artículos de la Ley Hipotecaria franquista que van contra los principios
de igualdad y aconfesionalidad del Estado.
“Hace 30 años que la
Mezquita-Catedral de Córdoba fue declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, no
solo por su extraordinaria riqueza y complejidad sino especialmente por
tratarse de un paradigma universal de concordia entre culturas“, explican en el
texto firmado ya por miles de ciudadanos.
Y argumentan: “Ante los continuados
intentos de apropiación jurídica, económica y simbólica por el Obispado de
Córdoba, incumpliendo gravemente los principios que inspiraron dicho
reconocimiento, desde la ciudadanía pedimos la intervención de las
administraciones públicas y de la Unesco con el fin de preservar del peligro
que corre su declaración como Patrimonio Mundial“.
