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El juzgado del caso ERE da diez días al exsecretario de UGT-Cádiz para que designe bienes a embargar
El Juzgado que investiga el caso de los ERE irregulares ha concedido un plazo de diez días al exsecretario general de UGT en Cádiz Salvador Mera --que dimitió precisamente de su cargo este mismo lunes-- para que designe los bienes de su propiedad que puedan ser embargados a fin de hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 251.041,37 euros que le impuso la juez Mercedes Alaya.
En una diligencia de ordenación, consultada por Europa Press, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla concede también diez días al que fuera secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A entre 1991 y 2009 Manuel Roberto Carmona Soto para que designe bienes a embargar a fin de responder a la fianza civil de 471.352 euros que le impuso la magistrada.
En la diligencia, la secretaria judicial también da diez días de plazo a Gerardo de la Cruz, exresponsable de zona de Caja San Fernando en la Sierra Norte de Sevilla, para que designe bienes a embarga de cara a hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 1.333.000 euros impuesta.
Hay que recordar que los dos sindicalistas y Gerardo de la Cruz fueron detenidos por la Guardia Civil junto a otras siete personas en el marco de la segunda fase de la operación 'Heracles' desarrollada el pasado día 8 de octubre.
La secretaria judicial señala que ha transcurrido el plazo concedido a los tres imputados sin que éstos hayan abonado la fianza civil ni señalado bienes, por lo que les da diez días “para que designen los bienes de su propiedad en los que pidan que se trabe embargo, por las cantidades mencionadas, con expresión en su caso de las cargas y gravámenes”.
En el caso de inmuebles, pide a los imputados que precisen “si están ocupados, por qué personas y con qué título”, añadiendo que, si en el plazo de diez días concedido no manifestaran nada, “se procederá a la búsqueda integral de bienes sobre los que trabar embargo”.
La diligencia deberá ser notificada a los responsables civiles subsidiarios, como son la Federación Minerometalúrgica andaluza de CCOO en el caso de Manuel Roberto Carmona Soto, y UGT en el caso de Salvador Mera.
En la diligencia, la secretaria judicial también da cuenta del aval bancario por importe de 531.065,58 euros aportado por el empresario Ángel Quesada del Valle, apoderado de Nexprom --propietaria del Hotel Don Pedro y Don Pablo en la provincia de Málaga--, cantidad que se corresponde con la fianza civil que le impuso la magistrada.
LEVANTA EL EMBARGO DE UNA CUENTA DE LA FAMILIA DE JUAN LANZAS
De otro lado, la secretaria ha firmado un decreto, consultado por Europa Press, en el que acuerda levantar el embargo trabado sobre una cuenta bancaria vinculada a la familia del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, encarcelado desde el pasado mes de marzo y que podría abandonar la prisión en los próximos días una vez abone la fianza de 200.000 euros que le impuso la instructora.
En el decreto, la secretaria pone de manifiesto que el embargo de esta cuenta fue acordado el 19 de julio de 2013, cuando Lanzas no era titular de la misma desde el 24 de enero de 2012, figurando dicha cuenta a nombre de sus padres y hermana.
Así, “resultando que la cuenta embargada al imputado figura a nombre de persona distinta del mismo, procede alzar el embargo trabado sobre la referida cuenta, librándose al efecto oportuno mandamiento de cancelación” a la entidad bancaria en cuestión.
