La Junta de Andalucía convierte en ley la lucha contra la obesidad y el sobrepeso
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de Ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada que mantiene la mayoría de las medidas previstas en el anteproyecto ratificado hace poco más de un año, para hacer frente al que es el primer problema de salud pública: el 23,1% de la población infantil y el 16,6% de los adultos padecen obesidad en Andalucía. Con ello, “Andalucía es la primera comunidad autónoma que da el máximo rango de ley a la lucha contra la obesidad y el sobrepeso”, en palabras de la consejera de Salud, Marina Álvarez.
Se contemplan infracciones por el incumplimiento de sus exigencias, en un texto que también prevé la elaboración del Plan Andaluz para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Saludable, con medidas de garantía de derechos que se extenderán a centros de enseñanza, espacios de ocio infantil y juvenil, empresas, establecimientos de restauración y centros de personas mayores y con discapacidad, así como de promoción del transporte activo, de los entornos que favorecen el ejercicio y de los espacios para facilitar la lactancia materna.
Éstas son las 15 principales medidas que se han propuesto:
Se favorecerá el acceso gratuito al agua en los centros escolares, lugares públicos y centros de ocio infantil y juvenil, que deberán tener fuentes. Las empresas de máquinas expendedoras de productos alimentarios deberán ofrecer agua gratuita en centros docentes en los que se permite su instalación y en los lugares de ocio infantil y juvenil, ya sea integrada en la misma o a una distancia de hasta dos metros. Los bares y restaurantes ofrecerán a los clientes un recipiente con agua y vasos, de forma gratuita y complementaria. Sólo para sus clientes.
Se exigirá disponer de menús saludables y de diferentes tamaños de raciones en los establecimientos de restauración.
Habrá que ofrecer alternativas de adquisición de alimentos frescos y perecederos en cantidades de peso o unidades adaptadas a la composición de las unidades familiares.
Se obligará a habilitar aparcamientos de bicicletas en los lugares de trabajo con más de 50 trabajadores.
Para las personas que padecen obesidad o trastornos de la conducta alimentaria, se reconoce el derecho a una atención sanitaria integral y continuada, así como al pleno respeto a su dignidad personal y a la no discriminación social, laboral o sanitaria. Se pondrán en marcha planes de prevención y tratamiento de esta patología dirigida a los profesionales, además de incorporar la materia a los programas curriculares de Ciencias de la Salud.
La norma también eleva a rango de ley las medidas que actualmente desarrolla la Junta de Andalucía para garantizar los menús saludables en los comedores escolares. Se prevén igualmente iniciativas para la distribución de frutas y verduras y la participación del alumnado en huertos escolares.
Los centros docentes tendrán que establecer, en un plazo de dos años, un tiempo mínimo recomendable de cinco horas efectivas semanales de actividad física. En esta línea, se fomentarán igualmente los juegos y recreos activos y se ampliará la oferta de actividades extraescolares que incluyen ejercicio.
Los planes de formación del profesorado incluirán materias de promoción de hábitos saludables, alimentación equilibrada y actividad física. En las universidades se facilitará la configuración de ofertas docentes que aborden los problemas de la alimentación y la nutrición, la dieta mediterránea y la actividad física orientada a la prevención del sobrepeso y la obesidad.
Se crea el Sistema de Información de Calidad Nutricional de los Alimentos en Andalucía, que se aplicará tanto a los productos envasados como a los de venta a granel o comercializados por minoristas. Servirá para comparar alimentos y productos de la misma familia y entre diferentes marcas. Esta nueva herramienta estará disponible en la web de la Consejería de Salud para que los ciudadanos puedan consultar las características nutricionales de los alimentos que consumen.
La ley regulará la elaboración de cartas de compromiso y el establecimiento de un distintivo oficial para las entidades públicas y privadas que promueven los hábitos de vida saludables.
Se exigirá a las empresas de producción alimentaria en Andalucía que incluyan en sus sistemas de autocontrol la información que suministran al consumidor para asegurar que no promueven, de forma directa o indirecta, una alimentación no equilibrada.
Limita la publicidad de alimentos y de bebidas no alcohólicas dirigida a menores de 15 años para evitar que se incentive el consumo inmoderado de productos hipercalóricos o que se generen expectativas referidas a que su ingesta proporcione sensación de superioridad. El Consejo Audiovisual de Andalucía será el responsable de velar por el cumplimiento de esto.
También limita la publicidad de bebidas y alimentos envasados en centros escolares y especifica que los que se vendan no podrán sobrepasar un valor energético de 200 kilocalorías, no tendrán un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal o azúcares o no contendrán cafeína u otros estimulantes.
En los institutos se mostrará, en lugar visible al público, la cantidad de calorías netas por porción envasada de los productos que se ofrezcan tanto en sus máquinas expendedoras como en sus áreas de restauración.
El texto recoge que las empresas evitarán la entrega de regalos, o premios, destinados a fomentar la adquisición o el consumo de alimentos o bebidas no alcohólicas que no respondan a los objetivos que recoge la ley.
El proyecto de ley sigue las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el sentido de implicar a las administraciones públicas, los sectores empresariales, los medios de comunicación y las empresas de publicidad. En su elaboración han participado alrededor de 250 personas de diferentes colectivos, entre los que destacan representantes de asociaciones de pacientes, consumidores y padres y madres de centros escolares, científicos y colegios profesionales, medios de comunicación y empresarios de los diferentes sectores afectados.
