Líneas maestras para la Ley Andaluza de Participación Ciudadana
Potenciación de las consultas populares para asuntos de relevancia, control permanente de los presupuestos autonómicos por parte de la ciudadanía y la democracia digital. Son las líneas centrales de la Ley Andaluza de Participación Ciudadana que ultima la Junta de Andalucía. En principio el borrador se iba a presentar este viernes en el IX Congreso Andaluz del Voluntariado y de la Participación, pero al final solo se han lanzado estas ideas como eje del documento.
Lo ha hecho el vicepresidente Diego Valderas, quien ha recalcado que “el objetivo de esta ley es hacer posible más democracia porque así lo demandan los ciudadanos”. El líder de IU ha asegurado que uno de sus pilares será “la garantía de que el ciudadano sepa de dónde viene, a qué se destina y cómo se gastan los presupuestos autonómicos”. Ha abogado así por unos “presupuestos participativos”, si bien asume que no es posible aplicar el modelo que se emplea en algunos municipios para elaborar sus cuentas, dadas las dimensiones de la comunidad autónoma. Tampoco ha concretado qué vías se abrirán en internet para conseguir la implicación de la ciudadanía en la gestión ni cómo se articularán las consultas populares (ya existe la Ley 2/2001, de 3 de mayo, de regulación de las consultas populares locales en Andalucía). Todo eso está todavía en proceso de redacción.
El también consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales ha dicho que esta norma irá de “de la mano” de la Ley de Transparencia, en este caso a cargo de la Consejería de Presidencia e Igualdad, controlada por el PSOE y que pretende llevarla al primer Consejo de Gobierno de junio (el día 4). La idea es que antes de finales de año estén ambas en vigor.
Para la redacción de estas dos leyes, los dos socios de gobierno han elegido la participación como base. De hecho, al margen de encuentros desarrollados en todas las provincias, se han abierto vías para hacer aportaciones por internet: a la Ley de Transparencia (cerrado el plazo el 15 de abril) y a la Ley Andaluza de Participación Ciudadana.
