La Junta concede 2.463 ayudas al alquiler por un importe de 4,3 millones a familias en situación de vulnerabilidad

En un comunicado, la Junta ha explicado que esta orden de subvenciones, que cuenta con una dotación de 4,32 millones de euros con cargo al presupuesto de este año, se nutre de fondos autonómicos y estatales y persigue “garantizar mediante alquileres asequibles el derecho a la vivienda de las familias con menos ingresos, en un contexto de fuerte desempleo y precariedad laboral”.

En ese sentido, los ingresos de los destinatarios deberán ser “inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), lo que supone unos 11.200 euros netos al año”, ha indicado la Administración andaluza, al mismo tiempo que ha explicado que dicha ayuda “garantiza que el esfuerzo económico de los inquilinos para pagar las rentas mensuales no supere el 25 por ciento de los ingresos familiares”.

La secretaria general de Vivienda de la Junta, Catalina Madueño, ha puesto de relieve “el valor de estas ayudas por el importante apoyo económico que supone para las familias más necesitadas”, y ha garantizado su continuidad para el próximo año a través del nuevo Plan Autonómico de Vivienda, en cuya elaboración trabaja ya la Consejería de Fomento y Vivienda y que “se prevé aprobar durante los primeros meses de 2016”.

Madueño ha subrayado que “este apoyo forma parte de las líneas de ayudas al alquiler que la Consejería tiene en marcha para garantizar el acceso a una vivienda a las personas con menos recursos y más dificultades”.

En este sentido, ha recordado otras líneas de ayudas al alquiler como las destinadas a las personas afectadas por los desahucios, “cuya cuantía se está tramitando su ampliación hasta los 3,8 millones para dar respuesta a todos los demandantes y cuya vigencia es de tres años”.

Las familias receptoras de las 2.463 ayudas concedidas han tenido que acreditar, mediante un informe emitido por los servicios sociales que correspondan, “que tienen dificultades para el abono del alquiler derivadas de su situación de especial vulnerabilidad en relación con su composición familiar”.

USO DE INMUEBLES CERRADOS

En dicho informe también se recoge la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos, así como otras especiales circunstancias que deban tenerse en cuenta. La secretaria ha explicado que “los miembros de la unidad familiar no pueden disponer de la titularidad o un derecho real de uso sobre ninguna otra vivienda”, y la subvención “contribuirá al pago de las mensualidades correspondientes a un año”.

“Este programa de subvenciones contribuye a combatir el 'stock' de viviendas protegidas de titularidad pública que aún se encuentran vacías en Andalucía, al permitir a las entidades que mantienen inmuebles cerrados darles uso mediante un alquiler social, ya que es la Junta la que completa la diferencia entre la renta estipulada y lo que el inquilino en situación de especial vulnerabilidad puede pagar”, ha explicado Madueño.

ERRADICAR LOS DESAHUCIOS

En esta misma línea, ha indicado que la medida también busca “erradicar los desahucios en parques públicos de Andalucía pertenecientes a ayuntamientos o entes instrumentales por motivos de impago de alquiler, ya que las subvenciones van destinadas a ayudar a sufragar esas rentas a quienes no pueden afrontarlas”.

Para solicitar estas ayudas, las administraciones públicas, los entes instrumentales dependientes de ellas y las personas jurídicas públicas con competencias en materia de vivienda, así como las entidades inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía que cuenten con declaración de utilidad pública han tenido que acreditarse como entidades colaboradoras y demostrar que tienen una bolsa de viviendas en alquiler de gestión propia destinadas a familias en situación de especial vulnerabilidad.

Según ha recalcado la secretaria general de Vivienda de la Junta, son “dichas entidades colaboradoras las que informan sobre el cumplimiento de los requisitos de las personas solicitantes y han presentado en su nombre la petición de ayudas, previa puntuación de sus condiciones y las de su unidad familiar a través de los medios y formularios facilitados por la Consejería”.

Una vez obtenida la resolución de ayuda, “las entidades colaboradoras han de descontar el importe de la renta mensual y, en su caso, el resto de la cantidad correspondiente para que el importe que efectivamente abona la persona destinataria de la ayuda no supere el 25 por ciento de sus ingresos”, ha concluido Madueño.