La Junta paralizó la construcción de VPO en 2013 a la espera de ocupar las 700.000 viviendas vacías
Más de 700.000 viviendas se encuentran vacías en suelo andaluz a la espera de ser ocupadas, según la Junta de Andalucía, una razón de peso para que la administración andaluza haya ralentizado la apuesta por las Viviendas de Protección Oficial (VPO), que han pasado de las 1.158 que se iniciaron en 2005 a las 62 que empezaron a levantarse en 2012. El 2013 se ha pasado inédito en lo referente a iniciar la colocación de ladrillos, y todo en espera de que mejore la situación económica y se cambien las prioridades. Por ello, también ha variado considerablemente el número de inmuebles con la carta oficial de fin de obra: 62 en 2005, 1.407 en 2012 y 854 en 2013.
Unas cifras frías que tienen su explicación en que, desde 2005, las gestiones realizadas para la adquisición y urbanización de suelo residencial permitieron promover muchas más viviendas de las que se habían impulsado en los años precedentes, además de que cambiaron las condiciones para que los constructores pudiesen acceder a otras fórmulas. Así, tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía facilitaban mucha más financiación que la actual para promoción de vivienda pública de la que se había obtenido hasta entonces, y se diversificó el tipo de construcción.
Una buena parte de las viviendas que se comenzaron con la tramitación de 2005 se finalizaron entre 2012 y 2013, por lo que los datos de viviendas finalizadas fueron superiores en esos años. A partir de ahí, la crisis hizo efecto en las tramitaciones casi con carácter retroactivo, y los ladrillos dejaron de salir de las fábricas.
De esta forma, se intenta estabilizar lo que ha supuesto la transición desde un modelo de construcción masiva a otro basado en la rehabilitación, en el que la Consejería de Fomento y Vivienda lleva casi dos años invirtiendo. Para el Gobierno andaluz, el dato de las más de 700.000 viviendas que se encuentran vacías es suficientemente importante como para que no se levanten nuevas construcciones: “Con esas casas vacías, carece de excesivo sentido socioeconómico la construcción de viviendas de nueva planta”, explican fuentes de la Junta.
¿Cómo reducir el número de viviendas vacías?
De cara a la reducción del número de viviendas vacías, la Junta destaca que se ha aprobado la Ley de función social de la vivienda, que recoge sanciones para las personas jurídicas que tengan en su poder viviendas vacías, de hasta 9.000 euros si acredita que la vivienda está vacía durante seis meses a lo largo de un año. No obstante, este artículo de la Ley está recurrido al Tribunal Constitucional y pendiente de saber si podrá ser aplicado. Lo que sí está en vigor es la parte de la Ley que corresponde a las personas físicas, con iniciativas como el Programa de Intermediación en el Alquiler (PIMA), que supone incentivos para las personas físicas que quieren poner sus casas en el mercado del alquiler.
El dato de 700.000 pisos vacíos es el que la Junta traslada a raíz de la estimación del Instituto Nacional de Estadística de 2011, aunque con el matiz de que las construcciones podrían salir adelante ahora mediante el trabajo de las empresas privadas, ya que no hay carencia de suelo urbanizable, pero la escasa demanda hace que los constructores no se arriesguen a, ni siquiera, iniciar el trabajo.
Concretamente, el dato del INE señala que el número de viviendas vacías en Andalucía se ha incrementado en un 16,1 por ciento en 2011 respecto a 2001, hasta alcanzar los 637.221 inmuebles, según datos del Censo 2011, que la Junta calcula que ha ascendido a 700.000 en 2013, año del último balance realizado. El dato señala que Andalucía aglutina el 18,5 por ciento del total nacional, y señala que en la Comunidad había 88.552 viviendas vacías más en 2011 en relación con 2001.
Las viviendas vacías en Andalucía suponen el 14,6 por ciento del total de viviendas existentes en la Comunidad. Por encima de esa media se encuentran Almería, con un 18,6 por ciento; Granada, con un 17,5 por ciento; y Jaén, con un 17,1 por ciento. Por debajo de la media andaluza se encuentran Cádiz, con un 12,3 por ciento de viviendas vacías con respecto al total de la provincia, y Huelva, con un 11,6 por ciento del total de viviendas en la provincia.
De ahí que la prioridad de la Junta haya pasado de subvencionar la construcción de viviendas de nueva planta a intentar fomentar la rehabilitación. El último empujón a este asunto lo ha hecho la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que ha anunciado un plan de “construcción sostenible”, al que el Gobierno andaluz ha dotado con 200 millones de euros.
Rehabilitación contra construcción masiva
La idea es fomentar la promoción de políticas de rehabilitación y eficiencia energética. Una de las líneas se basa en el trabajo a realizar en buena parte del parque residencial andaluz que está compuesto por edificios con más de 30 años de antigüedad y cerca del 60% se levantó antes de la entrada en vigor en 1979 de la Norma Básica de Edificación, introductora de los primeros requerimientos energéticos. Al mismo tiempo, el porcentaje de la rehabilitación en Andalucía en relación con el total del sector de la construcción no llega al 30%, lejos del 41% de la media europea.
Y ese apoyo lo verbaliza la propia consejera, Elena Cortés, que ha animado públicamente al sector a “renunciar definitivamente a la nostalgia del boom del ladrillo y a avanzar hacia un nuevo modelo basado en la rehabilitación, la eficiencia energética y la regeneración urbana”. Cortés entiende que su departamento tiene entre sus principales prioridades la recuperación del empleo en sector de la construcción. En datos, durante los años del boom del ladrillo “se crearon en Andalucía 1.200.000 puestos de trabajo, de los cuales 230.000 correspondían a la construcción”, pero que “a partir del pinchazo, se destruyeron 400.000, 215.000 de ellos” en este sector.
En última instancia se encuentran las 80.000 viviendas del parque público andaluz, las viviendas sociales, que se reparten por 512 municipios y sobre las que hay un estricto control, ya que todas están ocupadas, según la Junta. Si queda alguna libre, por causas como fallecimiento o cambio de las circunstancias personales de la persona adjudicataria, se reasigna inmediatamente a alguna persona que esté en la lista oficial.
Entre las últimas actuaciones en este sentido, en mayo de 2013 se presentaba el Plan de Acción de Vivienda Protegida Deshabitada, destinado a asignar rápidamente las viviendas protegidas de promoción pública vacías. De 638 que había en mayo del año pasado ahora se han entregado 501. Ese 80 por ciento se ha conseguido mediante traspasos a gestiones de alquiler o rebajas de renta, entre otras acciones. La Junta cuenta actualmente con unas 100 VPO terminadas y en proceso de adjudicación.
¿Habrá edificaciones nuevas?
No obstante, a pesar de la situación de crisis, la Junta sostiene que no descarta edificar, o apoyar edificaciones, ya que “los promotores públicos y privados pueden construir promociones de vivienda protegida que consideren. Lo que ocurre es que ahora va a ser con toda probabilidad más difícil y menos atractivo”. Y es que en anteriores planes, la construcción y la adquisición de viviendas protegidas se incentivaban con ayudas directas y subsidiaciones del préstamo hipotecario. En el caso de las viviendas protegidas en alquiler se fomentaba la construcción, con ayudas directas y subsidiaciones del préstamo a promotores, y en la viviendas protegidas en venta se fomentaba la compra, con medidas como las ayudas directas múltiples a compradores, además de subsidiaciones.
En gran medida esas ayudas procedían del Gobierno central que,según la Consejería, las ha elimidado de su plan estatal. La Junta de Andalucía, por su parte, plasmará en el próximo plan de vivienda medidas para apoyar que es necesario llevar a cabo una reorientación de la política de vivienda hacia la rehabilitación del parque residencial ya existente y el alquiler, y centrarse en mucha menor medida en las ayudas públicas que fomenten la construcción. Es decir, se van a construir muchas menos viviendas protegidas por la propia lógica del mercado y de las administraciones.
Nuevo plan, para junio
Mientras el Constitucional decide qué hace con los recursos planteados, el plan PIMA admite líneas de actuación en materia de adecuación residencial y renovación urbana. Amparadas en ese nuevo plan que se está ultimando y que será aprobado en junio por el Consejo de Gobierno, la Junta de Andalucía realizará intervenciones de rehabilitación y eficiencia energética en 94.700 viviendas hasta 2020, 59.000 de ellas (31.000 públicas y 28.000 privadas) en el programa de actuaciones en edificios, 31.500 en el de inmuebles unifamiliares y 4.200 en el de infraviviendas. A ello se sumarán 21 intervenciones de rehabilitación urbana sostenible, 70 de rehabilitación del espacio público y 26 de rehabilitación de edificios patrimonio de la Junta de Andalucía. Las actuaciones previstas hasta 2020 suponen la creación de más de 106.000 puestos de trabajo.
Las actuaciones suponen una inversión pública hasta 2020 ampliamente superior a los mil millones de euros, de ellos 775 millones de fondos europeos del marco 2014-2020, complementados por programas de vivienda autonómicos (hay casi 140 millones sólo en los presupuestos de 2014) y fondos ligados al plan estatal de vivienda. A su vez, si las aportaciones públicas suponen el 60-70%, las privadas son el otro 30-40% del total de la inversión.
Sí subraya la Junta que, en cuanto a la Ley de Función Social de la Vivienda , está plenamente vigente salvo en dos aspectos, suspendidos cautelarmente por el Tribunal Constitucional: expropiaciones para evitar desahucios y sanciones a viviendas vacías en manos de entidades financieras, de modo que el resto de la normativa sigue viva.
“Tenemos suelo reservado para VPO y no hay financiación”
El problema relacionado con la vivienda tiene nombres y apellidos, y en ocasiones es el de los constructores. Uno de ellos, el onubense Gabriel Toscano, lamenta a eldiario.es/andalucia que “algunos tenemos suelo reservado, con el 30 por ciento para VPO, y nos falta financiación”.
Para Toscano, “a la vivienda la han afectado muchos problemas, pero sobre todo hay algunos concretos, como la crisis económica, pero no podemos obviar la persecución que ha tenido la construcción en los últimos 12 años, con datos como que los precios subían, y el Gobierno tenía que parar la subida de los precios por obligación, y no lo hizo”.
“Empezaron a tomar medidas que siguieron encareciendo el mercado, con algunos desaciertos, como obligar a los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes a acogerse a un plan general. Ello provocó en algunos casos, que nos quedásemos sin suelo, y a poca oferta de suelo, los precios subían”, explica.
Toscano es pesimista sobre la posibilidad de que la situación mejore, sobre todo porque los propios constructores no saben las líneas de actuación de la Junta, ni si estas líneas van a conllevar financiación suficiente como para empezar a construir de nuevo.
