La Ley de Participación Ciudadana supera el debate de totalidad en el Parlamento andaluz

El proyecto de la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, que desarrolla el derecho a la intervención directa en los asuntos públicos y lo hace extensivo a los mayores de 16 años, así como regula las consultas populares, ha superado este miércoles el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento, que ha rechazado así con los votos de PSOE-A, PP-A y Ciudadanos (Cs) la enmienda a la totalidad que había presentado el grupo de IULV-CA, que ha defendido un texto alternativo que no ha salido así adelante al contar sólo con el apoyo de Podemos.

Para defender en nombre del Gobierno el referido proyecto de ley ha intervenido la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, quien ha destacado que la nueva norma impulsará en la comunidad autónoma nuevas formas de democracia directa complementarias del modelo representativo. El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta a comienzos del pasado noviembre.

La consejera ha resaltado que el texto, que se adapta a la reciente doctrina del Tribunal Constitucional, regula la ampliación del derecho de participación y de las fórmulas de gobierno abierto y transparencia ya recogidas en el Estatuto de Autonomía, posibilitando su ejercicio dentro de los límites del actual marco legislativo y haciéndolo extensible a los mayores de 16 años con vecindad en Andalucía.

La participación ciudadana regulada en el proyecto se ejercerá directamente o a través de entidades. Las administraciones públicas integrarán en sus actuaciones estos procesos, que podrán ser de deliberación; de elaboración de presupuestos; de proposición de políticas públicas y elaboración de normas; de evaluación, y consultas populares.

Los procesos de participación serán iniciados de oficio por las administraciones o a iniciativa ciudadana. Si bien los resultados no tienen carácter vinculante, la futura ley obligará a tomarlos en consideración y, en su caso, a motivar las decisiones de no incluirlos en las políticas.

Respecto a la deliberación participativa, el proceso se iniciará tras la decisión o adopción de una política pública, a petición de la ciudadanía y con el apoyo mínimo de 20.000 firmas si el ámbito es autonómico o del mínimo exigido en reglamentos específicos si es local. En caso de decisión favorable, deberá realizarse en el plazo máximo de 30 días desde la resolución a partir del denominado Acuerdo Básico Participativo.

Apoyo mínimo de 20.000 firmas

Por su parte, la participación en la elaboración de los presupuestos se prevé tanto para las cuentas públicas de la comunidad autónoma como para las de las administraciones locales, con el fin de que la ciudadanía pueda marcar prioridades sobre aspectos puntuales en las partidas de gasto. El texto aprobado recoge también que los procesos de proposición de políticas públicas y elaboración de normas requerirán del apoyo mínimo de 20.000 firmas.

Las consultas populares podrán llevarse a cabo mediante encuestas, audiencias públicas, foros de participación, paneles y jurados ciudadanos y consultas participativas, de las que se excluyen asuntos de interés público de competencia autonómica o local, excluyendo todos aquellos que sean contrarios al ordenamiento jurídico y los que cuestionen la dignidad de las personas o los derechos fundamentales y libertades públicas.

Las consultas participativas podrán ser de iniciativa ciudadana o institucional y de ámbito autonómico o local. Dentro de las autonómicas, las de carácter ciudadano requerirán de al menos 30.000 firmas de apoyo. La institucional deberá ser promovida por la Presidencia de la Junta de Andalucía, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, o cuando exista consenso de un mínimo del diez por ciento de los ayuntamientos de la comunidad y siempre que representen en su conjunto a una población superior a los 500.000 habitantes mayores de 16 años. La convocatoria deberá publicarse en el BOJA con al menos 45 días de antelación a la fecha prevista del proceso.

Del proyecto de IU “no quedan ni las comas”

Frente a la defensa del texto que ha realizado la consejera se ha situado la portavoz parlamentaria adjunta de IULV-CA, Elena Cortés, quien ha señalado que en el texto aprobado por el Gobierno andaluz “no quedan ni las comas” del anteproyecto aprobado en 2014 por el Ejecutivo del que por entonces IU formaba parte.

En esa línea, ha reprochado al Gobierno andaluz que “afronta desde el miedo la participación ciudadana”, pese a que ésta es un derecho que viene recogido en el Estatuto, de modo que en la ley “se eliminan todos los aspectos sobre cómo se debe ejercer la participación ciudadana y se neutraliza la participación como herramienta para la igualdad”. “En definitiva, es un proyecto de ley que rebaja el Estatuto de autonomía”, ha resumido Cortés, que en ese sentido ha reivindicado el texto alternativo presentado por IU.

Le ha replicado la parlamentaria del PSOE-A Soledad Pérez, que ha defendido “con entusiasmo” este proyecto que va en línea de la aspiración socialista de “gobernar con las puertas y las ventanas abiertas”, como la Ley de Transparencia de la pasada legislatura.

Ha argumentado que el texto que ha superado el debate este miércoles elimina aquello en lo que “había sospecha de inconstitucionalidad” respecto al anteproyecto de la pasada legislatura, atendiendo a la sentencia del TC de 2015, y ahora se ha logrado “un texto impecable” que supone “un avance” y que sólo se diferencia del acordado con IU en que tiene “rigor jurídico”.

Por su parte, el diputado del PP-A Adolfo Molina ha explicado que este proyecto viene de la anterior legislatura, del acuerdo de gobierno entre PSOE e IULV-CA, y que el propio expresidente de la Junta José Antonio Griñán lo destacó en su discurso de investidura hace cinco años. “Leyes que nacieron de un acuerdo con IU hoy se impulsan con un acuerdo con Cs, ”formación que no coincide mucho con la formación de izquierdas o sí“.

Molina, que ha insistido en que la norma no puede contravenir en ningún momento la legislación estatal y tiene que respetar el marco constitucional y el sistema representativo, ha asegurado que el PP-A da el sí a esta ley si “hace un gobierno más transparente, que abandone la soberbia y apueste por el entendimiento, y que se comprometa con las demandas sociales”.

Podemos: “Les ha faltado decir que los referendos son peligrosos”

Por parte de Podemos ha subido a la tribuna el diputado Juan Ignacio Moreno Yagüe, quien ha anunciado el voto de su grupo a la alternativa de IU y se ha mostrado así disconforme con la ley aprobada por el Consejo de Gobierno porque “en ningún momento se contempla que los ciudadanos decidan sobre algo” y “ejerzan su soberanía”.

“Incluso al derecho de sufragio le hablan del derecho a expresar su opinión”, ha criticado el diputado de Podemos, que ha comentado al respecto que a la Junta “les ha faltado decir que los referendos son peligrosos”, y que se ha mostrado partidario de que se permita que “conviva la democracia representativa con una participativa” y que a los ciudadanos se les deje “la capacidad de decisión”.

En nombre de Ciudadanos, la diputada Carmen Prieto ha asegurado que su grupo está de acuerdo con este proyecto de aunque ha anunciado que presentarán enmiendas durante su trámite parlamentario “porque hay mucho que decir para mejorarlo”. Entre otras cuestiones, ha pedido recursos económicos suficientes para aplicar la norma y ha considerado “disparatado” que haya que esperar 18 meses para su entrada en vigor, “algo que solo se explica en el poco interés en poner en marcha la norma”.

Sobre las consultas populares, ha dicho que hay que ser muy cautos y acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional y que esta figura puede hacer frente al “divorcio cada vez más creciente” entre la clase política y la ciudadanía. En lo que se refiere a la enmienda de totalidad de IULV-CA, ha considerado que este grupo recupera su antiguo texto para “desmarcarse de su antiguo socio”, el PSOE-A.