Ocho bancos se enfrentan a 11,1 millones de euros de multa por ocultar sus VPO vacías

La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto expedientes sancionadores a ocho entidades financieras que poseen viviendas protegidas que no han sido puestas a disposición de los registros municipales de demandantes, lo que supone un incumplimiento de lo establecido en la Ley de Vivienda Protegida y en la Ley de Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía. Este procedimiento es similar al abierto contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por el incumplimiento sobre 911 viviendas protegidas en la comunidad autónoma, a la que se le reclaman casi 110 millones de euros.

Esta vez, las entidades financieras afectadas se enfrentan a multas por un total de 11,1 millones de euros (a razón de 60.000 euros por VPO), según ha detallado este jueves la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés. Se trata del Banco Popular (97 viviendas protegidas supuestamente no ofrecidas a los registros), BBVA (27), Building Center (26), Unión de Créditos Inmobiliarios (13), Banco Santander (11), Servihabitat (6), Banco Sabadell (3) y Anida Operaciones Singulares (2). En total, 185 viviendas protegidas: 43 viviendas en Sevilla, 30 en Cádiz, 22 en Almería, 22 en Córdoba, 20 en Granada, 17 en Jaén, 17 en Málaga y 14 en Huelva. En este sentido, ha apuntado que no poner una vivienda protegida, construida con dinero público, a disposición de los registros supone una infracción muy grave y “conlleva sanciones económicas de entre 30.000 y 120.000 euros”.

Cabe recordar que la Ley de Función Social de la Vivienda “establece la obligatoriedad de las entidades financieras de comunicar a la Consejería de Fomento y Vivienda un inventario de sus viviendas protegidas en Andalucía”. Sólo una veintena de entidades financieras “han comunicado dicho inventario”. De esta forma, a partir de esta información, la Consejería de Fomento y Vivienda “ha acreditado que al menos ocho entidades financieras que operan en Andalucía, entre las que están los principales bancos españoles directamente o a través de sociedades de gestión de activos inmobiliarios, poseen viviendas protegidas que no han sido puestas a disposición de los registros”, en referencia a los mencionados. Esto es obligatorio en cumplimiento de la Ley de Vivienda Protegida, tal y como quedó redactada tras la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda.

Los registros se “establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de VPO y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia, es decir, para que accedan a las mismas quienes las necesitan”, según la consejera, por lo que ha criticado la resistencia de estas entidades financieras a cumplirlo.

Se da la circunstancia de que la Ley de la Función Social de la Vivienda no está recurrida en todos sus artículos por el Gobierno de la Nación en el Tribunal Constitucional, de manera que algunos se pueden aplicar como el referido a estas sanciones. En concreto, se pueden aplicar los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos con las VPO de este tipo, es decir, que lleven más de seis meses vacías y no se hayan puesto en el mercado.